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Exgobernadores en capilla: entre el narco y la corrupción

  —Faltan dos del PRI y uno del PRD, más lo que se sumen

Ricardo Ravelo/Sol Quintana Roo

De la lista negra de exgobernadores que cayeron en desgracia bajo cargos de narcotráfico y desvío de dinero público faltan dos priistas por caer: Roberto Sandoval Castañeda y César Duarte Jáquez, exmandatarios de Nayarit y Chihuahua, respectivamente.

A la lista podría sumarse Graco Ramírez, de prosperar las denuncias en su contra por peculado, enriquecimiento ilícito, entre otros, que interpuso la Fiscalía Anticorrupción de Morelos. Pero el tabasqueño parece estar muy quitado de la pena bajo el manto protector del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, otro que también podría meterse en serios problemas al término de su mandato por presuntos malos manejos financieros.

            Roberto Sandoval resultó ser un pillo de siete suelas: de haber sido alcalde de Tepic saltó a la gubernatura de Nayarit y se encumbró entre los hombres más ricos de México. Toda su fortuna –se asegura –la amasó desviando dinero del erario público, realizando negocios al amparo del poder y, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, aliándose al Cártel de Jalisco Nueva Generación.

            De acuerdo con las investigaciones estadunidenses, Sandoval creó una red de empresas en la que vinculó tanto a familiares como a sus amigos y compadres para lavar dinero del narcotráfico y recursos que, a través de las compañías, desvío del gobierno del estado. Entre el grupo de presuntos criminales aparece su esposa, Ana Lilia López Torres y el ministro Isidro Avelar Gutiérrez, a quienes los órganos de investigación estadunidenses ligan con el cártel que dirige Nemesio Oseguera. La Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, ha confirmado estos datos y aseguró recientemente que en México se investigan las triangulaciones de dinero realizadas por Sandoval y sus testaferros, así como el origen de esos fondos que, de acuerdo con el Departamento del Tesoro, provienen del tráfico de drogas.

            Roberto Sandoval fue impulsado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto y se convirtió en uno de sus protegidos. También fue considerado “un nuevo rostro del PRI” cuando Peña presumía que su partido se fortalecía con el arribo al poder de una nueva generación de priistas, entre quienes también figuraban Roberto Borge y Javier Duarte, exgobernadores de Quintana Roo y de Veracruz, respectivamente.

            Pero Sandoval atrajo los reflectores nacionales e internacionales cuando fue capturado en Estados Unidos Édgar Veytia, un miembro del crimen organizado que despachaba en Nayarit como fiscal del Estado y que convirtió a esa entidad en un infierno.

            Existen más de mil testimonios que incriminan a Veytia y que sostienen que el exfiscal ordenaba el secuestro de empresarios que eran sometidos a tortura para que cedieran sus propiedades. Luego, Veytia ordenaba a nombre de quien quedarían ranchos, casas, haciendas…

            Veytia, según los expedientes, ya trabajaba para el Cártel de Jalisco.

            Tras su captura, el Departamento del Tesoro enderezó varias investigaciones y se adentró a la madeja de complicidades que tejió Roberto Sandoval para lavar dinero tanto del narcotráfico como del que era desviado del gobierno del estado.

            Para ello, Sandoval construyó un andamiaje de empresas y a través de esas firmas amasó una fortuna descomunal: compró casas, ranchos, caballos pura sangre, ganado de alto registro; se hizo de negocios, aunque él siempre dijo que era un hombre que vivía del campo y del ahorro familiar. Sandoval puede caer en prisión de un momento a otro, pues ha interpuesto amparos para suspender las investigaciones en su contra, pero le han sido negados.

            En la misma circunstancia está César Duarte, quien es señalado de un desvío superior a los 1, 500 millones de pesos, entre otros negocios, en la compra de ganado en el extranjero para lo cual se asoció con Roberto Sandoval.

            Duarte Jáquez fue gobernador de Chihuahua de 2010 a 2016. Cuando estaba por concluir su mandato tronó una investigación federal que lo vinculó al lavado de dinero, delincuencia organizada y al fondeo de dinero para financiar las campañas del PRI, para cuyos fines se utilizaron fondos públicos previamente enviados desde la Secretaría de Hacienda por Luis Videgaray.

