*El proyecto dictatorial de gobierno del presidente López Obrador está prendido de alfileres. Dividido y con pugnas internas, su partido Morena difícilmente podrá conservar la mayoría en el Congreso en las elecciones de 2021, lo que le restará margen de maniobra para impulsar leyes que consoliden sus sueños feudales.

*Las próximas elecciones se concentrarán en arrebatarle a Morena y sus aliados la mayoría en la Cámara de Diputados. Si bien la oposición prepara alianzas para enfrentar al partido en el poder, AMLO está tomando un papel protagónico al sembrar desde este momento dudas sobre la legalidad el proceso electoral.

*Los coordinadores parlamentarios de Morena en el Senado y en San Lázaro reconocen que la batalla electoral del próximo año será bastante difícil, sobre todo porque López Obrador no aparecerá en las boletas. El electorado le cobrará al Presidente su pésima gestión de la pandemia del Covid-19 y los efectos de la crisis económica.

STAFF SOL QUINTANA ROO

Ciudad de México.- En escasos dos meses dará inicio la contienda electoral de 2021 en la que estarán en juego más de 21 mil cargos de elección popular, entre ellos 15 gubernaturas y la renovación de la Cámara de Diputados, aunque lo más relevante es que se pondrá en el tablero de ajedrez la continuidad de la Cuarta Transformación.

En estos momentos el escenario político se encuentra sumamente dividido y para muchos actores se están gestando nubarrones que pueden desencadenar una lucha facciosa, debido en gran parte a las frecuentes acusaciones y señalamientos del presidente López Obrador a los líderes de oposición, cúpulas empresariales y organismos de la sociedad civil que difieren de su forma de gobernar.

Las elecciones del ‪6 de junio de 2021‬ se llevarán a cabo en un México dividido como nunca antes en la historia reciente.

La confrontación ha sido el eje del discurso del Presidente, quien está peleado con los partidos y gobernantes de oposición, con el sector empresarial, líderes de opinión e intelectuales, los medios de comunicación y organizaciones civiles.

En el 2006, AMLO dijo que se había cometido fraude en la elección presidencial al resultar ganador Felipe Calderón, y hoy como Presidente asume un papel protagónico al asegurar que se convertirá en “guardián” de las elecciones del 2021, declaraciones que en un escenario nada favorable para su partido se antojan a una negación anticipada si los resultados no le favorecen  a Morena.

Advirtió que denunciará sin titubeos y con firmeza cualquier intento de fraude electoral en los comicios de 2021.

“Consideraré que mi principal deber es facilitar la libre manifestación de la voluntad popular. Voy a ser el principal defensor y amigo de las libertades del pueblo”, dijo al señalar que lo hará con el mismo criterio que tuvo el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero.

Con esas expresiones, AMLO desacredita las atribuciones constitucionales y legales de los órganos electorales como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Las elecciones de 2021 no solamente son las más grandes de la historia del país por el número de cargos a elegirse (más de 21 mil)  y los 95 millones de electores que acudirán a las urnas a votar, sino que serán las primeras en las que se podrán reelegir los diputados federales.

Sin embargo, la batalla se concentrará en revertir la mayoría legislativa con la que cuentan Morena y partidos aliados en la Cámara de Diputados, pues de perder la presencia que tiene actualmente, el proyecto de gobierno dictatorial del presidente López Obrador enfrentará todo tipo de obstáculos en el Poder Legislativo al no poder manipularlo de la manera que lo ha hecho durante la presente legislatura.

De seguir la misma ruta por la que ha transitado el partido en el poder caracterizada por la división, la disputa, el cacicazgo, las tribus y los intereses de grupo, Morena llegará al día de las elecciones debilitada y será sepulturero de su propia tumba.

A unos meses del arranque de los comicios, Morena continúa entrampado en una disputa interna de casi un año por la dirigencia nacional, además de que las peleas internas no le han permitido formar estructuras electorales en por lo menos cinco entidades.

Las diferencias son de tal nivel que las cúpulas morenistas aún no se ponen de acuerdo en la naturaleza de la encuesta que se deberá aplicar para elegir presidente y secretario general.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la dirigencia interina a cargo de Alfonso Ramírez Cuéllar, levantar una encuesta abierta, pero no está claro el alcance del término, es decir, si deberá aplicarse sólo entre la militancia o abrirse a la ciudadanía en general.

El pasado 1 de julio, el TEPJF declaró que la actual dirigencia ha incumplido con la orden de renovar sus órganos de dirección, por lo que le hizo un llamado a realizar la ejecución antes de que inicie el proceso electoral.

Al respecto, Ramírez Cuéllar dijo que Morena acatará el fallo del Tribunal Electoral para renovar a la dirigencia nacional, pero que los militantes deberían ser quienes elijan a sus representantes.

El exdiputado federal aseguró que la elección no debe abrirse al público porque podrían participar integrantes de otros partidos políticos.

“Vamos a cumplir a plenitud con la sentencia del Tribunal, de eso nadie debe tener absolutamente ninguna duda, lo único que queremos es que no nos arrebaten el derecho que tienen los militantes para elegir a sus dirigentes. No puede ser el pueblo en general, porque ahí también están los priistas y panistas; los costumbristas y los conservadores, ellos no tienen por qué meterse a la vida interna de nuestro partido”, señaló.

