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NARCO: LOS PRESUNTOS FAVORES DE PEÑA NIETO

–DESDE LOS PINOS SE DESCONGELARON CUENTAS DE PRESUNTOS MIEMBROS DEL CÁRTEL DE SINALOA

Ricardo Ravelo/Sol Quintana Roo

Una investigación federal podría alcanzar al expresidente Enrique Peña Nieto y a varios de sus excolaboradores. La indagatoria tiene que ver con el narcotráfico y, en particular, con el cártel de Sinaloa.

            Resulta que en junio de 2018, cuando faltaban seis meses para que finalizara el sexenio, el gobierno de Peña Nieto ordenó descongelar 722 cuentas bancarias que habían sido aseguradas por existir sospechas de estar relacionadas con actividades de blanqueo de activos.

            Las cuentas bancarias –según se sabe ahora –estarían relacionadas con empresas y personajes presuntamente vinculados con el cártel de Sinaloa, grupo criminal que durante 16 años encabezó Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

            Esa fue la razón por la que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas; sin embargo, de acuerdo con las nuevas pesquisas, nunca se iniciaron formalmente las investigaciones por parte de la Procuraduría General de la República (PGR). Todo quedó en manos de Hacienda. Simplemente se guardaron este pastel para luego ser repartido entre los cuates.

Los expedientes se mantuvieron archivados en la Secretaría de Hacienda, aparentemente sin razón, hasta que una orden de Los Pinos habría facultado a Mauricio Moreno Balbuena, exdirector General de Procesos Legales de la UIF, para proceder a la liberación de dichas cuentas.

El caso se mantuvo en secreto hasta que finalizó el sexenio anterior. Ahora, al realizar las revisiones del caso, se descubrió que los expedientes referidos no fueron puestos en manos de la PGR para iniciar las carpetas correspondientes.

Se infiere que, luego de que la Secretaría de Hacienda determinó que no había delito, descongeló las cuentas, aunque ahora tres testigos aseguran que Humberto Castillejos –entonces consejero jurídico de Peña Nieto –creó una red de cómplices para pedir dinero a los afectados y, a cambio, ofreció el descongelamiento de sus cuentas.

Este señalamiento lo hizo Santiago Nieto, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien también señaló a Humberto Bazbaz, su antecesor en la UIF, como otro de los presuntos responsable de formar parte del esquema de la extorsión. Según explicó el funcionario, entre 2014 y 2018, pidieron dinero a los afectados con el aseguramiento de sus cuentas y, luego de pagar, desde la UIF se procedía a descongelar las cuentas bancarias.

            Según las investigaciones, los sobornos fueron cobrados a través de cinco despachos jurídicos ligados a Castillejos, quien durante el sexenio pasado fue uno de los hombres más cercanos al entonces presidente Enrique Peña Nieto.

            Los testigos que contaron los pormenores del esquema de extorsión fueron víctimas de los despachos mencionados; se trataba, dijeron, de despachos directamente relacionados con Los Pinos y con el consejero jurídico Humberto Castillejos.

            Así lo detalló Santiago Nieto:

            “El que era consejero jurídico, Humberto Castillejos, operaba todo desde una serie de despachos, los que se encargaban de defender a los afectados.»

            Explicó también que el desbloqueo injustificado de las 722 cuentas quedó asentado en un acuerdo expedido por la UIF en junio de 2018, un año después de que Castillejos renunció a la Consejería Jurídica.

            “Son tres hojitas en el que dicen que se procede al desbloqueo porque los casos ya están denunciados ante el Ministerio Público y porque el Ministerio Público ya tiene las cuentas aseguradas. Cuando revisamos si esto era cierto, resultó que no era así”.

            Santiago Nieto asegura que el caso ya es investigado por parte dela Fiscalía General de la República y, a su juicio, resulta muy difícil pensar que el presidente no estuviera enterado de este caso.

            Desde la fuga de Joaquín Guzmán Loera del penal de Puente Grande, Jalisco, en enero de 2001, hasta su recaptura, en 2014, la UIF no aseguró un solo peso del capo sinaloense.

