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PROTEGE A DELINCUENTES

*Alfredo Serrano Guinto incumple con los requisitos de ley que exige el Servicio Profesional de Carrera de   la Policía ante el Registro Nacional

*Con la complacencia de la presidenta municipal, Laura Lynn Fernández Piña, el uniformado es apenas “aspirante” a director la Policía Preventiva y Turística de Puerto Morelos y no oficial

*Desde hace más de cinco años tiene un sin número de aviadores en nómina de la policía y es señalado de incurrir en delitos del fuero común y abuso de autoridad

*Los regidores ni se inmutan sobre la ilegalidad de “jefe” policiaco que abusa de su personal y los obliga a extorsionar a la ciudadanía

STAFF SOL QUINTANA ROO

Puerto Morelos.- Al no contar con los requisitos de ley que exige el Servicio Profesional de Carrera de la Policía, Alfredo Serrano Guinto, se convierte en un vil y vulgar usurpador de funciones al frente de la Policía Preventiva y Turística de Seguridad Pública Municipal de Puerto Morelos.

De hecho, en el registro municipal de Puerto Morelos, Serrano Guinto, quien es señalado de incurrir en diversos delitos del fuero común y de abusos de autoridad, esta catalogado como “aspirante”, es decir que no ha sido contratado de manera oficial para desempeñar el cargo que hoy ostenta.

Documentos en poder de Sol Quintana Roo revelan que el malamente llamado encargado del despacho de la Policía Preventiva y Turística ha reprobado en repetidas ocasiones los exámenes de control y confianza, por lo que según la ley el usurpador debería de ser retirado del cargo y ser sancionado.

Y con la complacencia de la alcaldesa Laura Fernández Piña, el funcionario viola a todas luces el reglamento del servicio profesional de carrera de la policía municipal de Puerto Morelos, Quintana Roo que en su artículo 1 señala que “”el Servicio de Carrera es un conjunto de procesos y procedimientos de carácter obligatorio y permanente, que tiene por objeto garantizar la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y ascenso, basado en el mérito y la experiencia, el desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad, elevar la profesionalización, fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia, así como garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales”.

En el artículo 6 referente a que “el servicio comprende el grado policial, la profesionalización, la evaluación, antigüedad, insignias, condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así como el registro de las correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el integrante. Se regirá por las normas mínimas siguientes:

  1. La Corporación deberá consultar los antecedentes de cualquier aspirante en el Registro Nacional antes de que se autorice su ingreso a la misma;
  2. Todo aspirante deberá tramitar, obtener y mantener actualizado el Certificado Único Policial, que expedirá el centro de control de confianza respectivo;

III. Ninguna persona podrá ingresar a la Corporación si no ha sido debidamente certificado y registrado en el Sistema;

  1. Sólo ingresarán y permanecerán en la Corporación, aquellos aspirantes e integrantes que cursen y aprueben los programas de profesionalización.

Todos estos requisitos los incumple Alfredo Serrano Guinto para estar al frente de la corporación es por ello qué, como encargado del despacho de la Policía Preventiva y Turística de Puerto Morelos, actúa como delincuente e incurre en una serie de delitos tanto dentro como fuera de la dependencia.

Al interior de la corporación ordenó a los encargados de las oficinas desplegar a sus escuadrones de aviadores o prestanombres para cobrar entre 10 y 15 mil pesos mensuales. Esos recursos van a parar a sus bolsillos.

Un ejemplo de la existencia de aviadores es la lista de control de asistencia de empleados de la Seguridad Pública Municipal de Puerto Morelos entre los que se encuentran Antonia Trinidad López, Erika León Ramón, Ana Gabriela Cabrera López, Marisol Castillo Aguilar, Jacqueline Muñoz Beltrán, Grace Kelly Martínez Benítez, María de los Ángeles Cárdenas Vázquez, Alexa Jacqueline Núñez Muñoz, Tania Martínez Vázquez, Jessica Aguilar Peña, entre otros.

Hacia el exterior, Alfredo Serrano Guinto, es señalado de incurrir en el enriquecimiento inexplicable pues con apenas un salario que apenas supera los 50 mil pesos, se compró 15 hectáreas en la ruta de los Cenotes, con valor estimado en los 9 millones de pesos.

Este hecho muestra el presunto delito de extorsión que realiza por las noches en la zona turística, a la altura del kilómetro veinte con Central Vallarta, aprovechando que en dicho lugar se pierde la señal telefónica. Las tierras que adquirió pertenecían al ejidatario Moisés Ibarra Morales quien ya falleció, ubicado en la carretera Puerto Morelos a Leona Vicario Km 30+100 aproximadamente.

