Ejército sale de los cuarteles

*Con el decreto que militariza la seguridad pública, el presidente López Obrador no solamente falta a su promesa de regresar al Ejército a los cuarteles -discurso que le sirvió para embabucar a millones de votantes-, sino que además pone en evidencia su fallida estrategia de seguridad implementada a través de la Guardia Nacional.

Este mandato estaba “planchado” desde la reforma constitucional de 2019 que dio origen a la Guardia Nacional y cuya finalidad es la institucionalización de los militares en las tareas de seguridad pública. Desde el pasado 12 de mayo, las Fuerzas Armadas (Ejército y Marina) se unieron a la Guardia Nacional para realizar tareas de seguridad “de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.

La ONU en México expuso que la intervención de las fuerzas militares en tareas de seguridad debe ajustarse a criterios de estricta excepción y ser el último recurso, asegurando el carácter civil de las corporaciones de seguridad. En el 2017, AMLO sentenció que el ex presidente Calderón y Peña Nieto (en ese entonces titular del Ejecutivo) convirtieron al país en un cementerio con una guerra absurda, que había dejado hasta esa fecha 210 mil asesinatos.

En aquel momento señaló que su propuesta era ya no seguir con la misma estrategia, por razones humanitarias y porque no hay resultados. “Es decir, regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles y retirarlos de la calle”. Sin embargo, una vez que asumió la Presidencia, su promesa de regresar al Ejército a los cuarteles, pasó al olvido y optó por denigrar a la Policía Federal en vez de fortalecerla a través de capacitación, adiestramiento y equipamiento.

STAFF SOL QUINTANA ROO/SOL YUCATÁN/LA OPINIÓN DE MÉXICO

Ciudad de México.- La Constitución Política define a la Guardia Nacional como una institución policial de carácter civil, aunque en la práctica es todo lo contrario, pues más del 80 por ciento de sus elementos y el 100 por ciento de sus mandos son militares que provienen de las fuerzas armadas; incluso, sus nuevos reclutas son capacitados y contratados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Si en su campaña por la Presidencia López Obrador prometió regresar al Ejército a los cuarteles, una vez que llegó a Palacio Nacional su estrategia se ha centrado en dotar de un marco jurídico a los soldados para que puedan patrullar las calles y de esta forma ir sustituyendo paulatinamente a las corporaciones policiales.

El decreto del pasado 11 de mayo que institucionaliza la participación del Ejército en tareas de seguridad pública, ya estaba “planchado” desde la reforma constitucional de 2019 que dio origen a la Guardia Nacional.

De esta forma el presidente López Obrador concretó el punto pendiente del anterior decreto (26 de marzo de 2019): la militarización de la seguridad pública. Ahora el Ejército y la Marina están unidas a la Guardia Nacional para realizar tareas de seguridad de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

Las órdenes del Ejecutivo federal al Ejército y la Marina es que desempeñen la misma función que han estado realizando desde hace varios gobiernos, solo que ahora dentro del contexto legal que por años se les habían negado en las administraciones de Felipe Calderón y Peña Nieto.

AMLO, quien siendo candidato a la Presidencia ofreció en varias ocasiones regresarlos a los cuarteles, les otorgó ese marco jurídico para hacer labores de seguridad pública, un hecho que sin lugar a dudas millones de sus votantes están en total desacuerdo.

La reforma de 2019 se redujo a cambiarle el nombre a la Policía Federal y ponerla bajo el control de los militares, ampliando su tamaño con personal comisionado de las secretarías de la Defensa y de Marina. No olvidemos las reiteradas acusaciones de corrupción de que fue objeto la corporación por parte del Presidente de la República, misma que jamás fue capaz de comprobar.

El artículo 21 de la Constitución y el artículo 4 de la Ley de la Guardia Nacional la definen claramente como una institución de seguridad pública de carácter civil.

Pero en los hechos, más allá de su adscripción administrativa a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional es una fuerza conformada, operada y controlada casi en su totalidad por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Todo su mando operativo es militar. Su Comandante en Jefe es el General Luis Rodríguez Bucio, quien designó a los 32 coordinadores de la Guardia en los estados, todos, por supuesto, provenientes de la Sedena.

A un año de distancia, la Guardia Nacional carece de un perfil civil, y su despliegue está muy por debajo de lo pronosticado inicialmente; mientras tanto, la violencia crece a lo largo y ancho del país y las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública refieren que el primer año de gobierno de López Obrador (2019) fue el más violento de que se tenga registro con un total de 34 mil 582 víctimas de homicidios dolosos.

El decreto del pasado 11 de mayo por el que se dispone de la Fuerza Armada Permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública, por más que establezca que lo hará “de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, no es otra cosa que el reconocimiento del fracaso de la Guardia Nacional y el seguimiento de la misma estrategia que venían realizando los gobiernos de Peña y Calderón pero sin un marco jurídico regulatorio.

En este escenario de militarización del país, las corporaciones policiales siguen en el abandono, sin presupuesto suficiente, en la misma precariedad de siempre: su depuración es un proceso interminable, pues más del 50 por ciento de los elementos no está certificado, y en 28 de los 32 estados sigue habiendo déficit de policías.

