*De manera negligente, las presidentes de Solidaridad, Cristina Torres Gómez y Laura Beristain Navarrete, dejan al garete la actualización del “Plan Municipal de Desarrollo Urbano”

*Las desarrolladoras aprovechan la falta de actualización de la legislación urbanística para seguir construyendo las “Casitas de Pereyra”

STAFF SOL QUINTANA ROO

Playa del Carmen.- A cambio de sumas millonarias de dinero que les brindaron las desarrolladoras inmobiliarias, la expresidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, y la actual alcaldesa Laura Esther Beristain Naverrete, dejan al garete los trabajos de actualización del “Plan Municipal de Desarrollo Urbano”.

Hoy el municipio es tierra de nadie para los empresarios inmobiliarios como Grupo Cadu y Hogares Unión que construyen a pasos agigantados las viviendas que les permitiera construir la Ley Casitas que promoviera en su momento el tristemente recordado exdiputado Juan Carlos Pereyra.

El 17 de agosto de 2018, entró en vigor la Ley de Acciones Urbanísticas, mejor conocida como “ley casitas” de Quintana Roo. Esta, como se recordará, incluye a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; y reformas a la Ley de Vivienda, la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, la Ley de Propiedad de Condominio de Inmuebles y la Ley de Expropiación.

Más allá de la polémica que en su momento generó esta ley, promovida por el entonces diputado Juan Carlos Pereyra Escudero, de la Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos; que privilegia a las desarrolladoras de vivienda los lotes de fraccionamientos y conjuntos urbanos habitacionales, comerciales, industriales, turísticos, mixtos y funerarios, como refiere el artículo 15 de la ley en cuestión, en el OCTAVO punto de los TRANSITORIOS, estableció:

“El Ejecutivo del Estado y los Municipios contarán con un plazo de dos años contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, para formular, consultar y promover la aprobación de los Programas Estatal y Municipales de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano, conforme a sus competencias”.

Dicho plazo, venció el pasado 17 de agosto y por lo menos, en el caso de Solidaridad, no se actualizó este Programa.

Tanto el Colegio de Arquitectos de la Riviera Maya, como el de Ingenieros desde la pasada administración que encabezó Cristina Torres Gómez, realizaron trabajos independientes para una vez instalado el Comité para la actualización de dicho programa, presentaran sus propuestas que van enfocadas a una ciudad vertical.

La administración de Torres Gómez concluyó y heredó al gobierno actual de Laura Beristain Navarrete la responsabilidad.

Sin embargo, la actualización de este Programa de Desarrollo Urbano (PDU), no fue prioridad para la alcaldesa e incluso, así lo consideró la presidenta del Colegio de Arquitectos, Sugeiry Prieto Torres, durante una entrevista hecha en febrero de este 2020, aunque justificó por temas emergentes como el sargazo y la inseguridad que, en el 2019, fueron temas que impactaron a Playa del Carmen.

Ya con el tiempo encima para cumplir con lo estipulado en la Ley de Acciones Urbanísticas, el 1 de mayo del 2020, el Gobierno de Solidaridad, en representación de la presidenta Laura Esther Beristain Navarrete, la Tesorera, Shelina Abigaíl Alonzo Alamilla; la Oficial Mayor, Livia Patricia Burgos Lara; el secretario de Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad, David Duarte Castilla; y la Directora de Desarrollo Urbano y Fisionomía, Laura Silvina Argüello, firmaron un contrato con la empresa “Ecología y Acción Urbana S. A. de C. V.”, que fue firmado por el apoderado legal, Fernando D’Acosta López.

Este contrato con número DPM/AD/SER/048/2020, fue adjudicado de manera directa para “El Servicio Profesional consistente en la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de población de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, así como la Elaboración del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto Aventuras, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo”.

De acuerdo a las cláusulas del contrato, se estableció un monto por 4 millones 199 mil 936.60 pesos a pagar en tres partes; la primera el pasado 17 de junio, cubriendo un porcentaje del 40 por cientos, es decir, 1 millón 679 mil 974.64 pesos. El segundo pago, cubierto el pasado 26 de agosto, cubrió otro 40 por ciento del total. Y el último pagó, se acordó hacerlo el próximo 29 de diciembre, donde se cubrirá el restante 20 por ciento, 839 mil 987.32 pesos.

Este contrato vence el 31 de diciembre del año en curso. Es decir, 4 meses después de vencido el plazo marcado por ley para la entrega de este PDU actualizado.

Si bien, de abril a junio, el Covid 19 obligó a los tres niveles de gobierno a suspender actividades por la cuarentena, hay que observar que el contrato se firmó en plena pandemia.

No sólo esto, sino que la empresa con oficinas en la Ciudad de México, según consta en este contrato, a la fecha no ha presentado ningún avance de la situación que guardan tanto Playa del Carmen, como Puerto Aventuras, ni ha determinado el tiempo en que podría tener su propuesta de PDU terminada.

A esto, hay que sumar que constantemente los Colegios de Arquitectos e Ingenieros han pedido se les tome en cuenta a la hora de elaborar estos planes y programas pues son éstos los que conocen mejor la problemática del municipio.

No obstante, una vez más, quedaron relegados y sin que se instale el Comité adecuado, del que forman parte no sólo estos Colegios, sino también otros organismos y asociaciones de diversos sectores, incluyendo ambientalistas, tampoco fueron consultados para elaborar este PDU.

El gobierno de Laura Beristain Navarrete, no sólo no cumplió con las leyes que en su momento prometió cumplir y hacer cumplir, sino que vuelva a menospreciar a los expertos locales que, como señalamos, que se emitió la Ley de Acciones Urbanísticas comenzaron a trabajar por su cuenta en un borrador para establecer el PDU que podría adecuarse a la realidad de este municipio pues, el actual, desde hace años quedó obsoleto, independientemente de esta nueva Ley estatal.

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