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ACUSACIONES DE NARCOTRÁFICO ALCANZA A JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE DE HONDURAS; SU HERMANO “TONY”, PIEZA DEL CÁRTEL DE SINALOA

Ricardo Ravelo/Sol Quintana Roo

Las acusaciones surgidas durante el juicio de Joaquín Guzmán Loera en Nueva York, en las que resultaron salpicados los expresidentes Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y el poderoso jefe policiaco Genaro García Luna, terminaron desvanecidas: El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, ni siquiera se tomó la molestia de integrar carpetas de investigación contra ninguno de estos personajes, a pesar de que fueron acusados de recibir sobornos del exjefe del cártel de Sinaloa.

Sin embargo, al actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, no le fue nada bien con el juicio que enfrenta su hermano – el excongresista Antonio “Tony” Hernández –quien está siendo enjuiciado por narcotráfico en Estados Unidos, pues ha salido a relucir información que lo implica en el tráfico de drogas; se asegura que para realizar estos negocios se apoyó en su hermano, el presidente, a quien El Chapo Guzmán le pagó millones de dólares por las operaciones de dichos negocios, según las acusaciones que han salido a relucir en Nueva York.

El Fiscal Jason Richman dijo durante una de las recientes audiencias que el jefe del cártel de Sinaloa le entregó un millón de dólares a “Tony” Hernández que, en realidad, estaban destinados para su hermano, el presidente Juan Orlando Hernández, quien tras este señalamiento se mueve en la cuerda floja, pues en Honduras exigen su renuncia.

El presidente de Honduras todavía no está imputado formalmente como pieza clave del narcotráfico, pero en el juicio contra su hermano se infiere que el excongresista Hernández no pudo haber actuado en las redes criminales sin el apoyo político –y criminal –de su hermano el presidente.

Al desmenuzar los destalles respecto de cómo operaba “Tony” Hernández se dijo que él recibía un gran número de cargamentos de cocaína que eran entregados a Nery Orlando López Sanabria, señalado como su cómplice, quien es señalado como uno de los principales narcotraficantes de Honduras.

En los dos primeros días de juicio contra “Tony” Hernández ocurrió lo mismo que en el juicio contra Guzmán Loera: aparecieron acusaciones de corrupción contra los expresidentes Calderón y Peña, así como contra Genaro García Luna y sólo quedó en un escándalo mediático.

Ninguna autoridad en México inició investigaciones en contra de los expresidentes ni del poderoso jefe policiaco de los gobiernos panistas (Fox y Calderón) quien estando en funciones fue acusado de servir a los intereses de los hermanos Beltrán Leyva cuando formaban parte del cártel de Sinaloa.

En el caso de los personajes mexicanos, era obvio que El Chapo Guzmán necesitó apoyo político para construir el emporio criminal que encabezó desde el año 2001 hasta el año 2014, cuando fue recapturado luego de más de doce años de estar prófugo tras su fuga del penal de Puente Grande.

También llamó la atención que tras la cadena perpetua que le impusieron al Chapo el gobierno de Estados Unidos no haya exigido al de México continuar con las investigaciones contra el cártel de Sinaloa, actualmente fortalecido.

Lo que sí continúa es la gestión legal, por parte del gobierno mexicano, para recuperar la fortuna de Guzmán Loera, la cual se calcula en unos 40 mil millones de dólares y que Estados Unidos pretende apropiarse, aunque el gobierno de México, en voz del presidente Andrés Manuel López Obrador, sostiene que el dinero corresponde a México.

Se afirma que el propio Joaquín Guzmán determinó que su fortuna se reparta entre la gente más pobre del país. De ser así, el dinero tendría que repartirse entre unos 50 millones de pobres, la mitad de éstos están en pobreza extrema, es decir, que apenas y tienen para alimentarse.

Narco: la conexión Centroamérica

Honduras, Guatemala, El Salvador, Belice y Costa Rica resultaron territorios claves en el esquema criminal de Joaquín Guzmán Loera para posicionar al cártel de Sinaloa.

