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DIGNA OCHOA Y PLACIDO

(Capítulo 3 y Final)

El domingo 20 de Julio de 2003 se oficializó la conclusión de que es altamente probable que la licenciada Digna Ochoa y Plácido se privó de la vida haciendo parecer su muerte como un suicidio, “lo cual no fue producto de la imaginación o meras ocurrencias, sino de la práctica y agotamiento de cada línea de investigación y del riguroso examen de todas las evidencias y, particularmente, del lugar de los hechos”.

Así lo expresó el reportero Leonardo Cortés, (La Prensa), quien publicó que la fiscal Margarita María Guerra y Tejada sostuvo lo anterior y enfatizó que en 1987 la veracruzana ya había intentado suicidarse.

La exmagistrada dijo en conferencia de prensa que ante el convencimiento pleno de que Digna Ochoa se suicidó propuso cerrar el caso con la declaración de no ejercicio de la acción penal, pero aclaró que aún faltaba que los agentes del Ministerio Público, auxiliares del procurador Bernardo Bátiz avalaran la determinación, y de ser así, entonces los familiares de la litigante veracruzana contarían con diez días hábiles para inconformarse por la resolución mediante un juicio de amparo.

Subrayó la licenciada Guerra que durante meses los familiares de la hoy occisa y sus abogados, en calidad de coadyuvantes del Ministerio Público, no se presentaron a las diligencias e interrogatorios que se practicaban, pese a que todo el tiempo tuvieron a su disposición los informes que requirieran. La asistencia estaba para apoyar al Ministerio Público, dijo, “desgraciadamente aquí parece que ha estado para obstruir la labor del Ministerio Público”.

La fiscal no aceptó recibir la promoción de una serie de dictámenes en materia de química, medicina forense y criminalística, porque se hubiera requerido repetir todas las diligencias de la averiguación, de las cuales 80 por ciento ya era imposible de recrear. Y los familiares, agregó, “promovieron un juicio de amparo que todavía se instruye en los tribunales federales”.

La titular de la Fiscalía Especial para el Caso Digna Ochoa, también expresó que en Julio de 1999, la abogada de Veracruz contrató un seguro por 40,000 dólares del que había dos beneficiarios. Su hermana Estela Ochoa con 80 por ciento del monto y su novio Juan José Vera con 20 por ciento. La familia ya cobró la proporción que le correspondía y Vera la rechazó.

Durante la conferencia que duró más de hora y media, la fiscal Guerra y Tejada y dos peritos en Criminalística expusieron las presiones a las que estaba sometida en la época en que pereció, como el hecho de que perdió la beca Mac Arthur, su principal fuente de ingresos porque no justificó el uso de los recursos que percibía por ella; también dieron a conocer oficialmente diversos aspectos de la personalidad y problemas psiquiátricos de Digna Ochoa.

Precisaron varias falsedades en las que había incurrido y presentaron una pormenorizada explicación de las evidencias encontradas en el lugar de los hechos y su interrelación que llevó a concluir que la defensora de los derechos humanos se mató y quiso aparentar un crimen. Pero argumentaron que en ninguna de las líneas de investigación sobre un asesinato se encontraron elementos que sustentaran esa posibilidad.

Respecto de los problemas psiquiátricos, la Fiscalía estableció que Digna Ochoa presentaba impulsividad con manifestaciones de autoagresión física e impredecibilidad en sus decisiones y varios de sus actos; relaciones interpersonales inestables con sus familiares, devaluación de ella misma ante algunas de sus amistades; manipulación de otros para satisfacer sus fines e ira inapropiada.

También padecía inestabilidad afectiva con cambios notorios y abruptos de ánimo; alegría, depresión, ansiedad, enojo, intolerancia a estar sola, actos autolesivos físicamente, sentimientos crónicos de vacío y aburrimiento cuando no recibía la retribución afectiva o atención de sus objetos valorados y trastorno límite de la personalidad clasificado en el nivel bajo.

En torno a las falsedades que fueron descubiertas está que Digna Ochoa aseguraba haber sido agente del Ministerio Público en Veracruz, sin que eso fuera cierto. Tampoco existió el secuestro del que supuestamente fue víctima en esa entidad, lo que sí pasó es que ella, en buenas condiciones de aliño, con una maleta y bajo un nombre que no es el suyo, (“Guadalupe Roque”), llegó a una casa hogar en Yucatán, donde pidió estar un tiempo para reflexionar, pues, aseguró a los directivos de la institución, que tenía problemas con su esposo.

