Reportajes Especiales Ricardo Ravelo Galó

CÉSAR DUARTE: EL SAQUEO ATROZ

*Tras cuatro años prófugo de la justicia, por fin fue aprehendido
el ex gobernador de Chihuahua, quien se mantuvo escondido en Estados Unidos

*Es acusado de narcotráfico, saqueo del erario y del desvío de miles de millones de pesos hacia las campañas del PRI, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto

*En este enjuague resultó implicado el exdirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones y Alejandro Gutiérrez, señalado de recibir el dinero de parte del entonces mandatario chihuahuense

*Esta historia podría robustecerse y ser el primer caso de denuncia electoral, algo que se impidió durante el sexenio anterior donde los ex gobernadores corruptos fueron solapados y protegidos con el mando de la impunidad oficial.

Ricardo Ravelo/Sol Quintana Roo/Sol Yucatán/Sol Capeche/La Opinión de México

(Los Incomodos ll, Primera de cuatro partes)

Ciudad de México.- Mediante una bien aceitada red de corrupción, en la que incorporó a socios, amigos, compadres, colaboradores y familiares, el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, prófugo de la justicia desde octubre de 2017, emprendió uno de los saqueos más escandalosos a las arcas de su Estado.

Se enriqueció a manos llenas, benefició al crimen organizado, en particular al cártel de Juárez, y al término de su mandato dejó una deuda histórica de más de 47 mil millones de pesos. Y lo peor: se fugó ante los ojos de todo el mundo, incluida la Procuraduría General de la República (PGR) y estaba libre.

Tan pronto terminó su mandato –uno de los peores que ha tenido Chihuahua en su historia reciente –César Duarte cruzó la frontera y se refugió en Texas; se afirma que también se le vió en Nuevo México, en las residencias de lujo que adquirió como gobernador y que ahora utilizó para refugiarse de la justicia mexicana o para esperar que el gobierno de Estados Unidos le conceda el asilo político que solicitó, al declararse un perseguido del Estado mexicano.

El caso de corrupción política e institucional que protagoniza Duarte Jáquez –nada desigual a los que condujeron a prisión a los exmandatarios de Veracruz (Javier Duarte de Ochoa), Quintana Roo (Roberto Borge Angulo) y Tamaulipas (Eugenio Hernández) también salpicó de lleno al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a su ex dirigente, Manlio Fabio Beltrones, a quien se acusa de sugerir y operar, a través de terceros, el plan perverso para distraer recursos públicos federales de varios estados para financiar las campañas políticas de candidatos a gobernadores donde el PRI no era gobierno.

Además de Chihuahua, el saqueo, según los señalamientos y las investigaciones oficiales, se efectuó en Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas, donde se repitió el modelo de la creación de empresas fantasmas y contratos de obras que nunca se ejecutaron para triangular recursos públicos que se canalizaron al PRI para apoyar económicamente a sus respectivos candidatos a puestos de elección popular.

En el 2016, hubo elecciones de gobernador en 12 entidades, también se renovaron congresos locales y presidencias municipales.

Manlio Fabio Beltrones, exdirigente del tricolor, es quien enfrenta serias acusaciones por haber fungido como el artífice de esas maniobras financieras cuando encabezada al PRI.

A principios de enero fue encarcelado Alejandro Gutiérrez, su principal operador, bajo el cargo de peculado agravado, al acreditarse que dispuso de 250 millones de pesos del gobierno de Chihuahua –entregado por César Duarte y sus principales colaboradores –para fondearlos en el PRI y así poder financiar las campañas a gobernadores en el 2016.

Como las investigaciones continuaron y el nombre de Manlio Fabio Beltrones salió a relucir como el estratega de las maniobras, el lunes 8 de enero el exgobernador de Sonora tuvo que tramitar un amparo ante la justicia federal para no ser detenido, pues de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía de Chihuahua y la PGR (hoy Fiscalía General de la República-FGR-) se desprendió que el sonorense tenía serias implicaciones en la distracción de recursos públicos en varios estados del país que sirvieron para apuntalar las finanzas del PRI.

​Lo curioso de todo es que en la elección del 2016 el PRI perdió siete gubernaturas, entre otras, las de Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua –de donde se desviaron recursos públicos –y fue a Beltrones a quien le atribuyeron los descalabros electorales; sin embargo, en su momento el ex senador de la República reviró y dijo que la causa de la derrota del PRI tuvo que ver con los escándalos de corrupción de algunos gobernadores y, sobre todo, a los malos gobiernos que encabezaron, lo que hizo insostenible la posibilidad de triunfo real.

