Francisco Medina Hoy Escribe

DEL ABSURDO

*Peña Nieto entregó 81,507,683.9 mdp a 81 intermediarios en perjuicio de productores del campo

*Señala el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Francisco Medina/Sol Quintana Roo

El gobierno de Enrique Peña Nieto, entregó en 2013 más de 81,507,683.9 millones de pesos a 81 intermediarios dentro del programa FEGA para apoyar a los productores del campo, además de recuperarse 845,483.1 millones de pesos del Programa de Atención de Jornaleros Agrícolas, señala el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En la revisión de la Cuenta Pública 2013 a la Secretaría de Desarrollo Social, en relación  a los Contratos y/o Convenios de Colaboración Suscritos con Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal para el Desarrollo del Programa de Atención de Jornaleros Agrícolas y los Contratos de Servicios Administrados de Infraestructura de Misión Crítica, Servicio de Recolección de Información Socioeconómica y Complementaria y Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre, al Amparo del Artículo 1, Párrafo Quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

De acuerdo a la Auditoría Forense: 13-0-20100-12-0269/DS-079 la ASF determinó recuperaciones probables por 845,483.1 millones de pesos.

Por otra parte, consideró que con el otorgamiento de garantías a 758,662 productores agropecuarios, forestales, pesqueros y rurales por un monto de 81,507,683.9 millones de pesos, el FEGA, en colaboración con 81 intermediarios financieros formales, contribuyó a atender la problemática que ha caracterizado al campo mexicano sobre el difícil acceso al crédito, y atendió lo señalado en el objetivo de que los productores rurales accedan al financiamiento mediante intermediarios financieros formales, a efecto de contribuir a desarrollar las actividades rurales nacionales.

En 2013, FIRA dispersó créditos y garantías mediante 81 Intermediarios Financieros, de los cuales 20 fueron Intermediarios Financieros Bancarios y 61 Intermediarios Financieros No Bancarios, de los cuales FIRA realizó la evaluación sobre la ampliación y revisión de los techos operativos de los intermediarios financieros para la correcta dispersión de los recursos.

Asimismo, la entidad realizó 1,807 reportes de supervisión, de los que se seleccionó una muestra de 317 (17.5%) reportes mediante el método aleatorio simple, considerando un nivel de confianza de 95.0% y un margen de error de 5.0%. Con la revisión de los 317 reportes de supervisión se corroboró que FIRA verificó la dispersión y el seguimiento de los recursos otorgados a los productores mediante los intermediarios financieros, con el fin de que presten servicios financieros conforme a la normativa.

En cuanto a la solvencia financiera del FEGA, se verificó que se otorgaron garantías sin fondeo por un monto de 15,694,708.0 miles de pesos y los gastos de administración y promoción fueron de 244,236.9 millones de pesos, por lo que el costo por cada mil pesos de garantías sin fondeo otorgadas fue de 0.016 millones de pesos, situación que ha aumentado en los últimos seis años debido principalmente a que los intermediarios financieros requirieron este servicio para respaldar créditos de avío que fueron otorgados a los productores.

Al cierre de 2013, el FEGA tuvo un saldo de la cartera de crédito sobre las garantías otorgadas de 1,115,863,923.1 millones de pesos (100.0%), de los cuales 45.2% (504,195,526.1 millones de pesos) correspondió a créditos refaccionarios; 44.9% (500,649,130.5 millones de pesos) correspondió a crédito de avío, y 9.9% (111,019,266.5 millones de pesos) al prendario, lo cual implicó que las garantías pagadas se destinaron a cubrir créditos utilizados para atender las necesidades de capital de trabajo de los productores y a la adquisición de activos fijos en las empresas.

En ese año, el FEGA otorgó garantías a 758,662 productores agropecuarios, forestales, pesqueros y rurales por un monto de 81,507,683.9 millones de pesos, con lo cual atendió lo señalado en el objetivo del programa presupuestario F017 de promover el acceso de los productores del sector al financiamiento mediante intermediarios financieros.

 En relación a la Auditoría Forense: 13-0-20100-12-0269/DS-079 los resultados de la ASF fueron:

a)      Bienes y servicios que no fueron recibidos conforme a las especificaciones del apéndice 2 del anexo técnico número 1 del convenio de colaboración entre la SEDESOL y la UAEM, por un importe de 147,715.5 millones de pesos.

b)      Bienes y servicios no fueron recibidos conforme a las especificaciones de los apéndices 1 y 2 del anexo técnico número 1 y apéndices 1 y 2 del anexo técnico número 2 del convenio de colaboración entre la SEDESOL y la UAEMOR, por un importe de 697,767.6 millones de pesos.