Por su parte, los empresarios de la zona han denunciado que Alfredo Serrano es el ejecutor de los operativos dónde amenaza a quienes cruzan por la zona de llevarlos detenidos si no le pagan una módica cantidad de cinco mil pesos por no haber pagado los derechos antes tenencia.

Por medio de “operativos”, habilitación ilegal de “puntos de revisión”, control de lugares de venta clandestina de alcohol, de “tienditas” de venta de drogas, operativos de revisión anticonstitucional de las pertenencias de trabajadores.

La circulación en la carretera que une a la cabecera municipal de Puerto Morelos con la delegación de Leona Vicario “La Ruta de los Cenotes”, se ha convertido en una auténtica película de terror en especial después de las 16:00 horas (cuatro de la tarde).

Policías de la confianza del comandante Serrano, se instalan en diversos puntos de esta vía para acosar a todo aquél que circule por allí, para detenerlos, con el argumento ilegal de la “revisión de documentos”; insisto, argumento ilegal.

En especial, acosan a quienes ostentan placas de circulación vencidas, a pesar de que, el propio gobernador del estado haya hecho el compromiso de no exigir el pago de cambio de placas para apoyar a las familias quintanarroenses durante el terrible transe de la pandemia provocada por el virus SarsCov2.

Pero ese no es el único pretexto que le “justifique” la detención de vehículos, cualquiera es bueno, pero en todos los casos, el “oficial” de policía de Puerto Morelos advierte al conductor que “la falta”, amerita que su vehículo sea arrastrado por una grúa hasta el corralón y que, debido a que son más de las cuatro de la tarde, en las oficinas administrativas ya no hay quien reciba el pago.

GOBIERNO EMPAÑADO DE ILEGALIDADES

Como se recordará, la administración de Laura Lynn Fernández Piña se ha visto empañada de ilegalidades, sobre todo, de entrega y beneficio para allegados y familiares directos de la presidente municipal de Puerto Morelos y ex colaborada de los ex gobernadores Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, respectivamente.

Es por eso, que Puerto Morelos se ha convertido en la cuna de la corrupción, lo que ha sumergido en un dolo político, económico y social por parte de su presidenta, quien aprovecha al máximo su condición para desfalcar uno de los polos turísticos de Quintana Roo en pleno crecimiento y expansión.

Sin embargo, hay que señalar punto por punto las anomalías, como lo es que la Dirección de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) es utilizada como “caja chica” por la presidenta municipal, utilizando empresas sin experiencia en la adquisición de bienes y servicios, y/o vinculadas a su esposo, el jalisciense Carlos Alberto Moyano Menchaca.

De los nueve contratos solicitados por la alcaldesa a nombre de la Zofemat por un monto de $5,712,564.00 (Cinco millones setecientos doce mil quinientos sesenta y cuatro mil pesos 0/100 MN), le fue destinado el más jugoso a la empresa “Soluciones en Ecología y Medio Ambiente para el Rescate Ecológico SA de CV, con domicilio fiscal en el municipio de Zapopan, Jalisco.

A la compañía jalisciense conformada por la sociedad entre Patricia Robledo Navarro y Thelma Calderón Bencomo, Fernández Piña le adjudicó el contrato para la “Adquisición de un chasis cabina modelo 2021 para el traslado de sargazo” por un monto de $4,445,000.00 (Cuatro millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil pesos 0/100 MN), pese a que no cuenta con la experiencia para ofrecer ese tipo de servicio.

Con base en información del portal Compranet, los nueve contratos solicitados por la presidenta a través de Copranet fueron distribuidos cuatro para “Tecnología y Desarrollo JRA SA de CV”; dos para “Corporativo de Implementos y Servicios Avanza S de RL de CV”; uno para “Soluciones en Ecología y Medio Ambiente para el Rescate Ecológico SA de CV”; uno para “Ghee Comercial SA de CV”; y uno para la “Foundation for Environmental Education Mexico for Sustainable Development SC”.

Otra de las consentidas por la alcaldesa fue la empresa cancunense “Tecnología y Desarrollo JRA SA de CV” a la que se le adjudicaron de manera directa cuatro contratos por un monto de $680,305.00 (Seis cientos ochenta mil trecientos cinco mil pesos 0/100 MN), por diversos productos y servicios que a juzgar por el objeto social que ostenta no tiene la capacidad ni la experiencia.

Ante las anomalías que existen en la contratación que solicitó de manera directa la alcaldesa se abre la sospecha de que podría tratarse de empresas fachada o factureras para justificar gastos sobre la adquisición de bienes y servicios inexistentes.

