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LOS QUIJANO FUERON ASESINADOS EN OJO DE AGUA 

*Por casualidad la PGR olvidó anteponer la palabra “presuntos” al mencionar como “delincuentes” a los hermanos Jaime Mauro y Erick Dante, y naturalmente, omitió el importante dato del tercer victimado, Héctor Ignacio Quijano Santoyo

Sol Quintana Roo/Sol Yucatán/La Opinión de México

(Tercera y última parte)

Ciudad de México.- Sí, como por casualidad la PGR olvidó anteponer la palabra “presuntos” al mencionar como “delincuentes” a los hermanos Jaime Mauro y Erick Dante, y naturalmente, omitió el importante dato del tercer victimado, Héctor Ignacio Quijano Santoyo, a quien los agentes llevaron, salvajemente torturado, para rematarlo junto a sus hermanos en la residencia de Ojo de Agua.

Sin decir pues, que Héctor Ignacio fue llevado atado de manos a la supuesta “casa de seguridad”, la PGR indicó que “Héctor Quijano. (fue visto por sus parientes tendido en el pasto, ensangrentado y atado), aprovechó la confusión de los disparos, se apoderó de una de las armas y cuando pretendió disparar en contra de los agentes federales, también fue ultimado. En el interior del referido inmueble se hallaron 13 armas de alto poder, incluyendo metralletas, escopetas y pistolas, así como varias granadas y gran cantidad de cartuchos útiles”, según el boletín oficial 042/90.

Y se distribuyeron discretamente algunas fotografías de los “caídos en el enfrentamiento”, con armas cerca de sus manos y algunos cartuchos vacíos en las proximidades.

Aparentemente, esas eran “parte de las pruebas” del tiroteo sostenido contra los agentes federales en Ojo de Agua. Los dos helicópteros y el convoy de autos de la PGR se retiró del lugar de los hechos, con la plena seguridad de que las fotografías engañarían a la opinión pública.

Pero jamás contaron con la audacia del jovencito Paul Luna, fotógrafo de un medio de información local, quien logró colarse entre los policías homicidas y tomó una serie de gráficas de la escena de los crímenes, donde aparecían los inertes cuerpos de los desafortunados hermanos Quijano Santoyo.

Paul Luna declaró que no era cierto que los Quijano Santoyo estuviesen armados y la mejor prueba eran sus fotografías: en ninguna aparecen las armas colocadas posteriormente por los federales homicidas.

Y ninguno de los vecinos cuyas residencias dan a la casa de los Quijano, denunció impactos de bala en las paredes de los inmuebles cercanos a la “casa de seguridad” como fue calificada por la PGR.

Francisco Arroyo, reportero de El Universal, informó entonces con toda oportunidad que la entonces recién creada Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió dos recomendaciones a la Procuraduría General de la República, “por las irregularidades que se cometieron en la investigación de los homicidios de los hermanos Héctor Ignacio, Jaime Mauro y Erick Dante Quijano Santoyo, que fueron masacrados por agentes de la Policía Judicial Federal”.

La dicha CNDH recordó a la Procuraduría que la Fiscalía Especial encargada de investigar el caso, ni siquiera inició una averiguación previa como se pidió en la primera recomendación que emitió el organismo el 23 de enero de 1991…o sea un año después de los asesinatos a mansalva.

La CNDH detalló que la Fiscalía sólo levantó actas administrativas de las que no se conocieron las conclusiones y en las que tampoco se consideró el saqueo de bienes de los familiares de los Quijano Santoyo.

Además, se quejó la CNDH, “de los documentos examinados tampoco resultó evidencia de que se hubiesen suspendido en el ejercicio de sus funciones a los agentes de la Policía Judicial Federal que participaron en el operativo y aseguramiento de bienes, tal y como fue recomendado”.

Así, debido al poco caso que la PGR hizo a la primera recomendación del organismo que presidía el doctor Jorge Carpizo, éste por segunda ocasión pidió al entonces Procurador Ignacio Morales Lechuga que con los elementos que existían en la averiguación previa, los que la PGR se haya allegado con posterioridad y los contenidos en la recomendación, “se ejercitara acción penal en contra de dos agentes de la PJF como presuntos responsables del delito de homicidio cometido en agravio de los hermanos Quijano Santoyo”.

Y que Morales Lechuga ejercitara acción penal también en contra de 11 funcionarios de la PGR que participaron en la investigación del caso.

Igualmente recomendó la CNDH que se ejercitara acción penal por los delitos de abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad en contra de todos los agentes de la PJF que intervinieron en el operativo, ilícitos cometidos en agravio de Elvira Santoyo García, (madre de los masacrados), y Rocío Fernández González y los menores Michelle e Ignacio Alonso Quijano Contreras, que fueron privados de su libertad indebidamente. Finalmente, la CNDH enumeró las principales irregularidades que se cometieron en la investigación del caso.

