*Un año y casi seis meses después de la entrega de cheques certificados a los braceros, los gobiernos de México y Estados Unidos celebraron nuevo acuerdo laboral, que dejó SIN EFECTOS al celebrado el 21 de febrero de 1948

José Sánchez/Sol Quintana Roo/Sol Yucatán/La Opinión de México 

(Séptima y última parte)

Ciudad de México.- Un año y casi seis meses después de la entrega de cheques certificados a trabajadores cumplidos, los gobiernos de México y Estados Unidos celebraron nuevo acuerdo laboral, (1 de agosto de 1949), que dejó SIN EFECTOS al celebrado el 21 de febrero de 1948.

Y en el rubro de descuentos expresamente se estableció que “NO DEBERÍA HACERSE A LOS TRABAJADORES NINGÚN DESCUENTO POR CONCEPTO DE FONDO DE AHORRO O DE CUOTAS SINDICALES”.

Posteriormente, ya en 1954, fueron asegurados los braceros contra accidentes y enfermedades no profesionales y el gobierno mexicano asignó al Instituto Mexicano del Seguro Social para que recibiera los descuentos que hacían los patrones, el IMSS fijó las primas que se descontarían a los trabajadores.

¿Dónde está, pues, el “descuento del 10 por ciento a 4.5 millones de trabajadores y los intereses bancarios y ajustes correspondientes a más de 76 años que transcurrieron desde el inicio del Programa Bracero” ?, como se afirmó en la Gaceta de la Comisión Permanente, el 21 de mayo de 2018.

Si cientos de miles de trabajadores migratorios abandonaron su fondo de ahorro voluntariamente al desertar en Estados Unidos, de las filas de millones de compatriotas que sí cumplieron su compromiso laboral y cobraron normalmente su fondo de ahorro, ¿cómo puede culparse directamente al “gobierno mexicano” de haber robado millonarias cantidades en dólares?

En cambio, hay pruebas indudables de que los braceros sí fueron estafados en su oportunidad, no sólo por diputados sino por gran número de burócratas que no vacilaron en ensuciarse las manos, aprovechando las enormes necesidades económicas de los migratorios.

Esos ladrones “improvisados” recibían toda clase de objetos de valor y animales de granja, así como grandes extensiones de terreno aparentemente infértil, que los braceros remataban con tal de pagar lo que se les pedía para obtener una tarjeta “verde”, que les garantizaba empleo en Estados Unidos durante varios años, si cumplían los requisitos. Lo más indignante es que esas anheladas “tarjetas verdes” … estaban calificadas como gratuitas, para ser repartidas entre los aspirantes al empleo en el vecino país.

De la noche a la mañana aparecían “nuevos ejidatarios” y tomaban posesión de las tierras, malbaratadas por ingenuos campesinos iletrados. Y no pocas extensiones fueron dotadas de cerdos, vacas, burros, caballos, aves, etcétera, que los braceros entregaban por las tarjetas verdes. Incluso, hubo muchos abogados que se encargaron de “tramitar” la devolución del fondo de ahorro y se quedaban con él, a cambio de las multicitadas credenciales migratorias.

¿Se puede creer que los “coyotes” no vaciaron las arcas de bancos mexicanos, en su oportunidad?  Obviamente, al paso del tiempo, los millones de dólares que Estados Unidos envió “en tiempo y forma”, por concepto de fondo de ahorro no reclamado, brillaron por su ausencia, y como de seguro en esa estafa intervinieron funcionarios bancarios, nadie “hizo olas” para no ahogar a nadadores incautos.

Por su importancia tomamos datos de la información proporcionada por el diario La Prensa, (20 de Julio de 2005), en que citó que “cientos de miles de trabajadores agrícolas resultaron defraudados, a través de escandaloso tráfico de tarjetas de bracero. Las autoridades no tuvieron más remedio incluso que encarcelar un tiempo a tres diputados, (Carlos Alberto Madrazo Becerra, Pedro Téllez Vargas y Sacramento Joffre), y a mucho burócratas para sofocar la creciente inconformidad”.

Los braceros tenían derecho en 1942, 1943, 1944 a tarjetas verdes originales, con fotografía y firmas reconocidas por la Secretaría del Trabajo, pero todo SIN COSTO.

Pero surgió la clásica ambición mexicana y como por arte de magia se pusieron de acuerdo quizá los diputados, sus ayudantes, familiares de éstos, empleados de la Secretaría del Trabajo, encargados de los talleres de impresión.

En las colonias lujosas de la ciudad de México comenzaron a surgir verdaderos palacetes, muchos “segundos frentes” estrenaron autos del año, departamentos elegantes, y el campo entregó miles de hectáreas a nuevos y acaudalados “agricultores nylon”.