El detallazo más evidente de que la alcaldesa Fernández Piña y su esposo utilizan a la Zofemat de Puerto Morelos como caja chica es que la empresa “Soluciones en Ecología y Medio Ambiente para el Rescate Ecológico SA de CV” no cuenta con la experiencia para ofrecer servicio de la “Adquisición de un chasis cabina modelo 2021 para el traslado de sargazo”.

Según el acta constitutiva que se encuentra en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, la sociedad la conforman Patricia Robledo Navarro y Thelma Calderón Bencomo, quienes son las prestanombres de Carlos Alberto Moyano Menchaca, esposo de la alcaldesa, tiene por objeto social “ofrecer servicios de elaboración de investigaciones, estudios de capacitación, asistencia técnica, ejecución, administración y gestión de proyectos y programas, consultoría, gestión, representación, asesoría, defensa y litigio en las diversas ramas del derecho mercantil, laboral, penal, fiscal, ambiental, y administrativo ante y/o para autoridades federales estatales, municipales o cualquier otra institución”.

Con esas cualidades, en realidad Laura Fernández Piña estaría subcontratando servicios de asesoría legal o técnica que nada tienen que ver con el motivo que le da razón al contrato que es la “Adquisición de un chasis cabina modelo 2021 para el traslado de sargazo”.

La inclusión de esta empresa que tiene dirección en el municipio de Zapopan, Jalisco, tierra natal de Carlos Alberto Moyano Menchaca, esposo de la presidente municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, queda demostrado que sigue siendo el principal intermediario de las compañías que proveen bienes y servicios a la comuna.

Asimismo, “Tecnología y Desarrollo JRA SA de CV”, se convirtió en la consentida de la presidente municipal de Puerto Morelos, Laura Lynn Fernández Piña, para realizar los trabajos que dependen de los recursos que se obtienen de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), pues le adjudicaron por los menos cuatro $680,305.00 (Seis cientos ochenta mil trecientos cinco mil pesos 0/100 MN).

Pese a que desde su origen todos los contratos fueron asignados por la vía de la adjudicación directa en lo que va del presente año 2020, la alcaldesa subió la información al portal electrónico Compranet por trámite y, porque no decirlo, en un intento de simular una apertura a los proveedores interesados en los servicios que ofrece el ayuntamiento que pagará con recursos de Zofemat.

 

Ya para nadie es extraño que la alcaldesa utiliza a la Zofemat como su caja chica y trata de encubrir su saqueo por medio de empresas factureras. Este intento por transparentar el manejo del dinero solo pone en evidencia que la administración de la priista transformada a verdeecologista, Fernández Piña, es sólo un intento por justificar gastos de servicios que no se ven por ningún lado.

Los contratos adjudicados a la empresa “Tecnología y Desarrollo JRA SA de CV”, propiedad de Juan José Trejo Luna Lugo, José Arturo Trejo Luna y fajardo, y Rafael Tun Uribe, fueron por los servicios de “adquisición de suministros para el programa de recertificación de playas”; la “Adquisición de herramientas para el programa de recertificación de playas”; “Servicio de mantenimiento y habilitación de accesorios para el programa de recertificación de playas”, y la “Adquisición de silla anfibia y camastros para el programa de recertificación de playas municipio de Puerto Morelos.

A la empresa “Corporativo de Implementos y Servicios Avanza S de RL de CV” le fueron adjudicados dos contratos por los servicios de “Adquisición de suministros de mantenimiento para el programa de limpieza de playas; y por la “Adquisición de material de limpieza y suministros para el guardavidas del programa de recertificación de playas de la Zofemat del municipio de Puerto Morelos.

Esta empresa se ubicada en el Estado de México, en el municipio de Naucalpan de Juárez, aunque cuenta con un número telefónico de Cancún (981) 8168308 y fuera constituida en el estado de Campeche.

A la empresa “Ghee Comercial SA de CV” se el entregó un contrato por la Adquisición de material de limpieza para el programa de limpieza de playas de la Zofemat del municipio de Puerto Morelos, pese a que la firma constituida de Cancún se dedica a la venta de papelería y abarrotes, según la actividad comercial del acta constitutiva ante el Registro Público del Comercio.

Y por último, el servicio de “recertificación y/o aplicación al proceso de obtención del distintivo Blue Flag México se le otorgó a la Foundation for Environmental Education Mexico for Sustainable Development SC.

