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AGEPRO, AL SERVICIO DE LA MAFIA POBLANA

*Eduardo de Jesús Ortiz Jasso entregó un contrato por más de cuatro millones a la empresa fantasma “Pav Construcción e Ingeniería, Sociedad por Acción Simplificada de Capital Variable”

*La dependencia estatal oculta información sobre la inexistencia de un supuesto “estudio topográfico para la infraestructura del estado de Quintana Roo”

*Con contratos de obra pública, el gobierno “del cambio” paga supuestas asesorías de personajes poblanos vinculados al poder

STAFF SOL QUINTANA ROO

Chetumal.- La “mafia poblana” infiltrada en la administración del mandatario Carlos Joaquín González continúa beneficiándose de los contratos más jugosos y menos complicados de ejecutar que ofrece el gobierno de Quintana Roo.

Por medio de la Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro) que encabeza Eduardo de Jesús Ortiz Jasso, la empresa “Pav Construcción e Ingeniería, Sociedad por Acción Simplificada de Capital Variable”, obtuvo el contrato de obra pública AGEPRO/AD/SERV/003/2019 por un monto de $4,302,302.27 (Cuatro millones trecientos dos mil trecientos dos pesos 27/100 MN) por un “estudio topográfico para la infraestructura del estado de Quintana Roo”.

Luego de ser sometido a una modificación, el contrato le fue adjudicado de manera directa a la empresa poblana propiedad de los hermanos Mario Alberto y Miguel Ángel Juárez Quintero para que cumpla con los trabajos durante el período del 30 de julio de 2019 al 21 de octubre de 2019.

Sin embargo, aunque la empresa está inscrita en el Registro Público del Comercio y ofrece la dirección Cerrada Torres de Paine 475, 4-d, Cleotilde Torres, Puebla, C. P. 72050, en esa ubicación no dan razón de la existencia de esa empresa y sobre algunos de sus socios.

Además, en insistentes peticiones de entrevista al titular de la Agepro, Eduardo de Jesús Ortiz Jasso, para que explique en que consiste el “estudio topográfico para la infraestructura del estado de Quintana Roo”, que se supone ya debería de estar concluido, la negativa ha sido la única respuesta.

Ante estos hechos, podría tratarse de que el contrato se le entregó a una “empresa fantasma” para cumplir con los compromisos millonarios que hiciera la administración del gobernador Carlos Joaquín con el grupo de los poblanos que le apoyaron durante su campaña para alcanzar la gubernatura de Quintana Roo.

La PAV Construcción e Ingeniería SA de CV creo su página de Facebook y colocó su foto del perfil apenas el pasado 27 de abril de 2019, con apenas unas fotos con algunos topógrafos con cubrebocas, en un intento por justificar su existencia.

Sin embargo, esta página no niega la cruz de su parroquia pues en lugar de promover los trabajos topográficos, hace amplia publicidad a la firma Lehma Consultores, ubicada en Tepeyahualco 29-202 colonia La Paz, CP 72160, en el estado de Puebla de Zaragoza, México.

La empresa de consultoría está vinculada al ex regidor poblano Eduardo Rivera Pérez, quien también brinda asesoría al gobierno de Carlos Joaquín a través de UDLAP Consultores, y por lo cual cobra cantidades millonarias que salen de la administración joaquinistas paga con contratos de supuestas obras.

Como se recordará, el gobernador Carlos Joaquín González, quien como se sabe llegó al poder impulsado por una alianza del PAN y PRD, luego de renunciar a su militancia en el PRI. En la cabeza del grupo de poblanos se encontraba Juan Melquiades Vergara Fernández, quien fue secretario de Finanzas del gobierno de Quintana Roo.

A la fecha, siguen activos algunos funcionarios poblanos en el gobierno de Puebla, entre ellos a Rocío Moreno Mendoza, la encargada del despacho de la Secretaría de Desarrollo Social en Quintana Roo.

Incluso, siguen activos el poblado Héctor Fernández Sosa, quien habría diseñado el Plan Estatal de Desarrollo de Quintana Roo junto con Rocío Moreno, y al ex regidor poblano Eduardo Rivera Pérez, quien brinda asesoría al gobierno de Carlo Joaquín a través de UDLAP Consultores.

Uno más es el exfuncionario del ayuntamiento de Puebla, Eduardo Alcántara Montiel, a quien también se habría favorecido con servicios de consultoría para el gobierno de Carlos Joaquín González.

Por otra parte, Eduardo Ortiz Jasso es uno de los funcionarios más cuestionados de la administración del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, ya que no muestra resultados que beneficien a la mayoría de los quintanarroenses.

Pero era de esperarse, pues desde su llegada a la Agepro, Ortíz Jasso fue denunciado ante la Secretaría de la Gestión Pública del Estado por haber asumido el cargo de director de la Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro) cuando pesaba sobre él una orden de inhabilitación por la Contraloría del Ayuntamiento de Benito Juárez, en marzo del 2013.

El nombramiento de Ortiz Jasso al frente de la Agepro fue ilegal y inconstitucional, pues no cumplió con lo que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Quintana Roo.

En su artículo 47, fracción XIII, dicha ley establece que todo servidor público debe “abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de la autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público”.

Lo cierto es que el verdadero papel de Eduardo de Jesús Ortiz Jasso es buscar recursos para cumplir el pago de facturas del gobierno del estado con los grupos de interés que en su momento ofrecieron apoyo económico y político al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.

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