*Las acciones de AMLO confirman su tendencia a la concentración excesiva del poder y su uso discrecional. Su gobierno más que reflejar una etapa progresiva de transformación, exhibe un presidencialismo autoritario. El evento de este 15 de septiembre será considerado como el Grito de la Dictadura lopezobradorista.

*En su discurso como presidente electo del 8 de agosto de 2018, López Obrador prometió que respetaría los poderes legalmente constituidos y los órganos autónomos. “El Ejecutivo no será más el poder de los poderes ni buscará someter a los otros”, fueron sus palabras, mismas que se han convertido en letra muerta.

*El respaldo mayoritario que le dio la legitimidad democrática lo ha conducido a ignorar la legalidad y las leyes que emanan de la Constitución, como si su victoria en las urnas se hubiera traducido en un cheque en blanco para cometer todo tipo de atropellos y abusos en perjuicio de millones de mexicanos.

STAFF SOL QUINTANA ROO/SOL YUCATÁN/LA OPINIÓN DE MÉXICO

Ciudad de México.- La copiosa votación que le dio la Presidencia de la República y con ello la indiscutible legitimidad de su victoria, ha sido utilizada por el presidente López Obrador para pisotear la Constitución y las leyes, como si los 30 millones de mexicanos que votaron por su proyecto de gobierno le hubieran otorgado un cheque en blanco.

Las políticas y acciones llevadas a cabo por AMLO a lo largo de su administración, configuran una tendencia obsesiva cuyo propósito es la concentración y centralización del poder y su ejercicio discrecional. Eliminar contrapesos de todo tipo ha sido una de sus finalidades desde que asumió la Presidencia.

En medio de un país sumido en una de las crisis más severas de su historia reciente que abarca el ámbito económico, sanitario y de seguridad, López Obrador dará este 15 de septiembre el Grito de la Independencia, que para millones de mexicanos significará el Grito de la Dictadura lopezobradorista.

AMLO encabezará la ceremonia en el zócalo de la Ciudad de México con medidas especiales por la pandemia de Covid-19.

Se tiene programado que el evento ocurra este martes 15 de septiembre a las 23:00 horas y será transmitido por televisión y en las redes sociales del gobierno federal.

Para tal fin, el gobierno de la Ciudad de México ordenó que sean cerrados los accesos hacia el zócalo capitalino con el objetivo de evitar la asistencia de personas. Los bloqueos se mantendrán hasta las 14:00 horas del miércoles 16 de septiembre, cuando se realizará el desfile militar a partir de las 10:00 horas, pero sin público.

La administración lopezobradorista se ha caracterizado por implementar una serie de medidas que buscan incrementar de manera exponencial el poder presidencial, eliminando contrapesos, acotando a organismos autónomos e independientes, denostando a medios de comunicación y periodistas críticos, y ejerciendo un control absoluto sobre los poderes Judicial y Legislativo.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad realizó un análisis de las políticas y acciones adoptadas por el presidente López Obrador, concluyendo que la mayoría definen una tendencia cuyo propósito es la concentración y centralización de poder en la figura presidencial y su ejercicio discrecional.

Dicha tendencia busca imitar el presidencialismo mexicano de hace medio siglo.
El gobierno de AMLO se ha caracterizado por su descarada desobediencia de las leyes y el uso de instituciones públicas como medios de gratificación política.

Algunas de las acciones del gobierno de la Cuarta Transformación que se traducen como actos de regresión constitucional, son la ampliación de la prisión preventiva por medio de modificaciones a la Ley Reglamentaria del artículo 19 constitucional, la propuesta (sin éxito del senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila) de concentración de organismos constitucionales autónomos, el embate a la autonomía presupuestaria de dichos organismos por medio de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y la Ley de Austeridad Republicana y el decreto que militariza la seguridad pública.