En agosto de 1987 acusó, sin fundamento, a una compañera de estudios de “intentar matarla”, pero la Procuraduría de Veracruz terminó por presentar conclusiones absolutorias ante el juez que procesó a la supuesta agresora, ya que el ataque resultó inverosímil. “Después Digna Ochoa confesaría que en realidad intentó matarse”, manifestó la licenciada Margarita María Guerra y Tejada.

Luego se refirió que se investigaron con detalle las hipótesis de “asesinato”. Se estableció que respecto de la posibilidad de que hubiera sido atacada por militares, se corroboró que ninguno de los integrantes de los Batallones de Infantería 19 y 40, destacados en Guerrero, estuvieron involucrados con las actividades de la licenciada Ochoa y Plácido.

Sobre la posibilidad de que caciques guerrerenses, explotadores de madera, la hubieran mandado matar, las versiones eran endebles y luego de averiguar concienzudamente sobre ellas, se determinó que no había vinculación con la muerte de la defensora de los Derechos Humanos.

Margarita Guerra sostuvo que tampoco existieron elementos de convicción, objetivos y sustentables que vincularan la muerte de Digna Ochoa con las personas que integraban su ámbito de amigos cercanos, compañeros de trabajo, parejas sentimentales, así como integrantes de la congregación religiosa a la que pertenecía.

En los juicios donde participó como integrante del centro de derechos humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C., conforme las constancias recabadas no existió evidencia de que su intervención jurídica hubiera propiciado o causado afectación de intereses de alguna persona o autoridad relacionada con dichos asuntos, menos aún existieron elementos de convicción que establecieran alguna vinculación con su muerte.

Ante esa situación y luego de analizar con detalle el lugar de los hechos, donde hubo peritajes en Química, Criminalística, comparación de ADN y Balística, así como investigación de la Policía Judicial y declaraciones ministeriales, “se concluyó que Digna Ochoa se mató”, concluyó Leonardo Cortés.

La defensora mexicana de derechos humanos, Digna Ochoa, no fue asesinada sino que cometió suicidio, indicó la licenciada Margarita Guerra, en entrevista con The Associated Press.

-No hubo ningún elemento que nos pudiera conducir a que alguien estuviera interesado en lo más mínimo en privar de la vida a Digna; vaya, ni siquiera de agredirla—dijo.

Durante once meses se profundizó en todas las líneas de investigación, como la participación de militares o de caciques del Estado de Guerrero, donde Ochoa trabajó en varias ocasiones en la defensa de ecologistas, la conclusión, sin embargo, fue el suicidio.

–No deja de ser doloroso, como para cualquier familia sería, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver la realidad—añadió la fiscal.

(Los parientes de Digna Ochoa habían dicho previamente que “seguían creyendo que fue un asesinato”).

La defensora realizó tres disparos con una vieja pistola aparentemente de la Primera Guerra Mundial, de calibre .22, el tiro que se dio en la cabeza fue realizado de manera “atípica”, con la mano izquierda, pero hay bibliografía  que documenta que el 25 por ciento de los suicidas se disparan con la mano contraria a la que utilizan. Según estudios psicológicos y psiquiátricos para determinar la personalidad de Ochoa, se concluyó que tenía “una tendencia con neurosis obsesiva, depresión crónica y un nivel de mitomanía”.

Renato Sales, primer fiscal sobre el caso, había confirmado que la historia personal de la defensora de los derechos humanos “estaba llena de problemas emocionales, e incluso dijo que había intentado suicidarse en 1988”. La señora Guerra comentó que estaba plenamente documentado el intento de suicidio y otros hechos contradictorios en su vida personal.

Digna Ochoa había asegurado que en 1988 fue secuestrada y vejada por efectivos policíacos de Veracruz, su Estado natal, cuando en realidad estuvo en Yucatán, otra entidad del sur del país.

Ya en 1987 la autoridad judicial de Veracruz había dictaminado que la licenciada Digna Ochoa y Plácido “padecía neurosis conversiva”.

Los hermanos de la abogada expresaron su repudio a la hipótesis del suicidio, argumentaban que “Digna tenía el valor suficiente para superar cualquier problema sin tener que recurrir al suicidio, lo cual quedó corroborado con su actuación como defensora en casos sumamente difíciles, donde tuvo que enfrentar jurídicamente a autoridades militares y civiles”.

Sin embargo, se concluyó que los elementos de prueba recopilados, incluidos estudios sobre la personalidad de Ochoa, apuntaron a que la veracruzana acabó con su existencia, el viernes 19 de octubre de 2011, en el despacho que compartía con otros litigantes en la calle de Zacatecas, Colonia Roma, en la ciudad de México.

El centro de derechos humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” acusó a la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal de manejar un doble discurso en torno al asesinato de la abogada Digna Ochoa.

