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FRAUDES MILLONARIOS EN PEMEX

*Si Ignacio de León Martínez, exgerente comercial de Pemex, arrestado en Chile, era extraditado, “tendría que rendir cuentas del fraude por más de 100 millones de dólares

Sol Quintana Roo/Sol Yucatán/La Opinión de México
(Segunda de cuatro partes)

Ciudad de México.- El reportero Ignacio Ramírez informó que si el ingeniero Ignacio de León Martínez, (ya exgerente comercial de Pemex, arrestado en Chile), era extraditado, “tendría que rendir cuentas del fraude por más de 100 millones de dólares cometido contra Pemex en la adquisición de motocompresoras y módulos de compresión de gas para el gasoducto Ciudad Pemex-México-Salamanca-Guadalajara y la Zona de Campeche, de 1977 a 1980 por medio del grupo Crawford”.

Ignacio de León Martínez y Jesús Chavarría García, exgerente de Explotación de Pemex, entonces prófugo de la justicia mexicana, y otros nacionales y extranjeros habían formado un grupo para obtener “comisiones” ilícitas en la compra-venta de equipo y materiales para la descentralizada.

Se obtuvo una lista que enumeraba las cantidades en dólares que cobraba cada quien y se mencionaba, aparte de Ignacio y Jesús, a los ingenieros Eduardo Barrera Rodríguez, Raúl Cisneros González, Enrique García Cuéllar y Adolfo Lastra Andrade, agregaba el reportero Ignacio Ramírez.

En 1982 y 1983, Rogelio López Velarde Quezada, apoderado general de Petróleos Mexicanos, denunció ante la Procuraduría General de la República, también a José Luis Arguelles Sánchez, superintendente de Adquisiciones de la Subdirección de Producción Primaria; Alfredo Pontón Gutiérrez, jefe de Cotizaciones, Graciano Bello Ruiz, subgerente de Producción; Gildardo San Martín Bermant, subgerente de Sistemas de Compresión de la Gerencia de Proyectos y Construcción y Braulio Delgado Rodríguez, adscrito a la Unidad Coordinadora de Firmas de Ingeniería, coludidos directa o indirectamente con Alfonso Barrera Moreno, representante de Crawford.

Entre el primer pedido y un tercero que corrió para efectos de pago, hubo un incremento de 21 millones de dólares como sobreprecio. Para entonces el monto del daño a Pemex era de 73 millones, 270,604 dólares, según peritos contadores de Petróleos Mexicanos y de la PGR.

Los involucrados habían solicitado “cautelosamente” que el dinero de sus “comisiones” fuera depositado en Suiza.Ignacio de León Martínez tenía cuentas en Bancomer, Unibanco, Banco Longoria, Houston National Bank, The First National Bank of McAllen, Texas; International Bank of Commerce, The Laredo National Bank y Lehman Brothers Incorporated.
Se creía que Jorge Díaz Serrano había recibido dinero de proveedores norteamericanos, así como cinco relojes de oro de la marca Rolex King Midas, además de invitaciones por Crawford a su rancho para ir de cacería y donde preparaban las “operaciones”.

El investigador Ignacio Ramírez añadió oportunamente que como contralor general de Pemex, José Fernando Beltrán Martínez Sotomayor, en tiempos de Díaz Serrano como director general de Petróleos Mexicanos, llevó a cabo una revisión de las auditorías interna y externa de la paraestatal y “notó graves anomalías y violaciones, principalmente en los procedimientos de adquisiciones”.

Al comunicarlos a Díaz Serrano no se inmutó, sólo dijo que “su misión era aumentar la producción y las exportaciones y dejaba bajo la responsabilidad de Beltrán Martínez corregir las deficiencias administrativas”.

Otros declarantes en la PGR dijeron que “las maniobras fraudulentas contra Pemex contaron necesariamente con el consentimiento del ingeniero Jorge Díaz Serrano, dada la importancia de los proyectos, el monto de las adquisiciones y la magnitud del equipo”.