Obviamente, existieron múltiples contradicciones en que incurrieron los agentes de la Policía Judicial Federal involucrados, en sus declaraciones y partes informativos.
Amnistía Internacional dictaminó—doctor Robert H. Krischner—que no hay duda de que las lesiones asentadas en los informes de autopsia son incongruentes con la versión oficial de un tiroteo policiaco.

El Procurador Ignacio Morales Lechuga, quien posteriormente se desharía del funcionario Abraham Antonio Polo Uscanga, “recomendándolo” como Magistrado, no sólo no promovió acciones penales contra los agentes homicidas, sino que los protegió “comisionándolos” en diferentes lugares del país.

Uno de ellos, Roberto Alejandro Velázquez Quiroz fue de los principales agresores, amparado en la suerte que tuvo de no fallecer acribillado a balazos en otro operativo.
Es decir, morir no le importaba y “le entraba a todo”.

Precisamente Velázquez Quiroz torturó al “Avispón Verde” y disparó entre otros contra los hermanos Quijano.

Y fue ese agente a quien el “Avispón Verde” siempre señaló como torturador y asesino, pero confundiéndolo con Fernando Ventura Moussong, hijo del conocido comandante Florentino Ventura, quien llegó a ser jefe de Interpol-México.

Es decir, incansablemente el “Avispón Verde” se dedicó a desquitarse oralmente de “Florentino Ventura y su hijo”, aprovechando las confidencias que como agente judicial aprendiera a utilizar.

Los malquerientes de los Ventura le pasaban datos negros al “Avispón” y éste, sin corroborarlos y ciego de resentimiento contra los presuntos infractores de la ley, los daba a conocer a los medios de  información.

Así comenzó a denunciar a los Ventura y recibió muchas amenazas por “soplón”, pero jamás puso atención, pues se acostumbró a las luces y cámaras de televisión, así como fotografías y entrevistas por todos los medios de comunicación, a quienes decía una y otra vez la forma en que fueron sacrificados sus hijos por “Fernando Ventura y sus hombres del grupo Tiburón”.

Inesperadamente, sus amigos de Gobernación le llamaron una noche al café La Habana, para asegurarle que se había equivocado: el torturador y asesino era Roberto Alejandro Velázquez Quiroz, un agente que acostumbraba quitarse la camisa para mostrar grandes cicatrices, consecuencia de graves lesiones que recibió durante una balacera anterior a la de Ojo de Agua.

Era demasiado tarde para “El Avispón Verde”. Los homicidas de Ojo de Agua jamás fueron castigados. Francisco Quijano García fue plagiado y su cadáver, momificado y cubierto de cal, fue encontrado en una cisterna seca de San Juan de Aragón, al noreste de la ciudad de México.

La Comisión de los Derechos Humanos no insistió en el castigo a los criminales con placa y los nuevos detectives de la Policía Federal arrestaron hace diez años a Paco, sin hacerle daño como se temía. Simplemente lo llevaron con todo sigilo al penal de “alta seguridad” de Almoloya de Juárez, ahora La Palma, salvo error u omisión.

Su hermano Sergio Maximino está en la cárcel de Querétaro y como Paco, es víctima de la atroz venganza de la Procuraduría General de la República. Sergio Maximino nada tuvo que ver con las acusaciones contra sus hermanos y se dice que Paco es vejado en el Altiplano.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene hoy una gran oportunidad de recuperar el prestigio que tuvo en su inicio, cuando el pueblo creyó efectivamente que había nacido para impedir la perpetración de abusos por parte de funcionarios públicos o del Estado.

La CNDH surgió precisamente a raíz de la masacre de los Quijano y hoy, se afirma que su presupuesto, es “sin duda, mayor que el de las demás oficinas de Ombudsman de América Latina y uno de los más grandes del mundo, pero no ha ejercido plenamente su amplio mandato, una y otra vez la CNDH no impulsa a las instituciones del Estado a reparar los abusos que ha documentado, no promueve las reformas necesarias para prevenir abusos futuros, no se opone a leyes, políticas y prácticas abusivas y contrarias a estándares internacionales de derechos humanos, no entrega ni difunde información que posee sobre casos de derechos humanos”.

Francisco Flavio Quijano Santoyo y su hermano Sergio Maximino siguen esperando la continuación de la defensa que la CNDH realizo a partir de 1990, cuando Paco frustró a sangre y fuego una extorsión, que la PGR le cobró con el exterminio de su familia.

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