Funcionarios Públicos Portada

¡PROTEGE A CORRUPTAS!

*Irreconocible la protección que AMLO ofrece en favor de María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, presidenta municipal de Benito Juárez; Freyda Marybel Villegas Canché, senadora por Quintana Roo; y Laura Esther Beristáin Navarrete, presidenta municipal de Solidaridad

*Las tres funcionarias públicas han sido desenmascaradas por Sol Quintana Roo en diversas ocasiones, no sólo por la forma de conducir sus gobiernos fallidos e inhumanos, sino por la corrupta forma de cómo aprovechan su condición política para beneficiarse

*Es difícil descifrar la mente maquiavélica del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien trabaja abiertamente para proteger la corrupción y la impunidad; no cabe duda, la muestra está a la vista de los mexicanos, y en este caso de los quintanarroenses

Redacción/Sol Quintana Roo

LOS NEGOCIOS DE “MARA”

Ante las acusaciones de nepotismo, corrupción y otras presuntas irregularidades en el gobierno de Mara Lezama, la alcaldesa de Cancún, Mara Lezama, fue defendida y recibió el apoyo del Presidente López Obrador a lo que la edil dijo en su cuenta de Twitter: “Agradezco a nuestro presidente @lopezobrador_ por las palabras de apoyo que nos dio en su conferencia de hoy, vamos a seguir trabajando por la #CuartaTransformación. ¡No lo defraudaremos!”

Sin embargo, las acusaciones de nepotismo y corrupción contra la presidenta municipal de Benito Juárez, en Quintana Roo, son cada día más y para muestra tan sólo un botón, pues pagó 68 millones de pesos para alquilar camiones chatarra y pago de copias e impresiones en Cancún

La empresa Arrendadora y Constructora Calicun Sociedad Anónima (SA) de Capital Variable (CV) obtuvo un contrato por 61 millones de pesos por el arrendamiento de camiones de 3.5 toneladas, destinados a la Dirección General de Servicios Públicos Municipales de Benito Juárez.

El gobierno de Mara Lezama contrato un parque vehicular de 40 carcachas pues la mayoría de esas camionetas son modelo que oscilan entre los años 1993, aunque la mayoría no pasan de 2010 hacia abajo. Hay una sola unidad 2018.

Estas mismas carcachas inservibles fueron arrendadas el último año del gobierno de Remberto Estrada Barba según consta en el número de contrato MBJ-OFM-DRM-0067-2018, por el cual se pagaron seis millones 484 mil 632 pesos.

Según la información disponible, el gobierno de María Elena Hermelinda Lezama Espinosa pagó por ese mismo parque vehicular de chatarra la cantidad de 61 millones de pesos, es decir diez veces más de lo que pagó su antecesor.

El proceso de licitación pública comenzó el 1 de enero de 2019 bajo el número de expediente, folio o nomenclatura MBJ-OFM-DRM-RM-LP-011-2019. Dicha licitación la ganó la Arrendadora y Constructora Calicun SA de CV, cuyo RFC es el  ACC150824R31 para prestar sus servicios a la Dirección General de Servicios Públicos Municipales.

El contrato obtenido es el MBJ-OFM-DRM-082-2019 con 21 febrero de 2019 por un monto de 52 millones 586 mil 206 pesos sin IVA, y ya con IVA el monto se eleva a los 61 millones de pesos.

Además, la empresa la Arrendadora y Constructora Calicun SA de CV, fue constituida el 17 septiembre de 2015, justo al comienzo del periodo de gobierno de Remberto Estrada Barba. La empresa es propiedad de Mirna Margarita Concha y se encuentra inscrita en el padrón de proveedores del municipio.

Sin embargo, la dueña de la Arrendadora y Constructora Calicun SA de CV, Mirna Margarita Concha es también es propietaria de la compañía Durabont de México, una de las más beneficiadas de la administración municipal de Remberto Estrada.

Esta empresa recibió 117 millones de pesos por renta de vehículos de carga para el programa “Brigadas Verdes” a través de licitaciones públicas, pero también obtuvo cuatro contratos por adjudicación directa para mantenimiento del domo 221 y mantenimiento en las regiones 91, 97 y 233.

La constructora es propiedad de Mirna Margarita Concha y Cárdenas, con el 51 por ciento de las acciones, y de Diana Graviela (Sic) Martínez Serrano, con el 49 por ciento. Ésta última comparte coincidentemente apellido con la dueña de Stang Continental y Grupo Constructor FGX.

Mirna Margarita Concha es la socia mayoritaria de la empresa Arrendadora y Constructora Calicun, y en la actualidad es ya una de las beneficiadas por el gobierno de María Elena Hermelinda Lezama Espinosa.

