* Posible red en Chetumal ayudó a la liberación, al otorgar arraigo a los extranjeros

* Uno de los imputados presentó síntomas de COVID-19 durante la detención

*Detención podría hacer tambalear el proceso penal en contra de los imputados

STAFF SOL QUINTANA ROO

Chetumal.- La liberación de las cinco personas detenidas en Esta ciudad con posesión de 300 mil dólares, ha sido apegada a derecho, pues si bien el Código Penal Federal establece el ilícito en su artículo 400 Bis y tiene una penalidad de 5 a 15 años de prisión, este delito no se encuentra dentro de los determinados como graves que marca la Constitución, así como el 150 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señalan que sólo se establecerá la prisión preventiva oficiosa cuando se trate de ilícitos graves.

Además, los extranjeros lograron acreditar residencia en Chetumal, por lo que el Juez Penal Oral Federal se apegó a lo marcado en los códigos, para dejar en libertad a los ya imputados por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Cabe señalar que los jueces en materia oral penal tienen el catálogo de delitos graves en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo marcado en caso de una detención y caso urgente referido en el artículo 150 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Sin embargo, el delito imputado a los cinco detenidos en la ciudad de Chetumal, no se encuentra dentro de estas premisas jurídicas y el juzgador federal se vio obligado a dictar medidas cautelares tendientes sólo a asegurar su presencia al juicio y no como una sanción, pues esto hubiera contravenido las leyes en la materia; además si bien el ser extranjeros aumenta el riesgo de fuga, tuvieron la ayuda “externa” y acreditaron su residencia o permanencia en Chetumal.

Si bien es cierto las cinco personas imputadas por el delito de Operaciones de Manejo de Recursos de Procedencia Ilícita no han podido demostrar el origen del recurso, lo podrán hacer en la etapa complementaria de la investigación.

Además, el juez federal en materia penal, los dejó en libertad pues demostraron radicar en la ciudad de Chetumal y tener domicilios fijos, es decir, a pesar de ser extranjeros, algunos, la constitución les reconoce los derechos y con ayuda de conocidos o “socios”, han logrado demostrar esta situación que deja al juzgador sin la posibilidad de ponerlos tras las rejas.

Las medidas cautelares que se les impuso fue la firma periódica cada 15 días ante autoridad judicial, además la prohibición de salir del Estado, las cuales son acordes a estos casos, pero no significa que se pueda cumplir.

Sin embargo, es lo que indica la ley en la materia, aunque la autoridad ministerial debió hacer el estudio para comprobar que los imputados tengan arraigo en la ciudad, pues de lo contrario la resolución del juzgador hubiese sido prisión preventiva justificada.

Este caso que lleva el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR), no será fácil, pues trascendió que la detención no reúne todos los requisitos, a pesar que el juez federal la concedió como válida, además que por el sólo hecho de ser extranjeros se debió debatir el no darles la libertad; sin embargo, el resolutivo ya se conoce y llevarán este asunto fuera de la cárcel.

Finalmente, trascendió que uno de los detenidos presentó fiebre, dolor de cuerpo y otras variantes médicas que hicieron suponer portar la enfermedad de COVID-19, pues con la cantidad de detenidos que tuvieron esos días por parte de la FGR se cree es cierto, por ello también se hicieron las audiencias a puertas cerradas.

A pesar que los imputados siempre estuvieron asistidos por su abogado, abogado de oficio y comunicados totalmente, pero si los funcionarios fueron amenazados de una posible queja por incomunicación, aunque esto fuera más una estrategia del abogado para poder apoyar en todo momento a sus defendidos.

El delito anterior lo rige el Código Penal Federal, el cual señala:

Operaciones con recursos de procedencia ilícita

Artículo 400 Bis. Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que, por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas:

I. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, o

II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.

DETENIDOS EN CHETUMAL, PILOTOS AL SERVICIO DEL CÁRTEL DE SINALOA

La nave incendiada el domingo 5 podría estar relacionada

De los cinco detenidos el pasado miércoles en la ciudad de Chetumal, dos de ellos son pilotos, y dos de los tripulantes, todos son colombianos, entre ellos una mujer; además de un mexicano que operaba para el Cártel de Sinaloa en Quintana Roo.

Como informara oportunamente Sol Quintana Roo, elementos de Ejérito Mexicano,
el pasado miércoles detectaron un vehículo con cinco tripulantes a bordo, los que al notar la presencia de los militares se mostraron
nerviosos y pretendiaron alejarse.

Se les indicó que se detuvieran, pero lejos de acatar las órdenes imprimieron mayor velocidasd al auto al tiempo que arrojaban por una de las ventanillas un caja de cartón que, al caer al asfalto, se abrió y rodaron varias fajillas de dólares.

La persecución se inició hasta que les dieron alcance y los detuvieron.

‪Las cinco personas que viajaban en el vehículo, son: Rey Rosa‬ Barradas, piloto; Rubén Rosado Barradas, primo del anterior y
copiloto; Ana Karen Ochazarreta Olaldeo y Dravin Drant Campos Medina, de origen colombiano, así como Juan Carlos García Flores, mexicano, y presunto operdor del Cártel de Sinaloa datos recabados en exclusiva por Sol Quintana Roo

Al asegurar la caja y las fajillas, se contabilizaron 300 mil dólares,
equivalentes a 6 millones 785 mil pesos que, presmiblemente, sería la paga por algún servicio, ya que, según reportes de inteligencia de autoridades antidrogas, a los pilotos que relizan algún trabajo se les
paga un mínimo de 100 mil dólares por viaje.

La Subprocuraduría Especial de Investigaciones en Delitosa de Delincuecia Organizada (SEIDO) amplió sus indagatorias en el caso de la avioneta que el pasado domingo 5, aterrizó de emergencia en el tramo
carretero Chunhuhub–José María Morelos, en el kilómetro 61, y se incendiò al tocar tierra.

La SEIDO no descarta que ambos casos estén relacionados entre sí.

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