Edgar Cortés Morales señaló que en reuniones privadas, la Procuraduría capitalina sostenía que todas las líneas de la indagatoria sobre ese asunto estaban abiertas, mientras que en el discurso público—según el reportero Luis Ramírez—establecía que la tesis más fuerte de las pesquisas era la del suicidio.

Añadió Cortés que estaba inconforme con la política de comunicación de la dependencia ya que incurría en “filtraciones” y exhibía parte del contenido del expediente a algunos medios de comunicación, lo que provocaba que los datos salieran en forma fragmentada con lo que desorientaba a la sociedad.

La agencia Notimex expresó el sábado 19 de Julio de 2003, que el resultado que obtuvo la fiscal Margarita María Guerra y Tejada, después de casi 11 meses de investigación en torno a la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido “es suicidio disimulado” y se sustenta en más de 50 análisis periciales en materia de Psicología y Criminalística.

En la indagatoria en números, extraordinaria, se menciona que fueron tres Fiscales, 21 meses de investigación, (no once como muchos creyeron), varias líneas de investigación: militares, caciques de Guerrero, entorno social, familiar, personal y suicidio; 282 declaraciones ministeriales, 260 diligencias ministeriales, 269 intervenciones periciales, 595 informes de la Policía Judicial y otras autoridades y 10 visitas al Estado de Guerrero.

De todas las pruebas, insistió Notimex, más de 30 son consideradas por criminalistas como “hechos irrefutables”, lo que significó que existieron bases científicas sólidas para determinar que la abogada Digna Ochoa y Plácido NO FUE ASESINADA.

En entrevista para Notimex, la fiscal Guerra y Tejada expresó que la imagen de la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal, no quedaría en entredicho ya que los resultados fueron contundentes, además de que fueron analizados en detalle los últimos días de la abogada Ochoa, quien estuvo sumergida en una fuerte depresión.

La fiscal explicó que varios factores empujaron a Digna Ochoa a suicidarse y todos ellos confirmaron otros hechos que la misma abogada narró EN UN DIARIO INTIMO Y EN CORREOS ELECTRONICOS enviados a sus amistades.

–Ella nos habla de fantasías, de neurosis obsesivas, de períodos largos de depresión que cuando empiezan a operar en una persona que no tiene el apoyo permanente de especialista, pues entonces pueden desencadenar en cualquier cosa que, desafortunadamente, siento que aquí fue lo que pasó—precisó.

La abogada Guerra dijo estar satisfecha de las diligencias realizadas durante casi un año, de los testimoniales recogidos entre amigos y familiares de Digna Ochoa en la capital del país y en provincia, de las pruebas periciales efectuadas y del análisis de los últimos días de la defensora de derechos humanos.

Su suicidio pudo desencadenarse por desesperación, “literalmente se le cerró el mundo por sus conflictos amorosos, por su decepción ya que no se le apoyó económicamente con una beca para continuar sus estudios en Estados Unidos, así como por su abrupta salida tanto de la organización “Miguel Agustín Pro Juárez” y de la congregación en donde voluntariamente se internó para ordenarse como monja”.

Todos esos indicios confirmaron, posteriormente, otros hechos de su vida que la misma Digna Ochoa narró en un diario personal que FUE ENCONTRADO EN SU OFICINA, así como en los mensajes que los peritos en electrónica pudieron rescatar de su computadora personal.

Es muy importante señalar que los peritos en Criminalística sostuvieron que se trató de  un “suicidio disimulado” al que se le quiso dar apariencia de homicidio, (asesinato, crimen, ejecución), y ante la falta de apoyo de una organización no gubernamental a su actividad, Digna Ochoa quiso expresar que otros de sus compañeros podrían recurrir a esa misma actitud y sufrir depresión similar, por la supuesta ingratitud de que fue objeto.

La profesionista Karla Micheel Salas publicó el 23 de Noviembre de 2015, que la abogada y defensora de derechos humanos, Digna Ochoa y Plácido “FUE ASESINADA” (¿?) en su oficina en la ciudad de México, el 19 de octubre de 2001.

En la averiguación previa FDCUAUHT/03/USD04/2576/01-10, que tiene más de 43,000 fojas, se cuenta UNA VERDAD A MEDIAS, “basada en una investigación inconclusa, en peritajes MANIPULADOS y en conjeturas de algunos personajes que se negaban a cuestionar al gobierno de la ciudad de México o al propio círculo jesuita de organizaciones de la sociedad civil”, expresó la investigadora Micheel Salas.

En las primeras diligencias realizadas en el lugar de los hechos, se abrieron diversas líneas de investigación que VINCULABAN a la participación de miembros del Ejército EN EL CRIMEN (¿?), también se relacionó EL ASESINATO (¿?) con las amenazas y atentados que había sufrido Digna durante los meses previos a su muerte.

