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LOS DESAPARECIDOS DE SANDOVAL

Ricardo Ravelo/La Opinión de México/Sol Quintana Roo/Sol Yucatán/Sol Campeche

Reportajes Especiales

​Desde el mes de enero de este año -luego de que las autoridades conocieron por las declaraciones de algunos miembros del crimen organizado que durante el gobierno de Sandoval los cárteles y la policía estatal realizaron entierros clandestinos como parte de la guerra por el control de la plaza–las autoridades y algunas organizaciones de la sociedad civil, como el Colectivo de Familias Unidas por Nayartit, se dieron a la tarea de emprender la búsqueda de sus familiares.

​A mediados de enero de este año, por ejemplo, el Colectivo Familias Unidas por Nayarit, con el apoyo de las autoridades, hallaron 33 cuerpos. Estaban enterrados en fosas clandestinas, verdaderos cementerios del terror sexenal, localizadas en la demarcación de Xalisco. Todo ese territorio era un cementerio.

​El horror se hizo presente desde el hallazgo de la primera fosa, en la comunidad de El Pantanal. Ahí descubrieron nueve cuerpos. Este primer cementerio en realidad fue localizado por los propios familiares de los desaparecidos.

La pista surgió de una llamada anónima que reveló la ubicación exacta de la fosa. También les dijeron que sería fácil de localizar ese sitio ya estando cerca porque ahí la tierra despedía olores fétidos.

Era el olor a putrefacción que despedían los muerto. Una vez localizado el lugar, las familias echaron mano de picos y palas para realizar las excavaciones. Cuando hallaron el primer cuerpo pidieron el apoyo de las autoridades de Nayarit.

​El lugar que eligieron los miembros del crimen organizado para sepultar a sus víctimas se encuentra en un paraje, localizado a un lado de un camino que lleva a la cabecera municipal de Xalisco y a otra conocida como El Pantanal.

El lugar está rodeado por excesiva vegetación y sobresalen plantaciones de plátano y cañaverales.

​La desaparición de personas en Nayarit no es un tema nuevo. Fue parte de los escándalos que enfrentó el exgobernador Roberto Sandoval, en cuya administración se afincaron los cárteles de Jalisco Nueva Generación, Los Zetas y Sinaloa, todos ellos rivales acérrimos que, a sangre y fuego, pelearon por la plaza, una de las más importantes del Occidente mexicano.

Al final de las cruentas batallas, Roberto Sandoval le vendió la plaza al cártel de Nemesio Oseguera.
​La guerra sostenida por los cárteles explica, en buena medida, la ola de desapariciones que aterró al estado: fue una etapa en la que no sólo las organizaciones criminales actuaron violentamente sino que la propia policía del estado se involucró en el trabajo sucio de los grupos criminales y a ellos les encomendaban la desaparición de personas que, luego de ser interrogadas, eran enterradas en fosas clandestinas.

Algunas de las víctimas, de acuerdo con testigos, fueron enterradas aún con vida.

​De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación, en el estado de Nayarit hay 143 personas que desaparecieron sin dejar rastro y hasta la fecha no han sido localizadas.

De este total, 114 desaparecieron, según los denunciantes, en el año 2017 y el resto en un periodo anterior, el que va de 2008 a 2016.

​Según las mismas cifras, del total de desaparecidos 134 son hombres y nueve mujeres y de todas ellas 124 fueron vistas por última vez en el municipio de Tepic, asiento del cártel de Jalisco, el grupo criminal al que se ligó Édgar Veytia y al que protegió en su fase como fiscal General del Estado hasta que fue detenido en Estados Unidos.

Otra cifra es más alarmante y establece que en Nayarit desaparecieron unas 400 personas tan sólo en el sexenio de Roberto Sandoval, uno de los más sangrientos que se recuerden.

​Los hallazgos continuaron durante la segunda quincena de enero y el mes de febrero.

Coordinados con las autoridades estatales, los familiares de desaparecidos hallaron otras fosas clandestinas en los municipios de San Blas y Jalisco.

Los 67 cuerpos encontrados estaban enterrados en doce fosas.

Ahí se encontraban las más recientes víctimas: Alfonso Hernández y Octavio Martínez, los dos agentes federales secuestrados por el CJNG y que fueron obligados a grabar un video contestatario para exhibir a las autoridades federales, entre otros a Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación en el último tramo del gobierno de Enrique Peña Nieto, el cual fue difundido a través de las redes sociales.

​Los dos policías fueron “levantados” el 5 de febrero. Habían ido a Tepic a una fiesta privada y decidieron pasar el fin de semana en Nayarit.

Las autoridades infirieron que los hombres de Nemesio Oceguera, el jefe del CJNG, los había seguido largo tiempo.

Los agentes realizaban tareas de investigación para la entonces Procuraduría General de la República (PGR) sobre las actividades del cártel de Sinaloa y del CJNG en Nayarit.

​Es probable –no se puede entender de otra manera–que desde la PGR o bien desde la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones sobre la Delincuencia Organizada (SEIDO), que no ha impedido la infiltración del narco, hayan pasado el “pitazo” a los hombres de El Mencho respecto de la ubicación de los agentes.

Tan pronto como los secuestraron también los interrogaron, los torturaron, los obligaron a grabar el video referido y luego los ejecutaron.

Sus cuerpos fueron arrojaron a una de las fosas clandestinas ya exploradas en Nayarit.

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