Muchas de sus acciones pueden considerarse como actos de regresión constitucional: la puesta en marcha de políticas restrictivas para las energías limpias y renovables, el memorándum emitido a secretarios de Estado ordenando la no aplicación de la Ley General de Educación, el debilitamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por medio de una titular a modo que no cumple con los requisitos legales, así como el bloqueo de cuentas bancarias como arma política sin debido proceso ni control judicial, son algunos de los ejemplos.

A todas luces es notorio que para el presidente López Obrador los organismos autónomos e independientes le son incómodos, no pierde oportunidad en su discurso mañanero para calificarlos de costosos e inútiles, y como muestra están sus frecuentes ataques al Instituto Nacional Electoral (INE).

Los embates cada vez más directos de AMLO hacia los órganos autónomos, amenazan con romper el protocolo que acompañó a la transición de gobiernos anteriores y saca a la luz pública su ambición de concentrar más poder utilizando como pretexto la llamada austeridad republicana.

Aunque la embestida ha sido hasta este momento solamente parte de su retórica, ha dado muestras inobjetables de querer pasar a acciones muy concretas, planteando la posibilidad de desaparecer algunas de estas instituciones.

Las acciones del Presidente están enfocadas en eliminar todo tipo de contrapesos, lo cual no es representativo de un Estado que se jacte de ser constitucional y democrático, sino de una dictadura similar a las existentes en países como Venezuela y Cuba.

En los hechos, México ganó con la creación de los órganos autónomos porque se dispone de datos acerca de la inflación, de los índices de pobreza, del nivel vida, del estado que guarda la economía, del desempleo, de la seguridad, de cuánto dinero circula, e incluso, se ha ciudadanizado el conteo de los votos cuando se llevan a cabo elecciones.
El surgimiento de estos órganos ha sido de forma gradual. En la década de los 90 fueron creados el Banco de México, el Instituto Federal Electoral (antecesor del INE) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

De 2000 a 2010, surgieron el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE).

A los órganos anteriores hay que agregarle que en la última década fueron creados el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) y la Fiscalía General de la República.

En la agenda del presidente López Obrador se ha planteado la supresión de estos órganos, basándose en su plan de austeridad republicana mediante el cual se propone extinguirlos.
A juicio de expertos, la reducción de las autonomías constitucionales o la subordinación de estos órganos es un mensaje nocivo para la democracia.