EL PROBLEMA DE CORRUPCIÓN

El problema de la corrupción política fue un tema trascendental en los diagnósticos del PRI: Poco antes de que arrancaran las campañas políticas Beltrones sabía que venía la debacle y, según se pudo saber, él mismo sugirió al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que era urgente y necesario proceder penalmente en contra de algunos gobernadores porque el riesgo de perder las gubernaturas era inminente.

Y algo peor: El escenario para el 2018 se tornaría harto complicado. Paralelamente, Beltrones también denunció otro grave problema: Que el narcotráfico estaba detrás de muchos candidatos priistas, particularmente en Tamaulipas, tierra de nadie, donde los cárteles del Golfo y Los Zetas ya habían entrado en arreglos con los abanderados de ese partido.

Beltrones pidió el relevo de los abanderados priistas porque, dijo, no vamos a permitir que el crimen organizado se infiltre en las campañas. Pero de nada valió el llamado.

Peña Nieto habría escuchado, un tanto preocupado, la propuesta de Manlio Fabio Beltrones.Ya eran un verdadero desastre los gobiernos de Javier Duarte, escandalosa la gestión de Roberto Borge, ambos acusados de saqueo, desvíos de recursos, enriquecimiento inexplicable.

Javier Duarte se ufanaba en Veracruz de haberle entregado a Peña Nieto cerca de tres mil millones para su campaña y se sentía intocable; Borge, desde Quintana Roo, despilfarraba el erario, vendía los terrenos de más alta plusvalía a precios irrisorios y beneficiaba a sus familiares con cientos de hectáreas cuyo atractivo más importante era su ubicación frente al mar Caribe.

​De igual forma, el gobierno de César Duarte atraía los reflectores tras ser acusado de desviar dinero público para el PRI y para su bolsa. Mediante una decisión dictatorial ordenó descontar a los empleados del gobierno 200 pesos quincenales.

El dinero iba a parar a las arcas del PRI y sus principales colaboradores se despachaban con la cuchara grande en medio de aquel millonario festín, la danza de los millones, la locura gubernamental.

Sin embargo, en el momento más álgido de las campañas de gobernadores Peña Nieto no quiso hacer justicia y asumió los costos de la impunidad.

Cobijó a los gobernadores hasta que los nuevos mandatarios arribaron al poder y detonaron los escándalos de corrupción.

Salvo los estados de México y Coahuila –que el PRI ganó mediante el fraude electoral –el PRI perdió el resto de las gubernaturas, alcaldías y la mayoría en casi todos los congresos que se disputaron.

El PAN, en alianza con el PRD, le asestaba un duro golpe al PRI y en gran medida los exmandatarios construyeron con sus actos de corrupción el camino de la derrota y también la ruta que los condujo a la cárcel o a fugarse de la justicia.

Hasta el mes de enero de 2018 el único exmandatario que se mantenía prófugo era César Duarte, avecindado en Texas, en espera de una extradición o de que el gobierno de Donald Trump le acepte como asilado político.

​Miguel Ángel Yunes Linares –cuyo proyecto político es dejar a su hijo como gobernador en el 2018 –se aprestó a desnudar todas las corruptelas de Javier Duarte: documentó el descomunal saqueo, la compra de propiedades dentro y fuera de México, el uso del poder para fines personales.

De igual forma acreditó, conjuntamente con la PGR, que mediante una red de empresas fantasma se desviaron recursos por el orden de 30 mil millones de pesos que lo mismo se utilizaron para financiar campañas que para la compra de propiedades en el extranjero a través de testaferros.

Lo mismo hizo Javier Corral, en Chihuahua, a partir de que tomó posesión como gobernador, en octubre de 2017.

En Chihuahua se utilizó un esquema similar al de Veracruz y Tamaulipas. Y fue cuando las investigaciones alcanzaron a los principales colaboradores de César Duarte y a altos ex funcionarios del PRI, entre otros, Alejandro Gutiérrez, principal operador de Manlio Fabio Beltrones.

En todo este embrollo y danza de millones también resultó salpicado el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien fue una pieza clave para la entrega de los recursos federales que a la postre de utilizaron para el financiamiento de las campañas políticas del PRI.