Otra de las coincidencias de esta empresa es el notario que aparece en todas sus empresas. El notario de cabecera de Mirna Margarita Concha y Cárdenas para crear empresas es Luis Alberto Albores Figueroa, cuyo número de Notaría Pública es la 178 con sede en municipio chipaneco de “El Parral”.

Este notario se vio involucrado con el caso de las empresas fantasma beneficiadas por la Secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedetu) de Rosario Robles, y sus vínculos con el exgobernador Javier Duarte.

Resulta que en algunas de las empresas que participio el notario Luis Alberto Albores Figueroa, recibieron parte de los 164.7 millones de pesos de la Sedatu con sus nexos con un prestanombres usado por Javier Duarte.

A inicios de 2016, la Sedatu firmó dos acuerdos con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) y con Televisora de Hermosillo SA de CV (Telemax) para desarrollar productos de difusión en audio y video que servirían para promover programas de gobierno; el primer convenio fue por 450 mdp y el segundo por 320 mdp, indicó MCCI.

Tanto el SQCS como Telemax subcontrataron los servicios a una red de empresas que simularon operaciones, entre ellas Agatha Líderes Especializados SA de CV, que recibió entre 2016 y 2017 pagos por 164.7 mdp.

Por otra parte, las políticas y acciones de conservación y cuidado del medio ambiente que pone en marcha la presidente municipal de Benito Juárez, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, sólo son para los ciudadanos, porque para ella y sus subiditos no aplican.

Para nadie es extraño que hay un desmedido despilfarro de papel en las principales oficinas del municipio en la generación de copias e impresiones que en la mayoría de los casos son innecesarias, Y de hecho no sólo de papel sino de recursos pues hace apenas unos meses aprobó una millonaria licitación pública bajo el número MBJ-OFM-DRM-RM-LP-004-2019.

Dicha licitación le fue otorgada a la empresa Centro de Copiado Mérida SA de CV (Copicentro) bajo el contrato MBJ-OFM-DRM-074-2019 por un monto de seis millones 323 mil 275 que con IVAN se eleva a siete millones 335 mil pesos.

Lo cierto es que el despilfarro de papel tampoco es coincidente con la cantidad de millones que le otorgó a la empresa que ha sido las consentidas del municipio de Benito Juárez desde la época del ex presidente municipal Paul Carrillo de Cáceres.

A lo largo de tres trienios,  el propietario de la empresa Francisco Javier Alsina Masso se ha visto beneficiado. Alsina Masso es originario de Veracruz, avecindado en la Blanco Mérida y egresado de la Universidad de Yucatán.

Con el lanzamiento de ECOnéctate como estrategia integral, apuntó, se sumarán más acciones, de manera que cada día, se llevará a cabo al menos una labor relacionada con la ecología y de protección del medio ambiente.

Se atrevió decir que se intensificará la educación ambiental a través de las pláticas que impartirán servidores públicos del municipio de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), Ecología y el organismo descentralizado Solución Integral de Residuos Sólidos  (SIRESOL), para alumnos de preescolar, primaria y secundaria; y está en proceso de edición un libro que permita profundizar en estos temas, con el que se impactarán de 18 a 20 planteles por mes.

De igual manera, se ha dado a conocer que Mara Lezama otorgó 40 contratos a proveedores mediante adjudicación directa, sin licitaciones públicas que los pusieran a competir, por más de 25 millones de pesos, tan sólo en los primeros tres meses de su gestión en Benito Juárez.

Un día después que la morenista asumió el cargo como alcaldesa, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles aprobó en sesión extraordinaria el primer contrato por cerca de 3 millones de pesos para servicios de fumigación en control de plagas en las direcciones, áreas públicas y bodegas del Ayuntamiento, por tres meses de trabajo.

Una semana después se dieron otras dos adjudicaciones directas que en conjunto sumaron alrededor de 4 millones de pesos, con las cuales se favoreció a un par de proveedores por servicios de impresión que surtieron a todas las dependencias centralizadas en Benito Juárez, también entre octubre y diciembre pasado.

Hubo también obras hidráulicas que se contrataron de manera directa por más de 5 millones de pesos, a cuyos proveedores se les entregó anticipos económicos para realizar los trabajos, por montos que superaron un millón de pesos, y que habrían de realizar en plazos de entre 30 y 90 días.

De la chequera municipal se formalizó la compra de una camioneta 2019 para la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios, con un valor de 351 mil pesos; la adquisición de una licencia de Firewall para el servidor de Internet del Ayuntamiento, por 336 mil 400 pesos, y hasta el suministro de gasolina (Magna y Premium) y diésel para las unidades motorizadas de la Zona Federal Marítimo Terrestre, por 240 mil pesos, todos para el último trimestre de 2018.

