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MANUEL ALAMILLA, INVESTIGADO Y AUDITADO

*La secretaría de Finanzas del Gobierno de Quintana Roo, no le ha recibido su acta de entrega y recepción al ex oficial mayor por “irregularidades”.

*Se empieza a complicar el futuro del ex funcionario e ir de las manos su candidatura anticipada a la presidencia municipal de Othón P. Blanco

*Inconsistencias en los números y documentos oficiales lo obligarán a rendir cuentas claras a las autoridades estatales y fiscales

STAFF SOL QUINTANA ROO

Chetumal.- Con la finalidad de transparentar la migración de la ex Oficialía Mayor de Gobierno hacia la Secretaría de Finanzas de Quintana Roo, realiza la revisión minuciosa de la documentación que ha presentado Manuel Israel Alamilla Ceballos.

Lo anterior, debido a que dicho personaje será investigado y auditado por las autoridades locales, para no recibir documentación que pudiera estar amañada, maquillada o incompleta.

Es por eso, que la secretaría de Finanzas del Gobierno de Quintana Roo, no le ha recibido su acta de entrega y recepción al ex oficial mayor.

Por tal motivo, se empieza a complicar el futuro del ex funcionario e ir de las manos su candidatura anticipada a la presidencia municipal de Othón P. Blanco.

De acuerdo con información recabada por Sol Quintana Roo, existen Inconsistencias en los números y documentos oficiales que lo obligarán a rendir cuentas claras a las autoridades estatales y fiscales.

Como se recordará, la falsedad en las declaraciones son penadas por las leyes, pero siempre se halla alguna laguna jurídica para salir avante; sin embargo, el escoger qué declarar y qué dejar al aire hacen que los políticos, empresarios y hasta trepadores logren siempre su cometido: Burlase de los quintanarroenses y sus leyes.

Un caso posible de este tipo de acciones podría ser el cometido por el ex Oficial Mayor del “Gobierno del Cambio”, Manuel Israel Alamilla Ceballos, quien desde el 24 de octubre de 2016 podría estar jugando en esos términos.

Sol Quintana Roo, en su momento, exhibió la absurda declaración patrimonial que presentó el ex Oficial Mayor de Gobierno, Manuel Israel Alamilla Ceballos, luego de haber sido impuesto en el cargo.

LOS POSIBLES DELITOS

Por tal motivo, Alamilla Ceballos tendría que responder a una investigación al desempeño de su cargo o comisión como Oficial Mayor del Gobierno del Estado, pues la normatividad que existía desde el año 2016 en el Código Penal de Quintana Roo, en su artículo 207 que denomina el concepto de Desempeño Irregular de la Función Pública o el estipulado en el artículo 208, Abuso de Funciones públicas, describen hechos tipificados como delitos, los cuales pueden presumirse pudo realizar el ex oficial mayor del Gobierno del Estado.

Puesto que los beneficios directos con los que cuenta no pueden ser probados en ninguna de sus declaraciones patrimoniales, por lo que un posible enriquecimiento bajo el cobijo del “Gobierno del Cambio” tendría que estudiarse de fondo, siendo la Fiscalía Anticorrupción la obligada a realizar los actos de investigación tendientes a fincar las responsabilidades respectivas.

DESEMPEÑO IRREGULAR DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ARTÍCULO 207

Se impondrá prisión de seis meses a tres años y de treinta a doscientos días de multa, al servidor público que indebidamente:

I.- Otorgue concesión de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio del Estado.

II.- Otorgue permisos, licencia, o autorización de contenido económico.

III.- Otorgue franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos, productos, aprovechamiento o aportación y cuotas de seguridad social, en general sobre los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y servicios producidos en la Administración Pública Estatal o Municipal.

IV.- Otorgue, realice o contrate obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores con recursos económicos públicos.

V.- En el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas otorgue empleo, cargo o comisión públicos o contratos de prestación de servicios profesionales, mercantiles o de cualquier otra naturaleza que sean remunerados a sabiendas de que se prestará el servicio para el que se les nombró o no se cumplirá el contrato otorgado.

Lo anterior sin exentar un posible ilícito denominado tráfico de influencias, pues para lo analizado podría caer en:

TRÁFICO DE INFLUENCIAS ARTÍCULO 209.

Se impondrá de seis meses a seis años de prisión y de treinta a trescientos días multa, al servidor público que por sí o por interpósita persona:

I.- Promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión, o

II.- Indebidamente solicite o promueva alguna resolución o la realización de cualquier acto materia del empleo, cargo o comisión que produzca beneficios económicos para sí o para cualquiera de las personas a que se hace referencia en la Fracción I del artículo anterior.

Sin menos cabo que sus actuaciones traspasaron el 2017, 2018 y 2019 por lo que el código que lo señalaría también sería el más enérgico con delitos nuevos y más contundentes modificados en el año 2017, tiempo donde de igual manera realizó actos como funcionario público que hoy lo tienen tras sospechas de indicios posiblemente constitutivos de delito.

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