No quiere a la prensa

Contra los medios de comunicación también ha emprendido una dura campaña de desprestigio y ataques, criticando el papel que desempeñan reporteros, periodistas, columnistas, editorialistas y todo aquel que manifieste su desacuerdo con su forma autoritaria y dictatorial de gobernar.
Desde el primero de diciembre de 2018, López Obrador le dio un giro radical a la relación que los anteriores gobiernos habían mantenido con los medios de comunicación.
La política de comunicación del gobierno de AMLO ha generado infinidad de problemas, en particular por el tono hostil que utiliza para contestarles a algunos periodistas críticos con su administración.
El pasado 8 de septiembre, en su habitual conferencia mañanera, AMLO arremetió contra las revistas Nexos y Letras Libres, de las que afirmó que como antes recibían millones de pesos en publicidad y con su gobierno esos contratos se acabaron, “por eso están enojados los intelectuales”.
Con un manejo autoritario de la conferencia mañanera, de manera por demás inesperada, AMLO solicitó que fueran mostradas facturas de pagos que recibían grupos como Nexos, identificando a Héctor Aguilar Camín, así como Letras Libres-Editorial Clío, de Enrique Krauze.
Ese día sus señalamientos y acusaciones fueron para los medios de comunicación en general, aunque de manera muy particular se refirió también al otorgamiento de un crédito de 100 millones de dólares al periódico El Financiero, que fue mencionado –dijo AMLO- en la denuncia interpuesta por Emilio Lozoya sobre delitos del sexenio pasado.
La confirmación de ese crédito al citado diario es el primero en darse a conocer, pues este tipo de información es de carácter confidencial por ser secreto bancario.
La información sobre Letras Libres y Nexos, fue planteada como algo exclusivo y desconocido, aunque en realidad este tipo de contratos y montos ha sido documentado por organizaciones ciudadanas como Fundar-Artículo 19, y publicada cada año en el semanario Proceso añadiendo búsquedas al sistema Compranet.
Letras Libres sumó 90.4 millones de pesos en contratos de diversos servicios, así como 74.5 millones en publicidad, entre 2006 y 2018.
En el caso de Nexos, sus ingresos suman 140 millones de pesos en el mismo período, de los cuales 87 millones corresponden a publicidad.
Si bien las cifras son millonarias, comparadas con las que recibieron otros medios son realmente inferiores: Televisa y sus diferentes servicios (televisión, editorial e internet) obtuvo contratos por seis mil 929 millones de pesos y TV Azteca tuvo ingresos cercanos a los cinco mil 320 millones de pesos; y Grupo Imagen consiguió cerca de cuatro mil millones durante el sexenio de Peña Nieto.
Actualmente, México es una de las naciones más mortíferas para el ejercicio periodístico en el occidente. Con una violencia en aumento, la situación preocupa a las organizaciones de Derechos Humanos, que le exigen mayor compromiso al gobierno de AMLO.
El mandatario ha utilizado expresiones despectivas como “el hampa del periodismo” o “prensa fifí”, para desprestigiar, principalmente, a medios que él llama conservadores, aunque en realidad su ignorancia es de tal magnitud que no se percata que el conservador es él al pretender regresar a un sistema presidencialista de los años setenta, cuando el PRI ejercía el control absoluto de los tres Poderes de la Unión, se carecía de órganos autónomos y la figura presidencial era intocable por los medios de comunicación.
En ocasión anterior, el Presidente fue duramente cuestionado por haber solicitado al diario Reforma que revelara sus fuentes después de que el medio de comunicación publicara la carta privada que López Obrador envió al rey de España, en la que éste pedía a la Corona Española que se disculpara por los crímenes cometidos durante la Conquista.
Pedirle a un medio que revele sus fuentes es un desconocimiento pleno de la labor periodística y su compromiso con el derecho a la información de los ciudadanos frente a los intereses del poder, sin duda, pero también es una muestra que el Presidente ve a la prensa como un adversario político y de hecho así lo ha manifestado abiertamente.
Todas estas actitudes y desplantes de AML0, sumadas a una sistemática narrativa de deslegitimación, se vuelven alarmantes, sobre todo porque las palabras del mandatario son vistas por sus seguidores fanáticos como una verdad absoluta, alentando campañas de desprestigio contra la prensa, algo que se traduce en agresiones en las redes contra periodistas y críticos del lopezobradorismo.
Aunque por el momento esa violencia en las redes sociales no se ha traducido en atentados físicos contra reporteros y columnistas, son cada vez más las voces que consideran que ese discurso presidencial, además de ser indigno de un jefe de Estado, alienta la inseguridad en la que los comunicadores ejercen su labor periodística.
Según Reporteros sin Fronteras, a excepción de los Estados en guerra, México es el país más mortífero para aquellos que ejercen el periodismo.
En vísperas de su arrolladora victoria electoral, López Obrador aseguró que bajo su mandato, México no viviría más asesinatos de periodistas.
La llegada de AMLO a la Presidencia de la República abrió las puertas de acceso a la sala del poder a un movimiento masivo (30 millones de mexicanos que le dieron su voto) que estaba harto de la corrupción, los despilfarros y la ostentosidad que caracterizó a gobiernos anteriores.
Sin embargo, lejos de aprovechar tal cantidad de votos para avanzar hacia la consolidación de un proyecto de nación a la altura de un mundo globalizado, el presidente López Obrador ha estado enfocado en un discurso que alienta la división de los mexicanos, desatendiendo los problemas torales que aquejan al país.
La Independencia, la Reforma y la Revolución, fueron las tres grandes transformaciones y cada una desplazó a la anterior mirando siempre hacia adelante, pero el gobierno de la 4T está decidido a volver al régimen de los años setenta en que había que postrarse ante el Presidente de México.

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