Resumen de Observaciones y Acciones

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 5 Pliego(s) de Observaciones y 1 Multa(s).

El dictamen fue emitido el 23 de enero de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

Su objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados a los contratos y convenios, se hayan ejercido, registrado y comprobado de acuerdo con la normatividad y legislación vigente, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, en los contratos celebrados con la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por 857,618.5 millones de pesos para algunas acciones del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, la SEDESOL no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre los aspectos observados destacan conductas irregulares que propiciaron la presunta simulación de servicios y adquisiciones y la subcontratación de proveedores sin el perfil, ni la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios comprometidos; algunos no fueron localizados y de otros se presume su vinculación con actos irregulares.

Por otra parte, no se acreditó la realización de los trabajos, ni la entrega de los bienes y servicios a las entidades y municipios, por 845,483.2 millones de pesos, que equivalen al 98.6% del monto total de los recursos convenidos con ambas universidades. Resalta el hecho de que del monto pagado por la SEDESOL a esas instituciones públicas de educación superior, 440,163.2 millones de pesos fueron transferidos por 7 proveedores a una empresa ajena a los contratos y a los servicios. Para mayor abundamiento ver auditorías 246 y 1426.

Además se constató que los servicios requeridos por la secretaría no cumplieron con los objetivos sustantivos del SNCcH, entre los que destacan asegurar a la población objetivo que carece de una vida digna, las mejores condiciones en igualdad y la posibilidad de acceder a una alimentación suficiente y de calidad, y a estar protegidas contra el hambre. Sin embargo, fueron pagados sin que la SEDESOL supervisara, vigilara y constatara su ejecución, y durante la fiscalización, los hallazgos permitieron constatar que los servicios no llegaron a la población objetivo.

Consecuencias Sociales

Los recursos federales ejercidos por la SEDESOL a través de adjudicaciones directas con la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, para realizar diversas acciones en apoyo del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, no coadyuvaron a alcanzar los objetivos de garantizar a las personas una vida digna, con alimentación suficiente y de calidad, a estar protegidas contra el hambre, lo cual afectó en la práctica el acceso a los derechos sociales y a la justicia social, ya que no se adoptaron las mejores prácticas ni las medidas necesarias que aseguraran la posibilidad de impactar de manera positiva en los 400 municipios con pobreza extrema que fueron seleccionados. Tampoco se contribuyó a asegurar el acceso a los programas de desarrollo social ni a la igualdad de oportunidades a los grupos menos favorecidos.

Lo anterior, aunado a la falta de control, supervisión y seguimiento en la ejecución de las acciones convenidas por parte de la SEDESOL, provocó el uso indebido y el desvío de los recursos públicos.

Complementariamente, la ASF realizó una auditoría al desempeño para verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, la cual se encuentra identificada con el número 275 en este Informe de Resultados.

Antecedentes

La ASF ha observado graves irregularidades durante 3 años consecutivos en este tipo de operaciones y, no obstante las recomendaciones, denuncias de hechos presentadas y otras acciones promovidas, persiste la recurrencia de anomalías en las adjudicaciones directas que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con universidades públicas, otros institutos de educación y entre dependencias y entidades en los tres niveles de gobierno para la contratación de adquisiciones, obra pública, consultorías y prestación de servicios, al amparo de los artículos 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 4 de sus respectivos Reglamentos.

Estos esquemas permiten en muchos casos, eludir las licitaciones públicas, y propician que se puedan simular los servicios y las adquisiciones; subcontratar proveedores sin el perfil, ni la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios comprometidos, y que éstos, a su vez, subcontratan a otras empresas y personas físicas; incluso se ha dado el caso de la subcontratación de empresas inexistentes o vinculadas.

En este caso la entidad fiscalizada suscribió convenios con la UAEM y la UAEMOR, este último no fue proporcionado por la SEDESOL cuando se le requirió la información, por lo que se consideró pertinente llevar a cabo esta auditoría, ante la presunción de existencia de actos y omisiones que pudieran implicar irregularidades y, en su caso, conductas ilícitas que pudieran desprenderse, dado el ocultamiento del documento a la ASF.

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