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MARTINS, ESPERA SU EXTRADICIÓN

*Se cumplen un año y cinco meses de la captura del espía Raúl Luis Martins Coggiola. Aún confinado en una prisión mexicana, deberá enfrentar a la justicia argentina por lavado de dinero y trata de blancas 

*Detenido en Quintana Roo, el 3 de noviembre de 2019 cuando intentaba cruzar a Belice, ha logrado retrasar su regreso a Argentina mediante amparos y subterfugios legales e ilegales 

Redacción/Sol Quintana Roo 

Ciudad de México.- Raúl Martins Coggiola, el espía argentino-mexicano, tiene su repatriación a Argentina cada vez más cerca para juzgarlo por manejar una red de prostitución internacional y de lavar millones de dólares producto de sus ilícitas actividades. 

Al cumplirse un año y cinco meses de haber sido capturado continúa confinado en una cárcel del país en espera de ser repatriado a su país y enfrentar a la justicia argentina por cargos de lavado de dinero y trata de blancas. 

En México, al agotarse el término de los trámites para el juicio de extradición, un juez penal y la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de Marcelo Ebrard Casaubón, dieron el visto bueno para que el explotador de mujeres sea enviado a su país de origen, donde la jueza María Romilda Servini lo acusa de ser el jefe de una banda de proxenetas y de lavado de dinero. 

Martins Coggiola, detenido en Quintana Roo el 3 de noviembre de 2019 cuando intentaba cruzar a Belice mediante amparos y subterfugios legales e ilegales, ha logrado retrasar su regreso a Argentina y aunque todavía le quedan algunos recursos para intentar frenar su repatriación, cada vez está más cerca su regreso a Argentina pues desde el 3 de octubre un juez penal y el canciller mexicano se pronunciaron a favor de su extradición. 

En Argentina la jueza federal Servini lo vinculó a un proceso, como jefe de una organización criminal dedicada a regentear prostíbulos donde explotaba a cientos de mujeres. Además, el fiscal bonaerense Federico Delgado lo acusa de lavar dinero ilegal, delito que está en proceso de investigación y que le significaría un aumento en su pena. 

Pese a que vivió más de 15 años en Cancún y de que pudo ensanchar su red de prostitución e incluso logró la nacionalidad mexicana, sólo ha recibido fallos adversos en su contra desde su detención, que trató de evitar disfrazándose con afeites y una peluca, y todo lo acerca cada vez más a su extradición. 

El 17 de enero de 2020 el juez José Artemio Zúñiga Mendoza resolvió que el pedido de extradición argentino cubría «todas las formalidades y requisitos» exigidos por el Estado mexicano y el tratado de extradición con Argentina. 

Más tarde, la Cancillería mexicana se sumó a dicha postura: “(…) Agréguese a los autos del juicio de amparo en que se actúa para que conste como corresponda y surta los efectos legales conducentes el oficio de cuenta firmado por el Director Jurídico Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores», precisó el juzgador en el escrito con fecha del 14 de febrero de 2020. 

El texto es corto y termina: «El secretario de Relaciones Exteriores dictó un acuerdo por el que el Gobierno de México concede al gobierno de la República Argentina la extradición internacional del quejoso». 

Cuando el proxeneta llegue a Argentina, no sólo deberá responder como jefe de una asociación ilícita dedicada a la trata de personas, que en México le dejaba ganancias por más de 2 millones de dólares. También por ser el cerebro financiero que blanqueó cientos de millones de dólares provenientes de la explotación sexual de cientos de mujeres. 

En este rubro, los fiscales argentinos antitrata y antilavado descubrieron la complicidad de al menos 13 personas más que habrían colaborado con el ex espía en una decena de locales, al menos desde 2010; aunque está documentado que el extraditable comenzó a explotar mujeres desde los años noventa, hace 30 años. 

Los 13 individuos relacionados forman parte de “segundas, terceras y cuartas líneas de la organización criminal liderada por Martins”, señalan los fiscales argentinos, quienes precisan que entre los investigados se encuentran familiares del ex espía, encargados de los prostíbulos y hasta ex policías argentinos. 

Se sabe que el clan continúa explotando de manera sexual a mujeres de diversas nacionalidades en México, de acuerdo con un documento en el que puntualizaron que “información que obra en el expediente indica la existencia de locales en México (Mix Sky Lounge, Kiss Night Club, Barber Spa, The 5 Senses) que estarían vinculados con la organización criminal”. 

Martins eligió instalarse en México cuando, a pesar de conservar sus contactos con funcionarios judiciales y policiales de su época en la Secretaría de Inteligencia de Argentina, el fiscal José María Campagnoli comenzó a investigarlo por proxenetismo. 

El ex espía hizo del autoexilio un nuevo negocio: él se fue de Argentina, pero dejó a su esposa, Estela Percival, y a su familia política al frente de los prostíbulos en Buenos Aires, mientras que con nuevos socios argentinos y mexicanos abrió locales en Quintana Roo. 