Los provincianos llegaban directamente, como moscas a la miel, a domicilios “conocidos” y entregaban al principio 150 pesos por tarjeta verde, (en realidad esas tarjetas llevaban los colores patrios en forma de “V” de la victoria), con la que fácilmente ingresarían al vecino país, amparados por contratos laborales semestrales, muy respetados los convenios por los granjeros norteamericanos, aparte de empresarios ferroviarios a quienes les urgía la mano de obra para tender vías o para mantenimiento de instalaciones y equipo.

Los más “exigentes” eran braceros devueltos a México, con su correspondiente 10 por ciento de ahorro,  (jamás hubo reclamaciones al respecto durante tres años), una vez que terminado el contrato semestral,   pero luego de cobrar el dinero para “implementos agrícolas”, volvían a enrolarse en diferentes centros de contratación, y mientras se tuviera el “visto bueno” de la Secretaría del Trabajo y de Relaciones Exteriores, a través de firmas originales en las tarjetas verdes, no había problema para volver a Estados Unidos, pasado un tiempo razonable, digamos entre cosecha y cosecha.

Aquí cabe señalar que la Secretaría de Relaciones Exteriores debe tener casi necesariamente, en sus archivos, la lista de braceros a quienes se les entregó semestralmente su cheque certificado por el Fondo de Ahorro. Se comprobaría con facilidad que nunca fueron tantos los “defraudados” por banqueros mexicanos y que las cuentas fallidas realizadas para calcular el monto del “robo”, realmente están cargadas de fuerte olor electoral, si se recuerda que el domicilio de la progenitora del expresidente Vicente Fox, fue invadido por sujetos que “exigían su Fondo de Ahorro”.

Es decir, Relaciones Exteriores jugó un papel vital en el Programa Bracero y sus cónsules llevaban escrupulosamente, (por Ley), la lista de braceros que en presencia suya recibían semestralmente su cheque certificado, protocolizado por el Servicio de Inmigración de Estados Unidos.

A los ex braceros se les prometieron 60,000 pesos por persona, 5,000 dólares, se corrió el rumor de que “le tocaba 1 millón 96,000 pesos a cada migratorio que comprobara su participación en el Programa Bracero” y finalmente, a muchos, se les entregaron 38,000 pesos, más o menos el equivalente a 1,900 dólares. ¿A favor de qué partido votarían los beneficiados y miles de familiares?…La respuesta parece obvia: reclamaciones airadas se hicieron al expresidente Vicente Fox. No parece absurdo suponer que con esos votos “perdió” el actual Jefe de la Nación, licenciado Andrés Manuel López Obrador, al buscar la Presidencia de la República. Pero volvamos al escándalo de las tarjetas. A muchos les parece exagerado indicar que hubo “comaladas de nuevos ricos”. Ya dijimos que al principio se vendían los documentos en  150 pesos cada uno. Pero los precios se elevaron con rapidez, se llegaron a pedir no menos de 500 pesos por tarjeta verde. Y las autoridades de la Procuraduría General de la República calcularon, según confesiones de impresores y distribuidores, que por cada tarjeta verde “original” se clonaron 40…en las instalaciones de la Secretaría del Trabajo.

Sí. Por cada 1,000 tarjetas verdes también se vendían otras 40,000. Y volaban como “pan caliente”.

Las escandalosas fortunas de las mafias burocráticas, (choferes, mozos, ayudantes de diputados, de la noche a la mañana enriquecían), despertaron la inquietud de algunas autoridades honradas, (que también existían), quienes llegado el momento no pudieron acallar las airadas voces de quienes no tenían dinero para conseguir lo que debía ser gratuito.

Decenas de aspirantes a braceros comenzaron a enviar sus quejas a la capital de la República, (ninguna denuncia fue por el “robo del fondo de ahorro”), y a mediados de diciembre de 1944, todavía se pudo “esconder” la correspondencia delatora, incluso porque empleados de Comunicaciones y Transportes robaban no sólo las cartas de los braceros, sino que las destruían tras apoderarse de los dólares que con toda la buena fe del mundo, muchos migratorios enviaban en el mismo sobre de las misivas sentimentales.

(No hay que olvidar que la PGR arrestó a gran número de carteros que, en algún centro postal, seguían robando el dinero que los migratorios enviaban en simples “sobres aéreos” a sus necesitados parientes).

Hay que decir que las tarjetas verdes no eran falsificadas. No, eran documentos originales, con los sellos y firmas necesarios. La Secretaría del Trabajo entregaba dotaciones en diferentes centros distribuidores y  “mágicamente” se conseguían las firmas de los funcionarios autorizados, quienes nunca se preguntaban por qué cada semestre aumentaba el número de tarjetas verdes.