Jorge Leipen Garay, director de Sidermex, en su declaración ante la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, el 20 de julio de 1983, afirmó que a principios de 1980, asistió a un desayuno con Díaz Serrano en la casa del licenciado Rubén Figueroa Alcocer, entonces diputado federal, para decirle que Sidermex y el grupo francés Creussot-Loire, uno de los más grandes fabricantes de turbinas, habían formado una empresa paraestatal que era bloqueada por la concesión de múltiples contratos millonarios al grupo Crawford.

Ese consorcio había aumentado sus ingresos de 2 millones 40,000 dólares en 1974 a 187 millones 600,000 dólares en 1979, y sus utilidades habían pasado, en el mismo período, de 189,000 dólares a 9 millones de dólares.

Jorge Díaz Serrano repitió que “en última instancia lo que a él le importaba era que los equipos fueran de buena calidad, que estuvieran en precio competitivo y fueran entregados oportunamente”. Seguidamente, montó en cólera, se levantó y dio por terminado el desayuno.

Rubén Figueroa Alcocer declaró que el 13 de julio de 1983, “el licenciado y senador Hugo Borman Margáin, embajador de México ante los Estados Unidos, señaló que desde 1977 tuvo conocimiento de que el Departamento de Justicia norteamericano había iniciado una investigación de supuestos pagos corruptos a funcionarios de Pemex, pero que en la segunda mitad de 1980, el jefe de abogados de la averiguación le detalló los avances de ella, dio cuenta de las acusaciones al gobierno mexicano y a Díaz Serrano con los nombres de sus principales colaboradores involucrados: Ignacio de León Martínez y Jesús Chavarría García”.

Obviamente, Jorge Díaz Serrano negó cualquier culpabilidad de sus colaboradores, Hugo Borman Margáin le remitió la documentación de la investigación norteamericana, (generalmente consideradas formales, directas y casi infalibles), y Jorge Díaz Serrano volvió a negar cualquier implicación de su personal de confianza en los sobornos.

La averiguación en Estados Unidos culminó con la confirmación de culpabilidad de Charles E. Miller y Gary Dean Bateman, quienes así se declararon en los consulados mexicanos en Los Angeles y Houston, respectivamente.

En México, los principales acusados recibieron información privilegiada y cuando los agentes federales los buscaban…simplemente huyeron hacia la hermana República de Chile, donde, en otra fecha comprometedora, por mera “casualidad”, fue recibido como funcionario diplomático el creador de Los Halcones en México, (Manuel Díaz Escobar, brazo derecho del general Alfonso Corona del Rosal), los mismos que masacraron estudiantes el 10 de junio de 1971, al frustrar una manifestación promovida especialmente por los líderes del 68, que el 3 de junio, (siete días antes de la matanza),regresaron del extranjero, cuando que el pacto que prácticamente les perdonó la vida, era que se “exiliaran” para siempre, a cambio de su libertad. No solamente no respetaron el acuerdo sino que alentaron la manifestación fallida, que volvió a ensangrentar muchos hogares mexicanos.

Así, fueron inútiles los esfuerzos que se hicieron para capturar al par de acusados. De acuerdo con la representación social y con el juez de la causa, el ingeniero Jorge Díaz Serrano, director general de Pemex, “tenía la obligación jurídica de garantizar la correcta aplicación de los fondos de ese organismo.

Por el contrario, persistió en su actitud omisiva y complaciente para que funcionarios de la empresa paraestatal, entre los cuales se contaban sus principales colaboradores, continuaran realizando operaciones fraudulentas para la obtención de lucros indebidos con el incremento de precios que se hacía en la compra de las motocompresoras, módulos de compresión de gas y equipo accesorio”.

El funcionario pudo evitar el fraude de haber usado los medios lícitos que tenía a su alcance, esto es la fiscalización de esas operaciones por la auditoría interna de la institución, la cual estaba a su mando, independientemente de poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes para que investigaran los delitos, pero “lejos de ello adoptó una actitud pasiva encubriendo esos hechos constitutivos del ilícito de fraude”.