La Fiscalía de Chihuahua documentó que Alejandro Gutiérrez –quien fungió como secretario General del PRI cuando Beltrones fue dirigente de ese partido –había sido detenido por la policías Federal y estatal de Chihuahua por el delito de peculado agravado.

De igual forma, se giraron otras órdenes de aprehensión en contra de ex funcionarios del gobierno de César Duarte, por diversos delitos, pero también resultaron implicados en las maniobras financieras para traspasar dinero público al PRI.

​Ellos fueron el ex secretario de Educación, Ricardo Yáñez Herrera; Karla Jurado Bafidis, ex directora de Administración de la Educación; el ex director de Adquisición y Administración y diputado federal suplente, Enrique Antonio Tarín y Gerardo Villegas Madriles, ex director de Administración de la misma dependencia y sobrino del exgobernador César Duarte.

El caso alcanzó el máximo de su ebullición cuando el periódico The New York Time, en su edición del 20 de diciembre de 2017, hizo estallar el escándalo de los desvíos de fondos públicos al PRI y colocó el reflector precisamente en el operador de Manlio Fabio Beltrones –Alejandro Gutiérrez -, personaje que el diario estadunidense describió “como un político veterano del PRI y aliado del presidente Enrique Peña Nieto”.

Firmado por los periodistas Azam Ahmed y Jesús Esquivel, el texto deslizó los primeros pormenores de una investigación que implica a buena parte del aparato priista que estuvo a cargo de las elecciones en 2016 y da cuenta que la Secretaría de Hacienda fortaleció las finanzas de los estados de Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas –por citar sólo tres entidades –donde los respectivos mandatarios (sólo Egidio Torre, exgobernador de Tamaulipas, goza de libertad y no enfrenta juicio alguno) crearon empresas fantasmas y contratos con compañías de amigos y compadres para desviar dinero y de esa forma financiar las campañas políticas del PRI.

​La nota del Time añade otros elementos: “En ese momento, los principales funcionarios del PRI estaban preocupados por perder las elecciones estatales en junio de 2016. Los ex funcionarios estatales dicen que el patrón de malversación de fondos para financiar las elecciones se produjo en varios estados donde el PRI temía perder el control.

“Los documentos revisados por el New York Time se centran en gran medida en el esquema de malversación en Chihuahua. Según los registros, millones de dólares del gobierno federal fueron transferidos en enero de 2016 al estado con el propósito de ser utilizados en el sector educativo.

“Luego, el dinero se desvió a cuatro compañías utilizadas para malversar los fondos, un negocio que el auditor fiscal del país ha incluido en la lista negra por ser empresas falsas, según los contratos gubernamentales que se firmaron.

​“Esas compañías, supuestamente contratadas por el estado de Chihuahua para proporcionar servicios educativos, recibieron casi 14 millones de dólares en sus cuentas, según los contratos y los registros que muestran que el dinero se había recibido.

​“Pero las empresas no proporcionaron el servicio, según las declaraciones juradas de los actuales funcionarios de educación del estado. En cambio, el dinero se convirtió en efectivo y se devolvió al PRI para que fuera utilizado en las campañas electorales, según los antiguos funcionarios del estado vinculados al plan.

​“Uno de esos funcionarios llamado Ricardo Yáñez está cumpliendo una sentencia en prisión de cuatro años. Sin embargo, no todo el dinero se destinó a fines políticos. Alrededor de 230 mil dólares se depositaron directamente en una cuenta comercial operada por Gutiérrez, el ex secretario del PRI, según los registros bancarios y las declaraciones de los testigos”.

Según el The New York Time, los contratos y registros bancarios muestran que millones de dólares se destinaron a algunas de las mismas empresas falsas o bien a empresas conectadas a ellas también en los estados de Sonora y Durango.

Los registros bancarios, según el diario, muestran que cientos de miles de dólares se depositaron en algunas compañías en el estado de Colima. En su testimonio rendido ante las autoridades algunos de los ex funcionarios implicados en esta megatriangulación de fondos dijeron que también se realizaron movimientos millonarios desde las arcas de los estados de Veracruz y Tamaulipas.

​Luego el diario centra su atención en las maniobras de César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua –refugiado en Estados Unidos –y en Manlio Fabio Beltrones.

Apunta The New York Times:​“Duarte huyó a Estados Unidos donde está evadiendo los cargos federales y estatales de corrupción, incluidas las acusaciones de que se robó más de 300 millones de dólares durante su gestión en el estado.

