LA COLUMNA JURÍDICA DEL SOL

STAFF SOL QUINTANA ROO

La lucha frontal contra la corrupción anunciada por la Secretaria de la Contraloría de Quintana Roo (SECOES), tendrá que ser revisada a fondo, considerar el balance financiero de lo sustraído en términos del “quantum” y lo que realmente se ha recuperado después de 3 años de lucha legal. Conocer a ciencia cierta si ha valido la pena o ha sido un gran gasto en honorarios jurídicos por parte del gobierno del estado en sus diversas áreas que realizaron contratos con despachos jurídicos y que finalmente al 2020 no hemos visto como sociedad, la recuperación de predios, recursos y otras cosas que para Rafael del Pozo Dergal, titular de la SECOES, fue lo hecho por exfuncionarios de la mano de Roberto Borge Angulo.

Hay dependencias estatales donde se realizó la contratación de varios despachos jurídicos, por ejemplo, en la Agencia de Proyectos Estratégicos (AGEPRO), quienes tenían como objetivo analizar el modo y la forma en que se enajenaron los bienes del estado, integrar expedientes y pasárselo a la SECOES y subsecuentemente a la Fiscalía Anticorrupción para imputar los delitos, los cuales han sido Desempeño Irregular de la Función Pública y Peculado los más recurrentes en materia penal, pero que hasta el momento, si habláramos de 15 personas, sería demasiado.

El área de transparencia será la encargada de explicar cuanto se ha venido erogando en cada despacho contratado, ya habíamos dicho que solo en un despacho se estaba pagando 4 millones mensuales, eso solamente en uno, falta ver los demás contratos y las demás dependencias del estado, las cuales por ejemplo en la SECOES, contrataron más personal y a su vez, otros despachos, unos contables y por lógica otros jurídicos, sin embargo, hasta el momento lo único que se conoce es que de boca del titular de la SECOES, es la prescripción de los delitos y que no podrán continuar llevando ante la justicia a muchos exborgistas, queriendo responsabilizar al área anticorrupción de lo que de inicio él dirigió, la cacería de brujas, la cacería de exfuncionarios que hoy, ante la ley, no podrán ser juzgados por que se le ha ido el tiempo para hacerlo.

Ahora bien, es importante que usted amable lector, sepa que la única persona que puede imputar un delito es un Ministerio Público, técnicamente hablando, en estos casos, uno que está integrado al área Anticorrupción, por ello, es que al inicio de esta administración integraron personal (decenas) traídos desde la ciudad de México y Puebla, los cuales de manera hermética empezaron a trabajar estos casos, a pesar que no conocían la ciudad y el estado, si bien era lógica la integración de personal de fuera para estos temas, lo que nunca se entendió es como otros despachos jurídicos han cobrado para asesorar o coadyuvar y porqué solamente unos cuantos han visto de frente los procesos, es decir, en lo que un despacho gana 4 millones de pesos mensuales aportando 5 o 7 abogados a lo mucho, otras dependencias han realizado la labor. En concreto, la recuperación de bienes, cuentas y recursos, no es comparable con los gastos que publicaremos en las siguientes entregas, lo peor, ya lo han admitido, al menos el de la SECOES lo ha hecho.

CLAUDIA ROMANILLOS (LA NEGOCIACIÓN DE IMPUNIDAD)

Hasta antes de la pandemia, algunas personas nos informaron que vieron a la extitular del IPAE (ahora AGEPRO), Claudia Romanillos Villanueva, andar tranquilamente por la ciudad de Cancún, de bajo perfil eso sí, no iba con mucha gente, no deslumbraba tanto como aquellos momentos cuando estaba recién salida de su operación, esa que le aportó nuevas dimensiones femeninas y una mejor fisonomía plástica que le dieron mayor seguridad, ahora era de ver el cuidado para que no se le reconociera, pelo distinto, más cubierta, pero siempre la Claudia Romanillos, calmada, como si supiera que todo esto es solo una etapa más, nada del otro mundo.

Algunos señalan que si bien tiene procesos abiertos en la Fiscalía General del Estado, ha tenido intermediarios para que los casos no pasen a mayores, algunos amparos los ha ganado y otros los impulsa nuevamente, los predios a su nombre no son tantos, algunos no tienen nada que ver con su administración, varios que enajenó como titular del IPAE fueron dados a conocidos, a personas que solamente prestaron su nombre, cuestión jurídica que vale la pena ubicar, sacando el listado de todos los predios que vendió, hacer el listado de quienes eran cercanos a su familia, otros que eran de algún subalterno y que a la fecha ya fueron vendidos de nueva cuenta.

Los asesores jurídicos nunca entenderán que ante estas acciones jurídicas de reventas el estado no puede hacer mucho, sin embargo, algunos también dicen que ha dispuesto de estos inmuebles que se adjudicó para llevar el pago para la impunidad, los abogados no se pagan solos, la tranquilidad cuesta y ella, ha sabido entender que por las acciones se paga, ya sea judicialmente, que no ha pasado, o extrajudicialmente, como nos dicen que se ha hecho, otro caso más estancado, otro más que tiene una negociación, sin embargo el tiempo nos dará la respuesta.

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