Los contratos que se suscribieron evidencian que la Dirección de Recursos Materiales contrató 37 servicios diversos por 16 millones 101 mil 970.73 pesos y la Dirección de Obras formalizó otros tres por 9 millones 178 mil 918.40 pesos.

Esa misma dependencia suscribió acuerdo legal con Construcciones Lope S.A. de C.V. para la perforación y desazolve de pozos de absorción por 5 millones 062 mil 799.32 pesos, cuyos trabajos habrían de ejecutarse en diciembre del año pasado, para lo cual se entregó un anticipo de un millón 518 mil 839.79 pesos, según el contrato MBJ-DGOP-(33)-36-2018.

La misma dirección contrató a la empresa Ingeniería y Perforaciones Peninsulares S.A. de C.V. para el desazolve de pozos en zonas de atención prioritarias en diversas calles, con un costo de 3 millones 950 mil 680.23 pesos y de los cuales se entregó un anticipo de un millón 185 mil 204.07 pesos, de acuerdo al contrato número MBJ-DGOP-(33)-37-2018.

Otra asignación directa quedó plasmada en el contrato número MBJ-OFM-DRM-0071-2018 por la renta de 76 patrullas (50 camionetas doble cabina, 10 autos patrullas interceptoras 2019 y 16 motocicletas) con la empresa Lumo Financiera del Centro S.A. de C.V., por la cantidad de 3 millones 738 mil 114.24 pesos, únicamente para diciembre.

Mediante contrato MBJ-OFM-DRM-0041-2018, el Ayuntamiento de Benito Juárez contrató el servicio de fumigación para control de plagas en 100 inmuebles y oficinas municipales con la proveedora Martha Beatriz García Figueroa, por 2 millones 978 mil 299.98 pesos.

También se dio el contrato MBJ-OFM-DRM-0046-2018 por el servicio integral de impresión para todas las dependencias centralizadas con la empresa Corpdep S.A. de C.V., con un monto de 2 millones 400 mil pesos.

Más otros contratos de adjudicación directa por chalecos blindados; servicios de impresión; timbrado de ingresos bóveda electrónica e integración de servicio; mantenimiento preventivo y correctivo de 336 cámaras de videovigilancia, para un acumulado de 4 millones 672 mil pesos.

CRÓNICA DE UN FRAUDE INMOBILIARIO

La declaración patrimonial de la presidenta municipal de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete es en realidad la confesión de uno de los mayores fraudes inmobiliarios cometidos en el municipio de Solidaridad. Ella declara como suyas dos propiedades ubicadas en la Colonia Luis Donaldo Colosio que todavía no han liquidado ante la Desarrolladora de la Riviera Maya SA de CV.

En la página seis de su declaración patrimonial afirma que cuenta con un total de cinco propiedades de las cuales tres se encuentran en Mérida, Yucatán, y dos en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Las tierras que posee en el vecino estado yucateco son productos de herencias millonarias y la sesión de derechos, pues tienen un valor comercial que superan los 6 millones 100 mil pesos.

Sin embargo, en los terrenos de Solidaridad que manifiesta como suyos en su declaración patrimonial, no expone el valor comercial o catastral ni del predio ni de las construcciones, pues en realidad no ha pagado nada por ellos.

Uno de ellos, es producto de la invasión que autorizó el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, el 2 de abril de 1994. Y el segundo predio que manifiesta como una “sesión de derechos” es en realidad un despojo cometido contra una mujer anciana hace cinco años.

Por ahora, en la página seis de la misma declaración patrimonial Laura Beristaian Navarrete asegura que cuenta en Solidaridad con un departamento construido sobre un terreno familiar y otro predio en construcción pero que ambos están en proceso de legalización ante Secretaría de Desarrollo Urbano Territorial y Urbano (Sedatu).

Sin embargo, ni la Sedetus ni la Desarrolladora de la Riviera Maya SA de CV confirman que la presidenta Laura Beristain Navarrete haya pagado los predios. Fuentes de la Derimaya SA de CV aseguran que “los hermanos Beristain nunca han pagado un peso por los terrenos que tienen en posesión”.

Por el contrario, “cada que puede Juan Carlos Beristain visita las oficinas para presionar a que se le entreguen las escrituras de los dos predios que tienen en posesión. En realidad son cuatro predios los que tienen, pero como ya construyeron un hotel y en el otro están construyendo un edificio han juntado los terrenos”, asegura personal de la empresa Derimaya SA de CV.