La acusación clave para su detención fue presentada por su propia hija, Lorena Martins, quien lo denunció en 2011 ante los tribunales federales de Buenos Aires cuando se enteró que su papá era un explotador de mujeres, e inclusive la amenazó con matarla si se atrevía a denunciarlo. 

La investigación se prolongó durante ocho años, hasta que la jueza Servini ordenó la captura de Martins en septiembre del año 2019, finalmente detenido el 3 de octubre del mismo año. 

Tras su captura, en cumplimiento con la solicitud de detención provisional con fines de extradición del gobierno de Argentina, Martins Coggiola ha presentado una “nube” de amparos y ha recurrido a toda clase de estratagemas judiciales, pero una a una se le han caído. 

Luego de la última demanda de amparo de Martins Coggiola, el juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, Jorge Antonio Medina Gaona, consideró que la petición estaba basada en mentiras y argucias legaloides, por lo que resolvió negarle dicho recurso. 

Según antecedentes del caso, se supo que Martins, acusado de asociación delictuosa, trata de personas y operaciones con recursos de procedencia ilícita, inventó toda una historia detrás de su detención para tratar de evitar, a toda costa, ser repatriado a Argentina. 

Sus abogados, mediante la filtración de audios y videos a medios de comunicación en Chetumal, Quintana Roo, intentaron dar una imagen del acusado como víctima, con problemas de vejez (tiene casi 72 años de edad) y diversos padecimientos. Además de que su defensa asegura que fue detenido un día antes de lo señalado por la Fiscalía General de la República y su aprehensión no fue realizada por agentes de la Interpol, sino por personal del Instituto Nacional de Migración, con lo que se violaron sus derechos. 

La defensa de Martins también argumentó otras irregularidades durante la detención, como que a su cliente le habían puesto una peluca, “acción encaminada a tomar videos testimoniales de la detención por parte de la autoridad federal”, a lo que la FGR replicó que el inculpado se disfrazó para tratar de impedir su detención. 

Pese a la negativa del juez, dados los antecedentes del caso, la defensa recurrió al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Y por unanimidad, los magistrados declararon fundado el recurso de queja y ordenaron al juez federal que admitiera la demanda de amparo. 

El tribunal de alzada consideró que el juicio de garantías sí es procedente, a pesar de que el acto reclamado tuvo lugar dentro del procedimiento de extradición. Los magistrados estimaron que Martins no está combatiendo la legalidad o inconstitucionalidad del procedimiento (extradición), sino que reclama la afectación a su libertad personal, como lo es la imposición de la prisión preventiva oficiosa. 

Hace 10 años, en 2011, Lorena Martins, hija del proxeneta, denunció a su propio padre ante la Procuración de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) en Argentina, acusándolo de liderar una red internacional de prostíbulos. 

En la década de los setenta, Martins Coggiola, bajo la falsa identidad de Aristóbulo Manghi y como supuesto profesor de historia en un colegio católico de Buenos Aires, era realmente un graduado de la escuela de Inteligencia de su país y un miembro del Sistema de Inteligencia del Estado de Argentina (SIDE) en su etapa más tenebrosa. 

Martins Coggiola, sobre quien pesan al menos media docena de denuncias, tejió a lo largo de más de 30 años toda una red de explotación de mujeres, primero en Argentina y después en Cancún, Quintana Roo. 

Su modus operandi era presentarse como un gran empresario, contactar a políticos de primer nivel, a funcionarios de los tres niveles de gobierno y a jefes policíacos. A todos los contentaba con dinero, droga o mujeres bellas en los table dances de su propiedad. 

Los grababa y cuando alguno pretendía no servirle ni ayudarlo más en sus actividades ilícitas, los amenazaba no sólo con delatarlos ante las autoridades cómplices, sino exhibirlos con su familia. De esa manera obligaba a sus “clientes” a que siguieran dándole protección. 

Martins Coggiola no es el único miembro de la familia que está en problemas. También su hijo Mariano Martins. El juez de Casación, Gustavo Hornos, ordenó al Tribunal Oral Federal 5 de Argentina someterlo a juicio oral en una causa paralela. En el expediente también figuran su cuñada Natalia Percival, socia gerente del Hotel Anchorena, y su suegra Virginia Solís, apoderada del seguro de dicho hotel. 

Todos ellos están acusados de lavar dinero proveniente de los negocios de explotación sexual de Martins Coggiola, a través de operaciones bancarias e inmobiliarias. 

Aquí en México, también es investigada su mujer, Estela Percival, acusada de lavado de dinero y de regentear, junto con su cónyuge, la red de prostitución. La mujer es asistida por el abogado Ricardo Hernández Santillán quien también forma parte de la defensa de su marido. 

Mientras tanto, el cerco legal se cierra en torno a Martins Coggiola, al agotarse los recursos legales de los que podía echar mano. Todo indica que es cuestión de meses, si no es que semanas, para que el sujeto sea repatriado finalmente a su país y enfrente a la justicia argentina. 

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