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MARCIANO PRIVATIZÓ PLAYAS DE TULUM

*La Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que el candidato de Morena a la presidencia municipal, Marciano Dzul Caamal, en complicidad con la Semarnat repartió a diestra y siniestra los derechos de playa

Redacción/Sol Quintana Roo

Tulum.- En complicidad con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Marciano Dzul Caamal es el responsable de la privatización de las playas en el municipio, al otorgarle al mejor postor todas las facilidades para adquirir los derechos por servicios y aprovechamiento de playas y Zona Federal Marítimo-Terrestre (Zofemat).

La Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 10-0-16100-02-0743 // DE-090 relativa a los derechos por servicios, uso, goce o aprovechamiento, playas, Zofemat, terrenos ganados al mar y depósitos de aguas marítimas, señala a Marciano Dzul Caamal de ser el responsable de incurrir en omisiones de pago de derechos por esos servicios.

Si bien el dictamen de la Auditoría Superior de la Federación analiza el período entre 2010 y 2011, es precisamente cuando el hoy candidato de Morena a la presidencia de Tulum, a la fecha sigue sin responder el llamado del máximo órgano fiscalizador de la nación.

Y pese a que el expresidente presuntamente vinculado a la muerte de un periodista de Tulum, se burla de ASF al no responder, el documento es claro al señalar que tanto la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) como Dzul Caamal no cumplieron con las disposiciones normativas aplicables.

Como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente al informe, donde destacan los siguientes: Se observaron omisiones de pago de derechos por el uso, goce o aprovechamiento de la zona federal marítimo-terrestre, por parte de los concesionarios, además tampoco reportaron ante las instancias competentes de cada Estado millonarias cantidades de dinero.

Explican que hubo errores en datos o fueron omitidos; no hay coordinación entre la Dirección General de Zona Federal Marítimo-Terrestre y Ambientes Costeros de la Semarnat y el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010.

Además, los registros presentan omisiones de datos y diferencias en el tipo de trámite, solicitante y superficie; asimismo, el padrón de concesiones difiere del de la delegación federal, tampoco está actualizado y presenta inconsistencias en datos. Según la ASF se registraron revocaciones que no están en los controles de la Dirección General.

Por otra parte, la Profepa impone multas, pero no tiene atribuciones para cobrarlas, ni para dar seguimiento al cobro y a la regularización de quienes incumplen las condiciones de los títulos de concesión.

La cobertura que ha dado a esas funciones ha sido insuficiente, ya que, conforme a las pruebas y visitas físicas realizadas por la Auditoría Superior de la Federación en tres entidades federativas, se observaron irregularidades en el uso de las zonas concesionadas y omisiones en el pago de derechos.

Las concesiones en cuestión son el número DGZF-1307/10 del 26 de octubre de 2010 para uso general, en la que algunas coordenadas del polígono están dentro del mar.

Además, la superficie de esta concesión fue otorgada a la empresa Representaciones Turísticas de México, S.A. de C.V., sin considerar que el área concesionada se había entregado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (en destino), lo cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2009.

Al respecto, la Dirección de Delimitación Padrón o Municipio de Instrumentos Fiscales de la DGZFMTAC confirmó que en ambos casos se trata de la misma superficie. Los derechos omitidos se estiman en 323 mil pesos de 2010.

Asimismo, la concesión número DGZF-894/10 del 12 de julio de 2010 para uso general rebaso las coordenadas del polígono, ya que están dentro del mar. Se identificó que el concesionario pagó 212 mil pesos de derechos de 2010.

Sin embargo, considerando que la concesión fue otorgada el 12 de noviembre de 2010 y que la superficie solicitada fue por 3,422.26 metros cuadrados, el pago debió ser por 359 mil pesos, por lo que omitió pagar 147.9 miles de pesos, ya que el cálculo del primero al quinto bimestre fue sobre una superficie menor en 1,526.46 metros cuadrados que la solicitada.