(Amenazas y atentados que sólo existieron en la fértil imaginación de la aspirante a monja).

Sin importarle el gran número de pruebas realizadas por expertos, Micheel Salas agregó que “desde el primer momento todo apuntaba a una ejecución extrajudicial y a la participación de cuando menos una persona en la COMISION DEL CRIMEN”.

Ingenuamente, Micheel dijo esperar que el caso sea elevado ante la Corte Intereamericana de Derechos Humanos para que EL ESTADO MEXICANO SEA JUZGADO por las omisiones y graves irregularidades cometidas por la PGJ en la investigación de las amenazas que había sufrido la abogada, así  como por su ASESINATO y finalmente “POR MANDATO INTERNACIONAL se obligue a las autoridades a realizar u na investigación con la debida diligencia”.

La tendenciosa investigadora pasó por alto que “las graves amenazas de muerte” se redujeron a un mensaje que la misma Digna Ochoa elaboró con recortes del periódico La Jornada, mismo ejemplar tijereteado que fue localizado en la oficina donde se suicidó la abogada veracruzana.

También se saltó la prueba confirmada de que nunca fue secuestrada y violada por oficiales policíacos veracruzanos, sino que inventó problemas con “su esposo” y, bajo el nombre “Guadalupe Roque”, se ocultó en Yucatán exactamente en el mismo lapso en que habría sido plagiada y violentada por los acusados.

Nunca agradeció la escritora que las autoridades de la Procuraduría callaron, por respeto, muchos datos que encontraron en la “memoria” de computadora utilizada por Digna Ochoa, en un diario íntimo y en mensajes que enviaba con su celular. Al contrario, realmente azuzó a la familia de Ochoa y Plácido para que expresaran su enojo e inconformidad que los llevó, lamentablemente, a interrumpir de algún modo el descanso eterno de la joven defensora de derechos humanos, al exhumar sus restos a sabiendas de que nada se iba a encontrar en cuestión de lesiones ante mortem.

El reportero Alejandro Páez expresó el 27 de junio de 2002, que la tesis del suicidio de Digna Ochoa que sostuvo la Procuraduría capitalina resultó incómoda para la dependencia y el fiscal que llevó las indagatorias, (en esa época Renato Sales), llevándolo a un enfrentamiento con la izquierda del país que descalificó las conclusiones.

El perredista Rene Lobato consideró que la tesis generó puntos de vista encontrados e incredulidad en la sociedad, pues “es una línea de investigación muy endeble” (¿?) que la izquierda no puede aceptar”.

Y otra vez la abogada Karla Micheel Salas intervino para advertir que todo se expondría ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la familia de Digna Ochoa “aspira volver a sentar en el banquillo de los acusados al Estado mexicano”.

En su momento y sin dejarse amedrentar por la investigadora Micheel Salas, el procurador Miguel Ángel Mancera confirmó que en el expediente del caso de la muerte de Digna Ochoa y Plácido, hay dos pruebas periciales que confirman plenamente que la activista por los derechos humanos tenía tendencias suicidas.

Reiteró que el caso fue cerrado tras la revisión de los elementos de prueba realizados, como lo instruyó un amparo que obtuvo la familia de la activista.

Subrayó que no hay una sola evidencia que permita presumir que Ochoa fue asesinada, ya que los dictámenes químicos y de mecánica de hechos verificaron que ella se disparó con su antigua pistola checoslovaca, calibre .22, “mientras que los exámenes psicológicos advirtieron desórdenes en su personalidad”.

Digna Ochoa enfrentaba una gran problemática personal que “tal vez ahora ya sea innecesario abundar, pero lo que podemos decir en este sentido es que dos exámenes periciales en Psicología son coincidentes en que había una personalidad que mostraba tendencia suicida”, enfatizó Mancera.

Respecto a las lesiones en el cuerpo de la activista, “las pruebas periciales corroboraron que se trataron de golpes anteriores al día en que incurrió la muerte, LO CUAL FUE REITERADO POR ESPECIALISTAS EXTRANJEROS”.

Sobre la inconformidad expresada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, respecto a la determinación del no ejercicio de acción penal en el caso, Mancera reiteró que el amparo sólo instruía la revisión de los elementos ya aportados y en los cuales se sustenta la indagatoria. Si no hay conformidad de la otra parte o de la familia por lo resuelto, “pues pueden acudir a una autoridad federal, nosotros hemos cumplido con lo que dictaba la sentencia de amparo”, aclaró el procurador Mancera. Cabe mencionar que también en este caso se siguió la tradición de publicar libros aparentemente bien documentados y la infaltable película tendenciosa “basada en hechos reales”. FIN

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