Lo cierto es que la presidente municipal utiliza la Zofemat como caja chica por medio de la supuesta contratación de bienes y servicios a empresas sin experiencia y vinculadas a su esposo para obtener recursos que sean casi imposibles de rastrear, sin embargo, las señales de corrupción son muy evidentes que hasta al menos versado puede entender a la perfección.

CUNA DE CORRUPCIÓN

El municipio de Puerto Morelos se ha convertido en la cuna de la corrupción, lo que lo ha sumergido en un dolo político, económico y social por parte de su presidenta Laura Lynn Fernández Piña, quien aprovecha al máximo su condición para desfalcar uno de los polos turísticos de Quintana Roo en pleno crecimiento y expansión.

 

Dichas acciones se han valido para que se haya convertido en la emperatriz de la ignominia y quien, por su voluntad, ha decido borrar la historia del polo turístico con artimañas, amenazas y valiéndose de su investidura.

A espaldas del pueblo, confinado por la pandemia ocasionada por el Covid-19, “negoció” tierras ejidales en bancos de materiales para abastecer las obras y beneficiar a constructores del Tren Maya, hecho que fue denunciado públicamente por Sol Quintana Roo en su momento.

La gestión de la munícipe se ha convertido, por cuatro largos años, en la administración de fraude y ecocidio al trabajar con empresas fantasma y acabar con la flora y fauna, tal y cual ha sido publicado y fundamentado por esta Casa Editorial.

 

MACHETAZO A CABALLO DE ESPADAS

En su momento, aprovechando el confinamiento cerró tratos con el comisario Ejidal Braulio Núñez López para convertir tierra ejidal en bancos de materiales para abastecer las obras del Tren Maya. Es decir, dio machetazo a caballo de espadas.

Por tal motivo, activistas y ciudadanos solicitarán juicio político para Fernández Piña, así como el cese de su director de la policía municipal, Gumersindo Jiménez Cuervo, lo anterior por la violación de derechos humanos a la libre manifestación, libre tránsito, lesiones, detenciones arbitrarias y represión.

Asimismo, también hay que mencionar que la alcaldesa se apropió, a base de supuestos negocios sucios, de las reservas territoriales de Puerto Morelos, cometiendo el peor ecocidio que se haya visto en la historia de la demarcación.

Estas fueron entregadas a las empresas de Carlos Alberto Moyano Menchaca, su esposo, las que servirán para encubrir el saqueo de materiales pétreos que le dejarán millonarias ganancias a la familia.

De acuerdo con integrantes del Ejido de Puerto Morelos confirmaron a Sol Quintana Roo que ambos personajes, incluido el cuestionado secretario general del Ayuntamiento, Miguel Ángel Zetina; el secretario del comisariado ejidal Gustavo Izcabalzeta; avalados por Elidé García, visitadora de la Procuraduría Agraria, sostuvieron sendas reuniones para analizar los procedimientos para delimitar las áreas que serán explotadas y vendidas a las empresas del marido de la alcaldesa.

Los denunciantes aseguran que autoridades municipales y ejidales realizan tratos en lo “obscurito” para modificar los planos de la zona urbana y ubicar los predios más lucrativos cercanos a donde estará la estación del Tren Maya.

Según los ejidatarios preocupados por el futuro de las reservas territoriales de Puerto Morelos harán todo lo posible por impedir que manos ajenas a los verdaderos dueños de la tierra se apoderen o se beneficien grupos de saqueadores que operan en alianza.

 

Para los ejidatarios honestos que buscan proteger el patrimonio territorial de Puerto Morelos, la empresa empresa Mexiled, propiedad de Carlos Alberto Moyano Menchaca se ha convertido en el principal proveedor de la Comuna, pero ahora quiere meter las manos en la explotación de los bancos de materiales.

De acuerdo con Sol Quintana Roo, la empresa ha obtenido varías obras de parte de la Comuna. La primera fue la obra de “Rehabilitación, ampliación y modernización de la red de alumbrado público en las Supermanzanas 01 y 02 de Puerto Morelos” donde se invierten 6.2 millones de pesos, que incluyen el suministro de luminarias Led, postes, zanjeado, cableado, encofrado y transformador.

En la segunda se realizaron obras de modernización del alumbrado público en las supermanzanas del primer cuadro, en las que se llevó a cabo el cambio de luminarias en las colonias Zetina Gasca y 23 de enero, con una inversión total de 14 millones de pesos entre otras.