            En esta red de financiamiento a las campañas priistas habrían participado varios gobernadores del PRI: Roberto Borge, Javier Duarte, César Duarte y Roberto Sandoval, pues en todos los casos –según sostienen las acusaciones –se utilizó el mismo modus operandis. Extrañamante, ninguno de los exmandatarios está acusado de delito electoral. El único vínculo para enderezar esa acusación era Alejandro Gutiérrez –entonces secretario General del PRI en tiempos de Manlio Fabio Beltrones –quien era el encargado de recibir el dinero en efectivo, según las denuncias. Actualmente está en libertad.

            Recientemente, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, como si le estuviera enviando un mensaje a César Duarte, dijo abiertamente que los órganos de inteligencia están trabajando en la confirmación respecto de si el exmandatario de Chihuahua está escondido en Albuquerque, Nuevo México.

            En medios nacionales apareció una fotografía en la que aparece César Duarte sin barba y sentado en la barra de un bar con un tarro de cerveza servido. De acuerdo con esa nota periodística, Duarte está refugiado en Nuevo México. Lo que sí se sabe y no de ahora es que siempre estuvo en el Valle de Texas. Y que si no se le detenido es porque el Estado mexicano no ha querido hacerlo. ¿Qué negocian? Ya se sabrá.

            Es obvio que, si ya fue ubicado en ese lugar, César Duarte se moverá de sitio a fin de evitar ser capturado. De ser aprehendido César Duarte, se reactivaría la investigación que también implica en presunto delito electoral al exgobernador de Sonora y expresidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, paisano de Alfonso Durazo, por cierto, y hermanos políticos debido al vínculo que los unió con Luis Donaldo Colosio.

            César Duarte enfrenta cargos por peculado, lavado de activos, entre otros cargos, en el estado de Chihuahua. En el sexenio pasado, los implicados en delito electoral maniobraron en las altas esferas del poder a fin de que el caso no fuera atraído por la Federación. Y así fue. Los cargos que enfrenta Duarte Jáquez corresponden al fuero común.

            Estos exmandatarios priistas terminaron sus respectivos gobiernos en medio de turbulencias, acusaciones de corrupción, delincuencia organizada, entre otros delitos.

            Pero no sólo los priistas están en la picota: también el perredista Graco Ramírez –quien se autodenominó un gobernador de la izquierda progresista –está en serios problemas.

            La Fiscalía Anticorrupción de Morelos ha integrado una decena de carpetas de investigación en su contra que implican a sus principales colaboradores por desvío de recursos, malversación de fondos, enriquecimiento, obras inconclusas, contratos leoninos y hasta delincuencia organizada.

            Al término de su mandato, el perredista se refugió en Quintana Roo no sin antes enviar como avanzada a su exjefe de seguridad pública, Alberto Capella, quien carga con señalamientos de haber protegido a Santiago Mazari, “El Carrete”, jefe del cártel de “Los Rojos”.

            Graco Ramírez, de acuerdo con el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, irá a la cárcel. Recientemente, el exfutbolista del América dijo: Graco va a caer”, aunque antes había dicho que al exgobernador se le protegía desde el más alto poder del país.

            Y es que el señalamiento de Blanco no es descabellado. Hay que recordar que pocos días antes de la elección del 2 de julio de 2018 el hijastro de Graco Ramírez, Rodrigo Gayosso Zepeda, declinó en favor del candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, al ver que no podían ganar en Morelos.

            Y este hecho puede estar pesando en el retraso de la captura de Graco Ramírez. Lo que es un hecho es que en este caso algo huele muy mal: o Graco pactó con Cuauhtémoc Blanco o bien lo hizo con López Obrador.

            Mientras tanto, el exgobernador de Morelos vive en Cancún bajo la protección del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, otro que por cierto puede enfrentar problemas con la justicia al término de su mandato: existen indicios de que en Quintana Roo hay malos manejos financieros, venta de plazas al crimen organizado, asignación de contratos de obra pública sin licitación y protección a los intereses de Roberto Borge desde el poder.

            Cabe recordar que Roberto Borge fue encarcelado por realizar maniobras financieras y negocios familiares que –se afirma –también está realizando Carlos Joaquín González con terrenos de alta plusvalía y empresas a nombres testaferros.

            Otro negocio es el de la justicia: desde la Fiscalía del Estado se rasuran las carpetas de investigación y se protege a presuntos criminales para que no terminen en la cárcel y con sentencias condenatorias.

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