En contraparte, la Guardia Nacional tiene desplegados a 81 mil 722 elementos, de los cuales 62 mil 767 provienen de las fuerzas armadas: policías militares, navales y elementos de la fuerza armada convencional. Es casi el 80 por ciento de su estado de fuerza total.

El resto son los 18 mil 955 ex policías federales que fueron transferidos prácticamente a la fuerza y bajo amenazas de despido, a la Guardia Nacional y que se encuentran desplegados en la vigilancia de puertos, aeropuertos y carreteras.

ONU: Desmilitarizar la Guardia Nacional

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) manifestó que la participación del Ejército en las calles en materia de seguridad pública no le corresponde como tarea.

La ONU en México expuso que la participación de las fuerzas militares en tareas de seguridad debe ajustarse a criterios de estricta excepción y ser el último recurso, asegurando el carácter civil de las corporaciones de seguridad.

“La ONU-DH hace un respetuoso llamado para que se lleve a cabo una revisión del acuerdo bajo las consideraciones anteriores, con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos humanos y la seguridad de la población”, exhortó.

Sin embargo, hay que precisar que la participación militar en tareas de seguridad pública no es nueva en el país. Desde el inicio del gobierno de Felipe Calderón, en diciembre de 2006, empezó la penetración de militares en operativos en el combate al crimen organizado. Muchos de los grandes capos del narcotráfico fueron capturados gracias a la participación de la Marina y la Defensa.

Más tarde, con Peña Nieto, la estrategia anticrimen continuó sin cambios de fondo; de hecho, a finales de su administración se aprobó la iniciativa de Ley de Seguridad Interior que avalaba la presencia de soldados en labores de seguridad, pero debido a que fue impugnada, nunca entró en vigor.

Organismos autónomos, legisladores, una autoridad local y un partido político, interpusieron seis recursos legales contra la citada ley ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por considerarla violatoria de los derechos humanos.

Casualmente, en noviembre de 2018, un mes antes de la llegada al poder de López Obrador, la SCJN determinó la inconstitucionalidad e invalidez de la normatividad, por lo que fue abrogada.

El decreto del pasado 11 de mayo firmado por López Obrador fija un plazo de la participación militar en las tareas de seguridad pública al 27 de marzo de 2024.

Se espera que en ese lapso, la Guardia Nacional desarrolle su propia estructura, capacidad e implementación territorial, aunque ello es un punto engañoso, pues como lo señala el artículo quinto transitorio de la reforma del 2019, el uso de las fuerzas armadas en tareas de policía está vinculado al desarrollo de capacidades de la propia Guardia.

Allí está la trampa, ya que el desarrollo de las capacidades de la Guardia Nacional depende de lo que haga o deje de hacer la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que significa que si la Sedena decide dejarla morir de inanición no habrá más alternativa que extender por más tiempo la participación del Ejército en las labores de seguridad pública.

En síntesis, el decreto presidencial denominado “Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, reconoce que la Guardia Nacional carece de la capacidad técnica e implantación territorial para cumplir con las funciones para las que fue creada.

Por ello, AMLO ordena a las Fuerzas Armadas participar con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad que corresponden a esta institución con el propósito de que desarrolle su estructura, capacidades e implantación en todo el país.

La instrucción presidencial se basa en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional de marzo de 2019 que estipula lo siguiente: “Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.

Pero el decreto del Presidente dista mucho de su discurso del propietario y candidato de Morena. El 29 de marzo 2017, López Obrador sentenció que el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto (en ese entonces aún titular del Ejecutivo federal) convirtieron al país en un cementerio con una guerra absurda, que había dejado hasta esa fecha 210 mil asesinatos.

“En 10 años, 210 mil asesinatos, y más de un millón de víctimas de la violencia”, condenó el entonces presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

En aquella fecha señaló que su propuesta era ya no seguir con la misma estrategia, por razones humanitarias y porque no hay resultados. “Es decir, regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles y retirarlos de la calle”.

Sin embargo, una vez que asumió la Presidencia de México, su promesa de regresar al Ejército a los cuarteles, pasó al olvido y optó por denigrar a las corporaciones policiales, en particular a la Policía Federal y en vez de fortalecerlas a través de capacitación, adiestramiento y equipamiento, decidió darle toda la fuerza y apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Durante su campaña, López Obrador hizo varios pronunciamientos señalando la importancia de eliminar la presencia militar en las calles; sin embargo, el planteamiento de su gobierno dentro del Plan Nacional de Paz y Seguridad es totalmente contrario, pues serán las Fuerzas Armadas quienes se encarguen de la seguridad en el país, lo que quedó regulado con el decreto del pasado 11 de mayo.

Fueron muchos los ataques y cuestionamientos que como candidato a la Presidencia de la República López Obrador hizo sobre la labor de las fuerzas armadas, a quienes en más de una ocasión acusó de cometer violaciones a los derechos humanos.

A poco más de un año de su gobierno, esa ríspida relación con el Ejército que muchos académicos y politólogos pensaron se iba a recrudecer una vez llegando al poder, se ha convertido en una verdadera luna de miel entre el Presidente de México y las Fuerzas Armadas.

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