En cada país, El Chapo tenía un representante, un pequeño Chapo que se encargaba de todo: de corromper autoridades, de asesinar a los rivales, de operar el tráfico hasta colocar la droga en territorio mexicano para después introducirla a Estados Unidos.

Si en México Guzmán Loera pudo corromper a las autoridades de todos los niveles –incluidos elementos del Ejército y la Marina –hizo lo propio en los países centroamericanos que servían de puente para acrecentar el emporio criminal que construyó.

La construcción del cártel de Sinaloa comenzó en enero de 2001, tras su fuga de Puente Grande; de inmediato, El Chapo echó a andar su plan de acción. Lo anunció en una cumbre de capos celebrada en Monterrey, Nuevo León, a donde se dieron cita los hermanos Beltrán Leyva, Juan José Esparragoza Moreno, El Azul; Ismael “El Mayo” Zambada, Ignacio “Nacho” Coronel, entre otros.

Ahí dijo dio a conocer su plan: eliminar del negocio a los hermanos Carrillo Fuentes, declararse la guerra los Zetas y debilitar a los jefes del cártel de Tijuana, los hermanos Arellano Félix, quienes todavía eran poderosos en el narcotráfico.

Pocos meses después, cayó abatido en Culiacán, Sinaloa, Rodolfo Carrillo Fuentes, El Niño de Oro; después, fue detenido en Puebla Benjamín Arellano Félix, preso durante algunos años en el penal de La Palma, quien después fue extraditado a Estados Unidos.

Después, en Culiacán, Sinaloa, fue asesinado Ramón Arellano Félix. Se dijo que había decidido ir a Sinaloa a matar a “El Mayo” Zambada, pero en una céntrica calle fue ejecutado. Los Zetas se mantuvieron de pie, aunque sufrieron algunas bajas importantes. Todo esto ocurrió en el sexenio de Vicente Fox, donde comenzó la expansión de Sinaloa.

Con Felipe Calderón Sinaloa no fue abatido. Sólo los hermanos Beltrán fueron perseguidos hasta el exterminio, pero esto ocurrió cuando ya no eran socios de Guzmán Loera.

Durante los gobiernos panistas El Chapo Guzmán no fue perseguido: el capo se refugiaba en Guatemala, Honduras, Costa Rica e incluso se supo que también se escondía en Argentina, donde tendió una red de lavado de dinero bastante extensa.

Guzmán Loera no pudo haber operado sin apoyo político y para ello repartía sobornos por todas partes, a tal grado que siempre tuvo vía libre para manejar el tráfico de drogas en el continente latinoamericano.

Tras haber sido sentenciado a cadena perpetua, ningún político fue molestado ni sometido a investigación en México, a pesar de que para nadie es un secreto que el capo tejió amplias e importantes complicidades y amistades incluso dentro de las Fuerzas Armadas.

Desde antes de su recaptura, en 2015, Guzmán Loera ya había cooptado a altos funcionarios de la PGR, de Interpol, de la Policía Federal; funcionarios de aduanas en puertos y aeropuertos; tenía vínculos con gobernadores, alcaldes y con cuanta autoridad le garantizara impunidad en sus negocios.

Por eso no resulta nada descabellada la acusación del fiscal Jason Richman en el juicio que se lleva a cabo contra el hermano del presidente de Honduras, “Tony” Hernández, de quien se afirma que no pudo haber operado sin tener respaldo político.

El tema causó mucho revuelo en Honduras, a grado tal que las fuerzas opositoras al régimen exigen la renuncia del presidente, Juan Orlando Hernández.

Esperemos que la acusación –de probarse –no quede en eso, en escándalo mediático, como ocurrió en México con los expresidentes y el exjefe policiaco del panismo, sino que se vaya a fondo hasta desentrañar toda la red de corrupción política que sirvió a los intereses del narcotráfico, en particular del cártel de Sinaloa.

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