​“La hija de Duarte es ciudadana estadounidense y, de acuerdo con los documentos legales, el exgobernador solicitó una tarjeta de residencia permanente”, la cual le habrían otorgado sin mayores inconvenientes.

De acuerdo con el diario, se cree que Duarte vive entre Texas y Nuevo México. Y los intentos por contactarlo han resultado infructuosos. El jefe del partido en el momento del plan de financiamiento de la campaña, Manlio Fabio Beltrones, es aliado desde hace muchos años del presidente y su familia.

​Beltrones también es mencionado en el documento de sentencia. Yáñez dijo que el exgobernador César Duarte le dijo que Beltrones había ideado el plan de financiamiento. Este dato resulta trascendente, pues Beltrones estaba sumamente preocupado por el virtual descalabro electoral, tal y como ocurrió en las pasadas elecciones.

Yáñez –testigo clave de toda esta danza de millones y triangulaciones –dijo en alguna de sus múltiples declaraciones que en varias ocasiones se reunió con Alejandro Gutiérrez, el operador de Beltrones, así como con otros funcionarios del PRI.

En ese momento, dijo, el PRI ya había perdido las elecciones y fue entonces cuando la mentalidad de ellos cambió para disminuir los daños.

​La captura de Gutiérrez, por donde se le vea, es un golpe político para el PRI y su exlíder Manlio Fabio Beltrones. Gutiérrez no es un personaje menor dentro del PRI ni de la operación electoral: fue secretario General adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, exdiputado federal y ex senador por el estado de Coahuila.

​A él se le imputan los cargos de peculado agravado, lo que derivó de un señalamiento proveniente de un testigo protegido –implicado en el embrollo de los millones transferidos al PRI –que lo vincula con el traspaso de unos 250 millones de pesos de las arcas del gobierno de Chihuahua para financiar, en 2016, las campañas electorales del PRI en varios estados.

​Tras conocer la causa, el juez Octavio Rodríguez Gaytán consideró válida la imputación por desvío de recursos públicos, la cual consistió, según las investigaciones de la Fiscalía de Chihuahua, en la simulación de cuatro contratos por prestación de servicios profesionales, pagos por servicios que realizó la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de Chihuahua a las empresas Servicios y Asesorías Samex, Servicios y Asesorías Simax, Servicios y Asesorías Sisass y Despacho de Profesionales Futura, firmas que, en total, cobraron un monto de 246 millones de pesos por contratos que, según se confirmó, nunca se cumplieron.

​Tras la captura de Gutiérrez –ejecutada en el estado de Coahuila –Manlio Fabio Beltrones salió en su defensa: Dijo que su excolaborador fue detenido con pruebas falsas y carentes de toda validez judicial y en abierta violación a sus derechos fundamentales. Y también defendió su actuación como presidente del PRI: “El presidente del PRI no puede y no firmó convenio alguno con los gobernadores para acordar la transferencia de recursos federales”.

Formado a la sombra de Fernando Gutiérrez Barrios – éste quizá uno de los perfiles más acabados, en su tiempo, de la mezcla del mafioso y político – y amigo personal de Luis Donaldo Colosio –“La bala que mató a Colosio también mató mi carrera política”, tras el asesinato de su paisano -, Beltrones no ahorró palabras en su autodefensa:​“Es inverosímil que el presidente del CEN del PRI haya instruido a un gobernador sobre el destino de recursos, pues ello corresponde al propio ejecutivo estatal en el marco de sus atribuciones.

Más adelante fustigó la información periodística que lo implica como autor intelectual del esquema de financiamiento de las campañas de su partido, en 2016, con dinero público.

​Sin tapujos expuso que la información periodística que lo embarraba en dichas maniobras estaba basada en filtraciones y conjeturas inverosímiles surgidas a partir de una indagatoria de la Fiscalía de Chihuahua sustentada, a su vez, en declaraciones de un testigo protegido beneficiado, “figura de oprobio judicial que creíamos erradicada con el nuevo Sistema Penal Acusatorio”, se imputan nexos que no existen ni existieron entre funcionarios de Chihuahua e integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del PRI cuando estuvo a mi cargo de agosto de 2015 a julio de 2016.

Luego se centró en el gobernador Javier Corral, cuya principal promesa de campaña fue encarcelar a su antecesor César Duarte: “Lamentablemente, el gobernador Javier Corral y el fiscal del estado de Chihuahua han faltado a su deber y vulnerado la justicia al actuar con testigos protegidos que aportan declaraciones a modo para alimentar irresponsablemente con filtraciones la hoguera mediática buscando beneficios en la temporada electoral”.