            Durante todo este tiempo, la fortuna de El Chapo Guzmán ha resultado un verdadero misterio. Nadie sabe dónde está invertida, a pesar de que durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón el cártel de Sinaloa se consolidó como la organización de tráfico de drogas más poderosa del mundo. Su presencia se fortaleció en cincuenta países.

            De acuerdo con la Drug  Enforcement Administration (DEA), Sinaloa introducía mensualmente unas cien toneladas de cocaína a Estados Unidos. Hace cinco años, la revista Forbes calculó en mil millones de dólares la fortuna de Guzmán Loera.

            Tal estimación se quedó muy corta, sobre todo porque el cártel de Sinaloa, desde que fue tomado por Guzmán Loera, en 2001, no sólo se dedicó a la exportación de cocaína sino al tráfico de otros enervantes como mariguana e incursionó en la producción y venta de drogas sintéticas. También diversificó actividades, lo que convirtió al cártel en una organización más dinámica y boyante.

            Tras la sentencia de El Chapo en Nueva York –desde principios de agosto purga una cadena perpetua por delincuencia organizada –el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno investigaría dónde está la fortuna del exjefe del cártel de Sinaloa y también la que fue asegurada en 2007 al empresario de origen chino Zhenli Ye Gon205 millones de dólares – que estaban guardados en la recámara de una residencia a su nombre localizada en Bosques de las Lomas de la Ciudad de México.

            Poco después de la sentencia de Guzmán, el gobierno de Estados Unidos dio a conocer que la fortuna del capo de Sinaloa asciende a unos 12 mil millones de dólares y aseguraron que irán por ese dinero. México también peleará su parte, dijo el presidente y pidió que ambos países trabajen conjuntamente en este caso.

            Durante los años 2009 a 2012, Guzmán Loera figuró como una de las personas más ricas del mundo, aunque el cálculo hecho por Forbes se quedó bastante lejano con respecto a lo que actualmente estima el gobierno estadunidense.

            Buena parte de la fortuna de Guzmán Loera, de acuerdo con la DEA, puede estar invertida en bienes raíces, compra de tierras, empresas fantasmas y otros giros socorridos por el crimen organizado.

            De ahí lo delicado del tema que ahora indaga la Fiscalía General de la República, pues se trata de 722 cuentas, a nombre de empresas y particulares, presuntamente relacionados con el cártel de Sinaloa.

            Ahora la Fiscalía integra una carpeta especial de investigación que podría implicar a otros exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda que trabajaron en la UIF hasta el 31 de diciembre de 2018 y que habrían tenido conocimiento de este hecho. Es posible que haya existido una confabulación para hacer negocios abusando del ejercicio de sus facultades.

            También existen indicios –de acuerdo con los datos que ha hecho públicos Santiago Nieto –de que altos funcionarios de Hacienda, a través de los despachos mencionados, hicieron contacto con los testaferros del cártel de Sinaloa para ofrecerles el descongelamiento de sus cuentas a cambio de cuantiosas sumas de dinero.

            El crimen organizado, desde tiempos lejanos, ha invertido sus capitales en los bienes raíces, en la construcción de hoteles, complejos residenciales, condominios de lujo, compra de tierras y de caballos finos, entre otros rubros, porque se trata de negocios de alta plusvalía donde las inversiones se recuperan con cierta rapidez.

            Este entramado de lavado de dinero es sumamente complejo porque intervienen diversas empresas y personas físicas; existen demasiadas triangulaciones financieras cuyo rastro es sumamente complicado seguirlo por parte de las autoridades, más aún, cuando las triangulaciones se topan con países como Panamá –un paraíso fiscal por excelencia –donde el secreto bancario ya no permite continuar con las investigaciones.

            En Panamá se han terminado muchas investigaciones iniciadas en Colombia o México. El principal obstáculo es el secreto bancario que protege todo tipo de capitales ilegales.

            En aras de proteger a sus clientes, los bancos panameños suelen hasta desaparecer las cuentas para borrar el rastro de las mismas y así proteger los nombres de los verdaderos dueños de los capitales.

            Nada sencillo es investigar el lavado de dinero. En México existen muy pocas sentencias condenatorias por ese delito, pues la mayoría de los acusados evaden la prisión mediante amparos o bien porque las autoridades no logran acreditar las acusaciones.

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