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JUAN PABLO GUILLERMO SIGUE SIENDO PRÓFUGO

*Juez de Distrito, por cuarta vez consecutiva, le niega un amparo directo a uno de los principales operadores financieros del ex gobernador Roberto Borge Angulo

*De acuerdo con la resolución se consideró que la petición iba más allá de la simple negativa a negar la designación de un defensor legal, por lo que se consideró improcedente

STAFF SOL QUINTANA ROO

Cancún.- Aarón Alberto Pereira Lizama, juez del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, luego de analizar la petición de Juan Pablo Guillermo Molina, ex secretario de Finanzas y Planeación en el gobierno de Roberto Borge negó otro amparo al ex funcionario.

De acuerdo con su resolución consideró que la petición iba más allá de la simple negativa a negar la designación de un defensor legal, por lo que lo consideró improcedente.

Juan Pablo Guillermo Molina es considerado prófugo de la justicia desde hace aproximadamente 2 años, que fue obsequiada un orden de aprehensión en su contra, motivo por el cual el ex funcionario recurrió a la Justicia Federal para tener acceso a distancia de la Carpeta Penal Oral 144/2018.

El ex titular de Sefiplan promovió, en otras ocasiones, la revisión en materia penal para impugnar las actuaciones Rodrigo Barrera Díaz, juez de Despacho del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal.

Sin embargo, el pasado lunes en el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito negó el amparo indirecto del Juzgado Sexto de Distrito. La resolución jurídica no reconoció la existencia de un defensor particular para tener acceso, conocer y poder reproducir los registros de la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado FGE/QR/CHE/ESP/12/8/2016.

Juan Pablo Guillermo Molina es considerado el operador de millonarios desvíos cometidos en el gobierno de Borge Angulo, motivo por el cual se le ha negado suspensiones provisionales y definitivas para evitar que sea citado, presentado y encarcelado en el proceso que sigue el Juez de Despacho del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal.

Otro de los amparos negados a Juan Pablo Guillermo de Molina ha sido en los juzgados Segundo y Sexto de Distrito y el Primer y Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito.

EL DESVÍO

Para dimensionar la magnitud del papel que jugó este personaje en toda esta serie de trapacerías a nuestra Entidad, del universo de casi 12 mil millones de pesos acreditados a Borge y sus testaferros tan sólo entre 2015 y 2016, a él en particular se le relaciona con el desvío de alrededor de mil 500 millones de pesos.

De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el hoyo financiero supera los 16 mil millones de pesos, pero en instancia de gobierno se habla de que el quebranto podría rozar los 30 mil millones de pesos.

Si se tomara como referencia las tarifas de Ingenieros Civiles Asociados (ICA) con los mil 500 millones de pesos desviados atribuidos solamente a Juan Pablo se podrían edificar casi tres hospitales de segundo nivel, con un costo de 578 millones 500 mil pesos cada uno.

NOVATO VIVARACHO

Juan Pablo Guillermo Molina, antes de ser titular de Sefiplan, el único puesto gubernamental que ocupó fue el de director de finanzas del municipio de Solidaridad en el trienio (2008-2011) de Román Quián Alcocer y de ahí pegó el salto a las “Grandes Ligas” al arribar a la gubernatura Roberto Borge Angulo.

De abril de 2013 a marzo de 2015 fungió como titular de la Secretaría de finanzas y Planeación del Gobierno del Estado (Sefiplan), antes Secretaría de Hacienda, ya que pidió licencia por “motivos personales”, aunque en realidad su ausencia del cargo fue para buscar la presidencia municipal de Solidaridad para blindarse de los embates legales que se veían venir en contra suya al través del fuero, sin éxito alguno.

Luego se reincorporó al gabinete estatal en agosto de ese último año hasta el final del mandato borgista en 2016.

Por tales acciones, Juan Pablo Guillermo Molina solicitó un amparo. El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, luego de revisar la sentencia de amparo del ex secretario de Sefiplan, confirmó que no procede la medida.

La resolución deja subsistente la orden de aprensión en contra del ex funcionario de acuerdo con la carpeta de investigación 143/2018 integrada por la investigación del caso VIP SAESA.

Podría ser detenido en cualquier momento, después de que se resolviera el amparo 115/2018 que promovió ante el Juzgado Tercero de Distrito, el cual también le fue negado.

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