Tras el descalabro del PRI, en 2015, Manlio Fabio Beltrones también justificó la derrota de su partido –la más lastimosa de su historia -: “Hoy toca hacer una pausa necesaria”, dijo el priista al hacer un balance de la elección del 5 de junio, cuando el PRI perdió siete de 12 gubernaturas, entre otras, los estados donde había gobernado durante 86 años: Durango, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas.

​Luego matizó: “Esto es un tropiezo electoral, pero no una derrota.

​El golpe electoral y político para el presidente Enrique Peña Nieto y para el PRI había cimbrado toda la estructura del país. Desde ese momento se avizoraba el peor escenario para las elecciones presidenciales del 2018.

​En su balance, Manlio Fabio Beltrones cuestionaba los malos gobiernos que coadyuvaron en la derrota de su partido.

​En su discurso fue elocuente: “Estoy convencido que los priistas estamos obligados a hacer una profunda y seria reflexión sobre lo que ocurrió en la jornada electoral del 5 de junio, tanto por la enorme responsabilidad que tenemos con los ciudadanos de los estados y municipios donde triunfamos, como en los que, no obstante nuestro esfuerzo, no pudimos alcanzar la mayoría.

Los resultados dan cuenta de que el PRI es el partido que más votos obtiene y el único que compite con posibilidades de éxito en cada elección y en todos lados.

​“Todos coincidimos en que debemos hacer un análisis minucioso y objetivo de las circunstancias en que se dio este proceso y de sus resultados. Nuestra responsabilidad como primera fuerza política nacional así lo exige.

​“Hay que resaltar que, como siempre, nuestro partido se preparó para el proceso electoral, para enfrentarlo con un trabajo de organización y movilización de nuestros candidatos, proceso difícil por la alta calidad política de nuestros muchos y variados cuadros aspirantes, se realizó siempre incluyendo a las fuerzas y expresiones que componen el partido, lo que se tradujo en unidad y disciplina partidista, en la gran mayoría de las entidades.

Beltrones fustigó la crítica que en su momento lo sacudió respecto de la imposición de candidatos sin historia: “No admito la errada conseja que afirma que con otros candidatos nuestros resultados hubiesen sido diferentes. La realidad y las circunstancias son las mismas y siguen a la vista de todos”.

Luego se enfocó a los malos gobiernos, los que sepultaron al PRI: “No tengo duda alguna y hay que decirlo: estamos obligados, como nunca antes, a escuchar la voz y reclamos de los ciudadanos, de todos ellos, votantes priistas y por otros partidos que exigen mejores resultados en sus gobiernos y combate a la corrupción e impunidad, donde quiera que este se encuentre.

“Quieren que la modernidad se refleje en los bolsillos de las familias mexicanas; que su trabajo sea mejor remunerado; servicios de salud de calidad y calidez; vivienda digna; seguridad para sus hogares y sus ciudades. No están satisfechos con solamente enterarse de que vamos bien, sino que quieren sentirse bien.

“En siete estados tuvimos un tropiezo electoral, pero no una derrota política y lo digo porque tuvimos a los mejores candidatos y candidatas; sus propuestas hablan por si mismas de la calidad de los proyectosque propusieron impulsar, calidad muy superior a la de nuestros adversarios, concentrados en sólo exhibir el supuesto o real deterioro gubernamental en algunos estados, oferta suficiente para sustentar una confusa alternativa porque nunca fundamentaron una real y completa propuesta de gobierno”.

El balance de Manlio, aquel día aciago para el priismo, estaba muy lejos todavía de convertirse en su pesadilla para el político sonorense.

El lunes 8 de enero de 2018, en conferencia de prensa, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, anunciaba acciones legales en contra de Beltrones, quien ya había tomado cartas en su asunto ya través de su abogado, Antonio Collado –también defensor de Alejandro Gutiérrez –había tramitado un amparo contra cualquier orden de aprehensión en su contra.

La medida cautelar también tenía el objetivo de conocer si existía o no investigaciones en su contra.El mandatario chihuahuense también cuestionaba el bloqueo de la Secretaría de Hacienda para entregarle los recursos que permitirían reforzar las finanzas del estado luego de los desvíos orquestados por Duarte.

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