MARYBEL VILLEGAS, SIMBOLO DE CINISMO Y CORRUPCIÓN

En política no existen amigos, compadres, ni mucho menos parientes. La enfermedad más común es la pérdida de la memoria o alzhéimer, esa que ahora le afecta a la senadora Freyda Marybel Villegas Canché. De la noche a la mañana, en un santiamén, amaneció convencida de que en Quintana Roo existe corrupción y es por eso que se necesita combatirlo.

Cinco años fueron suficientes para terminar de amasar su fortuna personal, esto caminando al lado del Partido Revolucionario Institucional (PRI); pero luego recibir el bautizo por parte del rabino del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ya convertida en guinda ha decidida blasfemar.

Se volvió olvidadiza. A la Senadora, que hoy pide acabar con la corrupción, se le olvidó que en 2014 no sólo votó a favor de ampliar la concesión de Aguakan, sino que además estuvo en favor de la “Ley Borge”, la cual mantiene a sus ex colaboradores al margen de la ley.

Como se recordará, Marybel Villegas y otros 15 diputados fueron quienes aprobaron en 2014 la ampliación de la concesión de Aguakan hasta el 2053. También, fue partícipe de la entrega de CAPA Solidaridad a dicha empresa.

Habla de corrupción cuando lo que hace es escupir hacia arriba. Por esa “transacción”, Aguakan entregó más de mil millones de pesos, los cuales desaparecieron al ingresar a la cuenta de CAPA. ¿Eso lo puede explicar? ¿Dónde quedó el dinero? ¿Le tocó mochada? ¿Ahora es honesta… Puede explicar con qué dinero adquirió todas sus propiedades y de dónde salió el dinero que tiene en sus cuentas bancarias?

Recordando la memoria, podemos decir que Aguakán ha administrado la distribución del agua en Benito Juárez e Isla Mujeres desde 1993. En 2014, su concesión fue ampliada hasta 2053 y se le cedió la operación de la distribución en Solidaridad, que administraba Capa.

El dinero pagado por la privatización se esfumó. Inicialmente fue depositado en la cuenta de CAPA, luego transferido a la cuenta de la Sefiplan, y hasta la fecha se desconoce su paradero.

Por tal motivo, se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, por supuesto desvío de recursos. La Fiscalía abrió carpetas de investigación y giró órdenes de aprehensión contra Gustavo Guerrero Ortiz, ex director de CAPA; Juan Pablo Guillermo Molina, ex titular de Sefiplan; y Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo.

De la mano de José Luis Toledo Medina “Chanito” (otro que quiere “acabar” con la corrupción)y su actual enemiga política, desde la bancada del Partido Revolucionario Institucional siguieron las órdenes del ex gobernador Borge Angulo, y de una u otra forma, participaron en el saqueo al Estado.

Sus inicios en la política

En 2006, fue candidata a diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), por Benito Juárez, ganó al tener como padrino político al gobernador de ese entonces, Félix Arturo González Canto.

Luego, renunció al PRD y se fue al PAN. Intentó ser candidata a la presidencia municipal de Benito Juárez (PAN-PRD) en 2013, pero no fue tomada en cuenta, por lo que renunció a Acción Nacional.

En 2014, se vendió al PRI quien la hizo candidata logrando entrar a la XIV Legislatura. Fue en ese periodo cuando se aprobó la ley de blindaje o “Ley Borge”, que hasta el momento ha tenido un excelente resultado, puesto que todos los que han sido detenidos terminan con concesiones a favor.

Al finalizar su periodo como diputada local, fue nombrada titular de la Sedesol en Quintana Roo, cargo que ocupó hasta 2018 que fue nominada candidata a senadora de Morena.

En total fueron 16 los legisladores que movieron cielo, mar y tierra para conseguir ocultar todas las anomalías del gobierno de Roberto Borge Angulo, tropelías en las cuales participó de manera directa la actual Senadora, quien quiere ser la próxima mandataria de Quintana Roo.

Recordamos, quienes fueron los que votaron a favor de Aguakan y la “Ley Borge”:

1.- José Luis Toledo Medina 


2.- Pedro José Flota Alcocer


3.- Martiza Aracelly Medina Díaz


4.- Berenice Penélope Polanco Córdova


5.- Juan Luis Carrillo Soberanis


6.- Filiberto Martínez Méndez


7.- José Ángel Chachón Arcos


8.- Marcia Alicia Fernández Piña


9.- Jesús de los Ángles Pool Moo


10.- Juan Manuel Herrera


11.- Freyda Marybel Villegas Canché 


12.- Susana Hurtado Vallejo


13.- Cora Amalia Castilla Madrid


14.- Arlet Mólgora Glóver


15.- Martín de la Cruz Gómez


16.- Mario Machuca Sánchez

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