Hoy Escribe Ricardo Ravelo

EL DELATOR EMILIO LOZOYA, CASI UN REY PARA LA 4T

Ricardo Ravelo / Sol Quintana Roo

–Es el único testigo en la historia que ha gozado de tantos privilegios por incriminar a quienes fueron sus cómplices en el saqueo del país.

En 1996, la Procuraduría General de la República estrenó el programa de testigos protegidos, una herramienta que sirvió para enfrentar al crimen organizado, el cual se basaba en la obtención de información privilegiada, proveniente de capos y sicarios, con el fin de conocer el “modus operandis” de las organizaciones criminales.

En aquel tiempo, el programa trató de ser una copia del que ya operaba en Estados Unidos; poco a poco se fue perfeccionando, después de su aprobación para sumarlo al marco legal que se había reformado para enfrentar el flagelo del narcotráfico.

Hubo golpes espectaculares, uno de los más escandalosos fue, por ejemplo, el llamado Maxiproceso que se integró en contra del cártel de Juárez que a finales de los años noventa era la organización más poderosa del país.

Fue en ese proceso cuando la PGR solicitó la captura de Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, entonces acusado de estar ligado al cártel de Juárez a través; también se le acusó de lavar dinero del narcotráfico.

En toda aquella etapa de esplendor del programa de testigos protegidos no se conoce a ninguno que haya gozado de tantos privilegios como ahora los disfruta el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien libró la prisión preventiva después de negociar con la Fiscalía General de la República que, a cambio de que su familia dejara de ser perseguida, él hablaría lo que sabe sobre la corrupción desplegada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Su testimonio concretamente se centra en los pagos –o sobornos –que hizo la empresa brasileña Odebrecht para la campaña de Peña Nieto y obtener contratos de Pemex, así como los que hizo a las cuentas personales que Lozoya tiene en Europa y que, según la FGR, ascienden a unos diez millones de dólares.

Durante la etapa del programa de testigos protegidos creado en 1996, les decía, no existe un solo testigo protegido, convenido o colaborador, como ahora le llaman con base en la nueva figura, que haya gozado de tantas canonjías como Emilio Lozoya.

Recuerdo, por ejemplo, el caso de Jaime Olvera Olvera , un miembro del cártel de Juárez que declaró en contra de Amado Carrillo y de buena parte de los miembros que conformaban el grupo criminal; este testigo estuvo preso, luego que se acogió al programa le otorgaron una escolta, pero hasta ahí.

El mismo trato recibió Tomás Colsa McGregor, el joyero del narco, asesinado luego de que la PGR, sin explicación alguna, le retiró la escolta que lo protegía. Fue asesinado al bajar de un autobús del servicio urbano.

Y así se pueden enumerar a decenas de criminales que pasaron por el programa de testigos protegidos; no existe ningún caso, por ejemplo, donde hayan llevado a cabo un cambio de identidad, como medida extrema de protección. Una cosa si fue clara en ese tiempo: todos los testigos colaboradores o protegidos pisaron la cárcel.

En el caso de Emilio Lozoya –un criminal de cuello blanco, delincuencia organizada al fin –el gobierno de la Cuarta Trasformación ha incurrido en verdaderos excesos: con el objetivo de escandalizar y de montar un verdadero show ha excedido su trato de amabilidad y deferencia en favor de Lozoya.

Primero evitan que pise la cárcel, lo internan en un hospital privado, desde donde rinde sus primeras declaraciones; existe una elevada posibilidad de que no sea procesado por delincuencia organizada ni por lavado de dinero. El único delito que le quedaría sería el de cohecho, por el que puede alcanzar la libertad sin mayores problemas una vez que termine su papel como testigo colaborador estelar de la FGR.

Hace unos días comenzó a declarar que el gobierno de Peña Nieto pagó cien millones de pesos para que diputados y senadores aprobaran la reforma energética.

Mencionó nombres. Varios senadores y un diputado que, ahora, están en la mira de la FGR.

Dijo que todo esto lo acordaron Peña Nieto y Luis Videgaray, éste, en su papel de Secretario de Hacienda y Crédito Público.

Con base en lo que declaró Lozoya, el fiscal Alejandro Gertz Manero dijo que, de la denuncia de hechos que presentó el exfuncionario federal pueden desprenderse imputaciones graves en contra de los exfuncionarios señalados, incluido el expresidente Peña Nieto.

Por lo pronto, Gertz Manero expuso en una conferencia de prensa que analizarán las declaraciones de Lozoya y las pruebas que aportó –algunos documentos y un video –para determinar si procede imputar algún delito a los exfuncionarios señalados en la declaración.

Mientras tanto Lozoya, en su calidad de testigo colaborador, sigue bajo el aura de los privilegios oficiales, haciéndole el “caldo gordo” al gobierno de López Obrador, quien desde su púlpito presidencial pide a la sociedad que siga el caso Lozoya. Es parte de la campaña mediática que ha montado la presidencia de la República para reforzar su debilitado papel, la falta de resultados en temas torales como la inseguridad pública, la crisis económica y el mal manejo de la pandemia.

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