María Miller, empleada de Previsión Social, tenía a su cargo el sello que autentificaba las tarjetas verdes, ganaba no menos de 100 pesos diarios por sellar el “sobretiro”, 40 por 1.

Las denuncias no pudieron ocultarse más y debía “hacerse algo” y se hizo. Agentes de la PGR entraron una ocasión al domicilio de Alberto Núñez Álvarez, del “Bloque Revolucionario Mexicano”, y lo levantaron de su cama, ante el azoro de su esposa, Guadalupe Tamayo de Núñez.

El joven defraudador por poco se desmaya, (había conseguido un amparo en el Juzgado Segundo de Distrito), por la sorpresa, pues alguien le había dicho que “era fácil conseguir impunidad por el fraude”.

La esposa declaró que Alberto Núñez no debía estar incomunicado, “pues lo único que hizo fue servir como intermediario entre SENADORES Y DIPUTADOS y la Secretaría del Trabajo, para presentar candidatos a braceros”.

La señorita Miller por no se supo qué influencias, (Relaciones Exteriores, Secretaría del Trabajo, Congreso de la Unión, Senado de la República tal vez), logró salir rápidamente de su celda federal y otros funcionarios inmediatamente fueron ”comisionados” en otras entidades del país para evitar su aprehensión.

Para el 23 de diciembre de 1944, se calculaba que se habían vendido por lo menos 30,000 de cada sobretiro de 40,000 tarjetas verdes y el escándalo opacó en México la noticia del suicidio de la hermosa actriz mexicana Lupe Vélez, quien fue esposa de Johnny Weismuller, “Tarzán”, misma que dejó voluntariamente este mundo a fines de ese mes.

En la investigación federal se mencionaban los nombres de funcionarios de la Secretaría del Trabajo, empleados de la misma, agentes de la Jefatura de Policía y ayudantes de varios diputados del Distrito Federal. Aparte, había nombres de choferes, mozos, amigos, familiares de, todos acusados de  vender tarjetas verdes, sobretiro de documentos, uso indebido de sellos oficiales, uso de documentos clonados y enorme fraude. El “coyote” Victorio de Anda Ramírez de plano dijo que “se arreglaba con braceros que ya habían regresado de Estados Unidos y no tenían derecho de retornar hasta pasado un año o dos”.

–Me daban el total de su fondo de ahorro o sea el 10 por ciento que les descontaban los granjeros norteamericanos. Yo mismo como otros gestionaba la devolución, me quedaba con los billetes, a cambio de otra tarjeta verde reconoció.

Y comenzaron a ser mencionados los nombres de tres diputados, cuyos ayudantes y parientes de éstos estaban “metidos en el asunto de los braceros”.

Tirso Suárez Sandoval, a nombre de un grupo de personas, entregó “dos cheques en blanco” a un funcionario de la Secretaría del Trabajo, para que “no hiciera la consignación del problema a la Procuraduría General de la República”.

Era tarde. Había innumerables pruebas que no podían ocultarse, como el caso de una mujer que vendía tarjetas a 500 pesos, en un llamado “Comité Antinazifascista” que funcionaba en las calles Isabel La Católica.

Tirso Suarez era jefe de una oficina de “selección de braceros” en Santiago Tlatelolco, en poco tiempo se compró dos casas y un auto último modelo, y le fueron congeladas gruesas sumas de dinero. El agente secreto Domingo Munguía Becerra había comprado auto y dos casas, y tenía más de 50,000 pesos en diferentes bancos, cuando su sueldo era de 11, (once), pesos diarios.

Por razones que no se dieron a conocer, el automóvil de José Luis Merino Fernández, de la Secretaría del Trabajo, fue acribillado a tiros, tal vez por venganza relacionada con el tráfico de tarjetas verdes o por algunas promesas incumplidas.

Esperanza González viuda de Ortega confesó que muchos de sus conocidos “recibían radios y otras cosas de quien no tuviera dinero en efectivo, incluso animales de granja”.

César Tosca Centella, ayudante del diputado Carlos Alberto Madrazo Becerra, declaró que se había constituido un “Comité de Distribución de Tarjetas”, integrado por él como presidente y como elementos del mismo a los delegados distritales y líderes de agrupaciones obreras y campesinas, pero que la distribución de tarjetas verdes se hizo “en forma absolutamente gratuita”.

La viuda de Ortega también dijo haber recibido “tarjetas del diputado Sacramento Joffre y que las vendió porque se encontraba en muy difícil situación económica”.

Alfredo Félix Díaz Escobar, “líder del Comité Nacional Antinazifascista”, aseguró haber distribuido “gratuitamente algunas tarjetas”.