La versatilidad del empresario de 63 años, Carlos Alberto Moyano Menchaca, abarca la industria inmobiliaria, del calzado, de outsourcing y por su puesto de la iluminación. El jalisciense cuenta con siete empresas ante el registro público del comercio estas son: Moymen Mdo S.A. de C.V.; Tecnosandalias S.A. de C.V.; CMM Controladora S.A. de C.V.; Plantas y Accesorios para el Calzado S.A. de C.V.; Zapatos Primos S.A. de C.V.; Calzado Ema S.A. de C.V. y Rendimiento y Asesorías Inmobiliarias S.A. de C.V.

REPRIME AL PUEBLO

Como se recordará, a dos meses de que la presidenta municipal de Puerto Morelos ordenara reprimir a un grupo de manifestantes que se oponían a la demolición del parque del “Casco Antiguo”, los trabajos de mantenimiento de la plaza permanecen abandonados lo que representa un retraso de más de siete meses.

La urgencia de la alcaldesa de aparentar que se trabaja en el parque ícono del municipio representa un acto de aberrante corrupción pues según el contrato, la obra tuvo que haber concluido en enero pasado según el contrato resultado de la licitación que se realizó en octubre de 2019.

Sin embargo, fue hasta el 5 de junio de 2020 cuando a la fuerza y pese a la resistencia civil, Fernández Piña ordenó que la policía respaldará a la cuestionada empresa poblana “Constructora HouseJK, S.A DE C.V. para que emprendiera la demolición del kiosco del Parque del Casco Antiguo.

La orden fue reprimir a los ciudadanos que se opusieran a la entrada de la maquinaria para destruir los últimos vestigios que le daban historia al municipio, y así pasó: Una decena de ciudadanos nacionales y extranjeros fueron golpeados por la policía estatal y municipal, y encarcelados por varias horas por instrucciones de la alcaldesa.

Pero a la alcaldesa no le interesa siquiera la remodelación del parque sino ocultar que ya se gastó el dinero que tendría que ser para la obra, es decir, qué pese a que no hay avances en los trabajos, ya pagó a la empresa el 70 por ciento de los 19 millones de pesos, revelaron fuentes del ayuntamiento.

Sol Quintana Roo dio a conocer que la presidenta municipal de Puerto Morelos incurrió una serie de irregularidades que iniciaron desde la licitación, la contratación, y el pago de anticipos a la empresa “Constructora HouseJK, S.A DE C.V.”, con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) CHO180815SE8.

¡REPARTE MISERIA!

También, como se recordará, el desprecio de la presidenta municipal, por los pobladores portomorelenses es evidente y se refleja en la miseria de recursos que invirtió para los apoyos alimentarios, que por cierto sólo llegaron a las familias de sus más cercanos colaboradores.

Para la alcaldesa que se desvive en discursos y promesas, $578,062.96 fueron suficientes para conformar supuestamente 2,000 despensas que fueron repartidas en un solo día para compensar tres meses de confinamiento de las personas para impedir contagios.

Con información obtenida en el micrositio Covid-19 Quintana Roo se observó el reporte presentado por el gobierno municipal de Puerto Morelos. Según el reporte, entre marzo y abril de 2020 la alcaldesa autorizó comprar productos considerados como básicos para la elaboración de paquetes alimentarios que supuestamente serían distribuidos entre la población con más necesidades.

Sin proporcionar información el sobre número de contrato, montos totales de las compras, la empresa a la que se le adjudicó la compra mediante la figura de la adjudicación directa, etc., sólo se concretaron a señalar la cantidad y marcas de productos adquiridos.

 

EMPRESAS “FANTASMAS”

La empresa “Constructora HouseJK, S.A DE C.V.”, con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) CHO180815SE8, es una de las fantasmas y misma que falseó su dirección fiscal que declaró ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y ante el Registro Público de la Propiedad, lo que constituye un delito grave e involucra a la presidenta.

La “Constructora HouseJK, S.A DE C.V.” obtuvo, a través de una licitación amañada, un contrato por 19 millones de pesos para la ejecución de las obras de remodelación del parque conocido como “Casco Antiguo”.

Una investigación de Sol Quintana Roo reveló que el domicilio expresado por la empresa es Zeta del Cochero, 403/oficina 1 local 57, Centro Comercial Palmas Plaza, C.P. 72453, Puebla, Puebla, existe, pero no es de la empresa.

En local que se encuentra dentro de la Plaza hay un negocio ajeno a la compañía, incluso, los propietarios de la tienda que allí se encuentra pidieron deslindarse de todas las irregularidades que ha cometido la razón social que conforman José Mario Alberto Morales y José Francisco Solís Olazagasti.

Todo lo anterior forma parte de una red de corrupción que se ha tejido desde la comuna portomorelense y que hoy por hoy está saliendo a la luz pública, hechos que en su momento ha dado a conocer Sol Quintana Roo.

 

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