*Édgar Valdez Villarreal, lo señaló directamente como quien recibía dinero del narco, lo mismo que Garza Palacios, Cárdenas Palomino, Facundo Rosas y otros jefes policíacos

José Sánchez/Sol Quintana Roo/Sol Yucatán/La Opinión de México

(Séptima y última)

Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, lo señaló directamente como quien recibía dinero del narco, lo mismo que Garza Palacios, Cárdenas Palomino, Facundo Rosas y otros jefes policíacos. El argumento de Genaro fue que era una reacción lógica de los narcotraficantes afectados que trataban de desprestigiarlo con acusaciones falsas.

En esas denuncias, se mencionó también a Víctor Gerardo Garay Cadena y a Edgar Enrique Bayardo del Villar, quienes fueron arraigados, El segundo se acogió al Programa de Testigos Protegidos y declaró en contra del primero y de otros de sus ex compañeros.

Garay Cadena finalmente fue absuelto, ya que Bayardo del Villar no pudo ratificar sus declaraciones, pues a pesar de la protección que supuestamente recibía, fue asesinado cuando tomaba un café en un restaurante de la colonia Del Valle, en la Ciudad de México.

El 8 de mayo del 2008, fue ejecutado otro de los principales hombres de confianza de García Luna: Edgar Eusebio Millán Gómez, director de Despliegue Regional de la Policía Federal, de quien se dijo que fue víctima de una venganza en contra de su jefe.

Alfredo Beltrán Leyva, “El Mochomo”, segundo en jerarquía dentro de la organización de los hermanos Beltrán Leyva, fue detenido en enero de 2008. Se dijo que había sido delatado por su primo y anterior socio, “El Chapo”, lo que originó la ruptura definitiva entre ambos.

La noche del 7 de mayo de ese mismo año, Millàn Gómez estuvo a punto de atrapar a Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”, líder máximo de la organización, pero pudo escapar protegido por sus sicarios. Se dijo entonces que de nueva cuenta, el “Chapo” había dado informes a la gente de Genaro García Luna para que Arturo fuera detenido.

Tras el fallido operativo, Eusebio regresó a su base para rendir su informe y al enterarse que tendría que volver temprano al otro día, decidió no irse a su casa, al sur de la Ciudad de México, sino ir a ver sus padres, en las calles de Magnolia, en la colonia Guerrero, en la Ciudad de México.

Serían las tres de la madrugada del 8 de mayo, cuando llegó al inmueble, pero ya los sicarios lo esperaban dentro de la misma construcción y en cuanto bajó de su patrulla y trató de ingresar al inmueble, lo asesinaron a balazos.

Con su muerte, quedó al descubierto que también había traidores dentro de la Policía Federal, pues sólo sus compañeros sabían que iría a ese lugar y alertaron a sus victimarios.

Cómo olvidar el caso de las indígenas Hñähñú (otomíes), Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, vendedoras de aguas frescas y nieve en un tianguis de Santiago Mexquititlán, Querétaro.

Fueron acusadas de haber atacado, sometido y secuestrado a seis agentes de la AFI, durante un operativo en el tianguis, realizado el 26 de marzo de 2006. Los federales, sin justificación legal, realizaban un operativo en el tianguis, para decomisar piratería. Los comerciantes, cansados de las raterías de los agentes se opusieron y se originó el zafarrancho. Ese día no detuvieron a nadie, pero cinco meses después, las mujeres fueron aprehendidas.

En un juicio en el que no se presentaron pruebas en su contra, no hubo interpretes (las mujeres casi no hablaban español) y se fabricaron declaraciones, fueron sentenciadas a 25 años de cárcel y a pagar a los “indefensos agentes” 90 mil pesos a cada uno.

Tres años después, un Tribunal Unitario revocó la sentencia. Las exoneró y en 2009 fue liberada Jacinta. Las otras dos indígenas quedaron libres al año siguiente. En mayo de 2014, ocho años después de la injusticia, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), luego de la demanda de resarcimiento moral y material interpuesta por las afectadas, dictaminó: “Jacinta, tienes razón. La PGR hizo mal su trabajo por lo que se te va a indemnizar”.

Aun así, la PGR interpuso el recurso de apelación para evitar la disculpa pública y la reparación del daño a las indígenas. Tuvieron que transcurrir dos años más para que el 25 de mayo de 2016, la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), dictara la sentencia definitiva que obligaba a la PGR a acatar el mandato.

Arely Gómez González, entonces procuradora y después encargada de actuar contra funcionarios corruptos, conoció del fallo pero dijo que lo “analizaría” y, de proceder, cumpliría la ejecutoria. Se fue y jamás acató el mandato.

Tocó a su relevo, Raúl Cervantes Andrade, ofrecer la disculpa pública y reparar el daño causado a las mujeres indígenas. El “usted perdone” se dio pero la reparación de año aún está pendiente.

En el 2002, agentes de García Luna asesinaron a golpes a Guillermo Vélez Mendoza, instructor de un gimnasio. Fue acusado de formar parte de la banda de secuestradores “Los Ántrax”.

Lo detuvieron y lo torturaron hasta matarlo. La PGR, a través de su oficina de prensa, se encargó de exhibirlo como plagiario. La versión oficial fue que había opuesto resistencia por lo que los agentes tuvieron que actuar. Ello provocó que los familiares perdieran su empleo y que en todos lados fueran señalados como secuestradores, por los señalamientos de la PGR.

La familia emprendió un litigio que duró siete años, hasta que en noviembre de 2009, un tribunal de alzada ordenó que la PGR ofreciera una disculpa pública y reparara el daño. La madre del joven ya no se enteró del triunfo. Murió medio año antes, agobiada por la larga lucha.

Se condenó a un comandante y a cinco agentes a pagar más de 10 millones de pesos. Los federales se declararon insolventes y la PGR tuvo que absorber el pago.

Pero tuvieron que transcurrir cinco años más, para que en abril de 2014, el entonces procurador Jesús Murillo Karam, ofreciera disculpas públicas y ordenara el pago de los 10 millones de pesos.

Otra de las acusaciones en su contra, es que cuando fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública, durante el sexenio de Felipe Calderón, favoreció con información confidencial a la compañía Icit, propiedad de la familia Weinberg, que tiene una relación estrecha con el ex funcionario.

El ex funcionario otorgaba a Icit información pública, como detenciones de importantes narcotraficantes, al grado de que la empresa tenía conocimiento de los hechos antes que cualquier medio de comunicación.

El grupo Icit es reconocido como uno de los principales proveedores de equipos y tecnología de seguridad israelí en Latinoamérica.

Ese es un somero panorama de la trayectoria del llamado “Súper Policía”, que en un tiempo, con media docena de incondicionales, soñó con ser el jefe único y absoluto de todas las policías de México y que ahora se halla detenido acusado de ser uno de los principales protectores del Cártel de Sinaloa.

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