“Morena tiene que elegir a sus candidatos, no va a ser el poder del dinero ni de la fama efímera quien nos represente en los Poderes de la Unión ni en los espacios legislativos, ni tampoco en las responsabilidades administrativas”, aclaró Ramírez Cuéllar.

El partido se abrirá a un debate entre su militancia, misma que reclama candidatos con solvencia moral para participar en los próximos comicios.

Cabe recordar que Morena emitió una convocatoria para realizar el proceso interno, el 27 y 28 de junio pasados, pero el partido decidió suspender toda actividad electoral hasta que pasara la contingencia sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19.

Difícil mantener la mayoría

Sin embargo, el padrón morenista se encuentra en litigio judicial, pues fue impugnado por los propios militantes por no ser confiable; en consecuencia, el Tribunal Electoral ordenó depurarlo, pero esta resolución no la cumplió Yeidckol Polevnsky cuando fue presidenta en funciones, ni tampoco la ha cumplido Ramírez Cuéllar como presidente interino.

Para el coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado Carrillo, los morenistas deben reorganizarse y dejar los tribunales para ganar las elecciones del ‪6 de junio de 2021‬, pues uno de los mayores retos es mantener la mayoría en el Congreso.

En ese mismo sentido se pronunció el coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal Ávila, quien advirtió a la militancia de su partido, no lanzar las campanas al vuelo, pues la victoria de 2021 no está segura para nadie y el desafío para su movimiento será mayor.

Reconoció que ganar la mayoría legislativa, así como de las entidades federativas y la mayoría de los puestos de elección popular en disputa, es una tarea que ahora les resultará más pesada, porque no estará en las boletas el nombre de Andrés Manuel López Obrador.

Los coordinadores parlamentarios de Morena en el Congreso de la Unión advirtieron que la única manera de ganar las elecciones de 2021 y demostrar que son un partido fuerte es con unidad.

No obstante, la unidad no parece abonar en el partido en el poder y todo indica que es la herencia que le dejó el perredismo, misma que fluye por sus propias venas: las tribus y los cotos de poder.

En estos momentos, por lo menos seis grupos políticos se pelean el poder al interior de Morena, escenario que se refleja en algunos Congresos estatales, como son los casos de Baja California Sur y la Ciudad de México.

El partido más importante de México se encuentra sumido en una crisis de unidad difícil de superar y ello podría significar su derrota en las próximas elecciones, poniendo en riesgo la continuidad del proyecto lopezobradorista.

En esta atmósfera en la que las expectativas parecen no ser muy favorables para Morena, el presidente López Obrador pretende entrometerse en las elecciones del año entrante como lo ha dejado en claro en sus conferencias mañaneras y en sus repetidos informes, acciones que representan un ataque al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Al erigirse guardián de las elecciones de 2021, el Presidente desacredita las atribuciones constitucionales y legales de los órganos electorales y descalifica anticipadamente el trabajo de miles de ciudadanos que voluntariamente participarán en la organización de los comicios.

Las intenciones del inquilino de Palacio Nacional, además de ser ilegales, invocan a los tiempos del viejo PRI cuando el Presidente era el árbitro electoral y controlaba las elecciones desde la Secretaría de Gobernación.

En lo que va de su administración, AMLO ha realizado más de 40 reformas, acciones legislativas y actos administrativos que han debilitado el Estado de Derecho, lesionado los derechos humanos y degradado las instituciones.

Al inicio de su administración fue trastocada la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, hubo reformas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Fiscalía General de la República.

AMLO ordenó la cancelación de los contratos, convenios, adquisiciones y operaciones relacionadas con el proyecto del aeropuerto de Texcoco, con lo que se socavó la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros y provocó cuantiosos daños a la economía del país.

Durante 2019, otras acciones contra el Estado fueron la desaparición del Instituto Nacional del Emprendedor, la eliminación del Consejo de Promoción Turística, la extinción del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, reformas al sistema de ahorro para el retiro con el cobro de comisión adicional y dejar que el mercado fije los rendimientos que obtendrán las AFORES.

Igualmente se reformaron los artículos 116 y 127 constitucionales, con lo que se quebranta la división de poderes, pues se sitúa al Ejecutivo por encima del Legislativo y Judicial, así como de organismos autónomos; desaparecieron el Seguro Popular y sin lograr la mayoría calificada necesaria se impuso ilegalmente a Rosario Piedra Ibarra como titular de la CNDH, siendo que ella militaba en Morena y ese organismo debe ser totalmente autónomo.

Otro atentado a las instituciones fue el nombramiento de cuatro comisionados de la Comisión Reguladora de Energía y se dejó sin efecto la reforma educativa, entre muchas otros.

Ahora el Presidente tiene en la mira otra institución: el Instituto Nacional Electoral.

Este organismo, así como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, son los verdaderos guardianes del proceso electoral, y en ellos está depositada la confianza de los mexicanos para que sean los árbitros de las elecciones, tal como ocurrió en 2018 cuando el mismo AMLO arribó a Palacio Nacional

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