En descargo del ingeniero Jorge Díaz Serrano debió consignarse, y al parecer, jamás se hizo, que los documentos que le pasaban a firmar eran profesionalmente falsificados, con sellos, firmas y hasta papel original de las diferentes oficinas que “autentificaban” el papeleo.

¿Cómo podía darse cuenta de que eran documentos apócrifos utilizados para todo, no tanto especialmente para abultar presupuestos, (que es lo de menos en la corrupción que ha dañado legendariamente a Pemex), sino para apoderarse a como diera lugar de la fortuna incalculable que desde hace 81 años pasa por los “controles” de Pemex?

No fue coincidencia que se intentara “callar” mediante conversaciones privadas, (de las que tuvo conocimiento el CISEN y las designó como informaciones especiales relacionadas con “la seguridad del país”), al académico, político y diplomático Hugo Borman Margáin Gleason, quien, alertado por las autoridades norteamericanas, se dio cuenta del increíble fraude de las Mil y Una Noches, perpetrado desde TODOS los niveles de la institución, y obviamente, desde oficinas federales consideradas prácticamente insobornables.

Las investigadoras Carmen Anderson y Marcela Grossgerge se preguntaban en su investigación si el petróleo mexicano era riqueza para pocos y pobreza para muchos.

Fue en el año 1977. Tal vez no se enteraron de las averiguaciones norteamericanas que se hicieron saber directamente al diplomático Hugo Borman, cuyo hijo era catedrático de la UNAM, según se dijo.
Incansablemente, el embajador trató de informar al gobierno, encabezado por Luis Echeverría Álvarez, con quien sostuvo agrias discusiones desde la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el gasto inmoderado—de jeque petrolero árabe, coincidentemente—que realizaba Echeverría en un inacabable periplo populista, y fue forzado antes de abandonar su puesto a decir que la deuda externa y la deuda interna tienen un límite y “ya llegamos al límite”.

Sus discrepancias con la política echeverrista lo llevaron a dimitir el 29 de mayo de 1973. Al saber las tropelías que se cometían en Pemex, intentó advertir a las autoridades y no era escuchado… ¡Cómo lo iban a escuchar si desde entonces el hampa organizada, de cuello blanco y de otros colores, comenzaba a apoderarse de Pemex!
Se juraba en medios policiales, especialmente en el Servicio Secreto, (posteriormente DIPD), que Alí Babá y sus 40 ayudantes eran simples “bebés”, al lado de lo que se ejercía en Petróleos Mexicanos.

La ordeña de los ductos había comenzado en diferentes regiones del país. Los líderes sindicales vendían plazas. Los antes cumplidos obreros (en 1938 ganaban 8 pesos diarios, contra 2.30 pesos de otros trabajadores y 80 centavos para cada campesino en promedio), participaban del robo de combustibles y “muy a las escondidas”, fumaban mariguana y consumían otras drogas, sabedores que los castigos jamás llegarían realmente, sino que serían “sancionados” pero “administrativamente”, con amplias posibilidades de no perder el empleo.

Asi, el más peligroso denunciante, por el momento, era Hugo Borman Margáin Gleason, por sus contactos en Estados Unidos y su Departamento del Tesoro.

El 29 de agosto de 1978, el filósofo Margáin Charles y su amigo, el filósofo inglés Gareth Evans fueron interceptados por varios individuos, uno de los cuales no permitió que reaccionaran, les disparó con una pistola de gran calibre. Como informó el comentarista Sergio Sarmiento, “su pecado fue ser hijo del extitular de Hacienda y embajador, Hugo Borman Margáin Gleason”.

Sin mayores averiguaciones, como convenía a la presuntamente incipiente mafia petrolera, el atentado se atribuyó sin pruebas a la Liga Comunista 23 de Septiembre y…tanto los documentos importantísimos que poseía Jorge Díaz Serrano, así como—se dice—otros que aportaron agentes de Scotland Yard, desaparecieron en el incendio intencional que estalló en la torre de Pemex.

La familia Margáin jamás se recuperó de la pérdida injusta del joven filósofo Hugo César Margáin Charles, nacido el 27 de octubre de 1942. Pero la rapiña se intensificó de manera asombrosa en Pemex.

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