Al considerarlos incursos en delitos del orden común, la PGR solicitó orden de aprehensión contra los diputados Pedro Téllez Vargas, Carlos Alberto Madrazo Becerra y Sacramento Joffre. El 16 de enero de 1945 se envió petición a la Comisión Permanente del Congreso para que abriera un período extraordinario de sesiones, a fin de dictaminar sobre la conducta de los tres diputados, “incursos en los delitos de TRAICION A LA PATRIA, negligencia al no vigilar la distribución de las tarjetas, autorización de falsos documentos y abuso de su investidura”.

El 7 de febrero de 1945, exactamente a las 12.35 horas, Madrazo y Joffre ingresaron a Lecumberri, los recibió un tanto afectuosamente Ramón Mercader del Río, mejor conocido como “Jacques Mornard”, asesino del famoso León Trotsky. El diputado Madrazo declaró que el envío de braceros a Estados Unidos se inició en 1942 y “desde entonces era público y notorio que elementos corruptos traficaban con la venta de tarjetas. Desde aquella fecha hasta principios de 1945 se habían expedido 400,000 tarjetas verdes  aproximadamente, de las cuales fueron repartidas 390,000 por la Secretaría del Trabajo.

Ignacio Llergo, antiguo jefe de contratación de braceros en el Estadio Nacional, posee en su casa de Coahuila 221, el archivo más amplio con listas, nombres, datos y cantidades que fueron pagadas en la época de su gestión. Está Calixto Casillas, ayudante del Secretario del Trabajo, Francisco Trujillo Gurría. También aparece Joaquín Vicente Padrón, cuñado de Trujillo Gurría…Félix Pérez Gurría”, añadió.

La Sección Instructora del Gran Jurado, de la Cámara de Diputados, dijo que no había lugar a proceder contra los diputados detenidos, por traición a la patria, “acaso su conducta solamente demostraría que no serían merecedores del cargo que se les confirió, sin que ello pudiera repercutir en descrédito de esta Cámara, del Congreso Nacional o del régimen que nos gobierna. Reiteramos nuestra confianza en que demostrarán su inocencia y vuelvan al seno de la Cámara, reivindicados ante la opinión nacional”. Los diputados recuperaron su libertad…

En fin, queda al criterio de nuestros lectores la interpretación de lo que para nosotros fue una monumental falla histórica: México no defraudó a millones de braceros, quizá muchos de éstos o sus familiares volvieron a “cobrar” dinero que ya se había entregado, y sin embargo, con esa compensación y el apoyo absurdo a migrantes extranjeros, el gobierno volvió a meterse hoy en graves problemas: canceló el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas.

Los afectados suman en este año, 2019, dos millones 71 mil 483 trabajadores, “son nueve millones con sus familias”, denunció el pasado día 11 la reportera Gloria Leticia Díaz, en un trabajo especial para la revista Proceso.

Mientras el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador “atiende con diligencia a los  indocumentados centroamericanos, la situación de los trabajadores mexicanos del campo SE CONVIERTE EN UNA TRAGEDIA NACIONAL”, expresó.

Entre las subvenciones que otorgaba el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas destacaba “la ayuda económica para el arribo a los campos, que era de 800 a 1,150 pesos por familia y las becas ascendían hasta 650 pesos por hijo”, afirmó Gloria Leticia Díaz.

El Programa y otros fueron recortados por el actual gobierno, según declaración pública de la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, el 17 de enero próximo pasado, y cuatro días después, en entrevista para La Jornada, explicó los defectos de los apoyos sociales y su aplicación: “SE DESCONOCE QUIÉNES SON Y DÓNDE VIVEN LOS BENEFICIARIOS y el programa obedeció mucho al apoyo de los más ricos”, comentó la funcionaria.

Para Celso Ortiz Marín, universitario sinaloense, el gobierno de la 4T está dejando fuera a los sectores altamente vulnerables, como los trabajadores agrícolas, “que son ciudadanos invisibles PORQUE MUCHOS DE ELLOS NO TIENEN ACTA DE NACIMIENTO NI CREDENCIAL DE ELECTOR”.

La mirada está puesta “en los centroamericanos, en los que se van a Estados Unidos. No existe una mirada hacia los migrantes internos que salen de sus comunidades por pobreza. Al menos la mitad de la mano de obra proviene de las entidades más empobrecidas como Chiapas, Veracruz, Guerrero y Oaxaca”, agregó.

La pregunta parece obligada: si muchos de los trabajadores agrícolas antes beneficiados con viáticos y becas para sus hijos, no tienen acta de nacimiento y credencial de elector, ¿cómo se controlaban los recursos millonarios? Tal vez por haberse descubierto “algo”, fue que se apartó de los planes del Presidente Andrés Manuel López Obrador a millones de agricultores y sus familias, en lo que se convierte en una tragedia nacional.

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