El documento explica que la superficie autorizada en la concesión fue mayor que la concesionada y el último pago fue acorde a esta. La acción correspondiente a esta omisión de pago se presenta en el resultado número 5 del presente informe.

También la concesión número DGZF-229/10 del 23 de febrero de 2010 para uso general, incurrió en el rebase de las coordenadas del polígono señaladas en el título de la concesión están 988 metros mar adentro, aproximadamente. Con la información y documentación proporcionada por el municipio de Tulum, se identificó que el concesionario pagó 67 mil pesos de derechos del sexto bimestre de 2009 y del primero al sexto de 2010.

Sin embargo, se determinó que el pago correspondiente a 2010 era por 153 mil pesos, por lo que omitió pagar 86 mil pesos, ya que el cálculo se ha realizado sobre una superficie, Grupo Funcional Desarrollo Económico, menor (600.0 metros cuadrados en lugar de 1,599.75 metros cuadrados). La acción correspondiente a esta omisión de pago se presenta en el resultado número 5 del presente informe.

La presidencia municipal de Tulum informó que “de acuerdo a la delimitación vigente 2006 se ha observado que el pleamar máximo de 0.47 se encuentra entre 9 y 10 metros dentro del mar y no a 988 metros como se señala, además en la actual administración se da uso a la delimitación 2006 avaladas por la dirección central, toda vez que no se ha realizado la actualización de la delimitación en este municipio”. «Asimismo, respecto a la irregularidad en la superficie de 600 m²».

En la concesión núm. DGZF-1126/10 del 20 de septiembre de 2010 para uso general, no se determinaron irregularidades en el uso autorizado. En el expediente de la concesión propiedad de la Delegación Federal de la Semarnat en el estado de Quintana Roo, se identificó el recibo de pago expedido por la Tesorería municipal de Tulum por 65 mil miles de pesos, correspondiente al periodo del sexto bimestre de 2009 al tercer bimestre de 2010, pago correcto de acuerdo a lo establecido en la normativa.

En la información y documentación proporcionada por el municipio de Tulum, se identificó que el concesionario realizó otro pago por 50 mil pesos de derechos de los bimestres, cuarto al sexto de 2010, para el uso fiscal de 2010.

Informa que a partir de la presente administración se inició con el proceso de regularización de la superficie y actualmente realizan el pago por el uso, goce o aprovechamiento de la zona federal marítimo-terrestre por la superficie de 1,599.75 metros cuadrados”. Además, proporcionó el recibo de pago de derechos del quinto bimestre de 2011.

En la concesión núm. DGZF-1122/10 del 14 de septiembre de 2010 para uso de ornato, en la superficie concesionada se instalaron dos palapas, un muro de piedra y una escalera de seis escalones, por lo que de acuerdo con la Ley Federal de Derechos el área debió autorizarse como de uso general, ya que en el título de concesión se estipula que esas obras se localizan dentro de la zona federal, a pesar de ello se autorizó como uso de ornato. Con la información y documentación proporcionada por el Municipio de Tulum, se identificó que el concesionario pagó los derechos de 2010 por 13.4 miles de pesos.

En la concesión DGZF-464/10 del 27 de abril de 2010 para uso de protección, la superficie concesionada presentó embarcaciones de servicios turísticos varadas en la playa, una torre salvavidas, obras dentro de la zona federal y una cerca de cuerdas, lo que contraviene el uso estipulado en el título de concesión; además, algunas de las coordenadas indicadas en la concesión están dentro del mar.

Con la información y documentación proporcionada por el Municipio de Tulum, se identificó que el concesionario pagó 143 mil pesos de derechos del primero al sexto bimestre de 2010; sin embargo, el pago debió ser por 157 mil miles de pesos, por lo que omitió pagar 14 miles de pesos, ya que el cálculo se realizó sobre una superficie menor en 533.99 m².

Como se puede observar, el entonces presidente municipal y hoy candidato a reelegirse, en complicidad con dependencias federales, incurrió en una serie de irregularidades que hoy forman parte del caos en las playas públicas, muchas de ellas hoy totalmente privatizadas.

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