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¡QUIERE MÁS PODER!

*La finalidad del presidente López Obrador al otorgarle tareas civiles al Ejército no es tanto para garantizar la lealtad de los militares, sino para concentrar más poder. El Ejército siempre le ha sido leal al Presidente en turno y en la historia reciente del país no ha habido golpes militares.

*Durante el gobierno de la Cuarta Transformación, las Fuerzas Armadas han desplazado a mandos civiles en una docena de labores que van desde la seguridad pública con la Guardia Nacional hasta la edificación de obras como el aeropuerto de Santa Lucía y la atención sanitaria por el Covid-19.

*Con la decisión de AMLO de que el Ejército y la Marina tomen la administración y seguridad de las aduanas y puertos del país, se pone en riesgo el funcionamiento de estos recintos comerciales y contribuye a que crezca la desconfianza de los inversionistas afectando la economía del país.

STAFF SOL QUINTANA ROO

Ciudad de México.- El presidente que a lo largo de su campaña afirmaba que el Ejército debería de regresar a los cuarteles y dejar de realizar tareas que no son de su competencia como la seguridad pública, una vez en la silla presidencial ha hecho todo lo contrario y ahora decide otorgarle una tarea más de administración pública al Ejército mexicano.

A lo largo de la presente administración, las Fuerzas Armadas han desplazado a mandos civiles en una docena de labores que van desde la seguridad pública con la Guardia Nacional hasta la construcción de obras como la terminal aérea de Santa Lucía y la atención sanitaria por el Covid-19.

En una decisión que encamina al país hacia la militarización, el presidente López Obrador decidió otorgar el mando de los puertos, aduanas terrestres y marítimas a las fuerzas militares, las cuales se encargarán de la administración y supervisión de estos puntos neurálgicos para el comercio exterior de México.

La corrupción y el narcotráfico a través de las puertas del comercio, puertos y aduanas, fueron el pretexto del presidente López Obrador para transferir su control al Ejército y a la Marina, cuando lo indicado hubiese sido realizar las indagaciones pertinentes y meter a la cárcel a corruptos y mafiosos.

El anuncio prendió las alertas entre los empresarios dedicados a la exportación e importación de mercancías, quienes consideran que la medida pone a México en una posición de alto riesgo que podría afectar los flujos comerciales e incrementar la desconfianza hacia el país como destino de inversión.

Antes de emprender su nueva tarea en las aduanas y puertos, los militares ya estaban encargados de la construcción del aeropuerto de Santa Lucia, las dos mil 700 sucursales que el Banco del Bienestar tiene programadas, dos tramos del Tren Maya y la remodelación de 32 hospitales para atender la contingencia sanitaria del Covid-19.

Otras tareas encargadas por AMLO a los militares son la remodelación de nosocomios abandonados por los gobiernos anteriores, asistencia médica y social durante la pandemia, combate al huachicoleo, contención de migrantes en la frontera sur, distribución de los recursos de programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, además del reparto de fertilizantes.

Para cumplir con todas estas tareas, incluidos el apoyo a programas sociales y la atención a enfermos por Covid-19, las Fuerzas Armadas han desplegado a más de 60 mil elementos a nivel nacional.

La orden del titular del Ejecutivo deberá enfrentar todavía un viacrucis legislativo.

El presidente López Obrador deberá echar a andar toda su maquinaria legislativa representada por Morena y partidos aliados, pues para cumplir con su mandato se deberán reformar un paquete de leyes vigentes como la de Administración Pública Federal, la de Puertos, la de Navegación y Comercio Marítimos, y por supuesto, sus respectivos reglamentos, entre otras legislaciones.

Integrantes de la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados, exigieron al presidente López Obrador revelar información más detallada que respalde su decisión de otorgarle dicha tarea a las Fuerzas Armadas.

Dijeron que la propuesta de AMLO carece de sustento jurídico, incluso la calificaron de inconstitucional y demandaron al Ejecutivo federal la actualización del cuerpo jurídico y normas administrativas para generar un modelo de gobernanza amplio para una administración estratégica del territorio marítimo.

Integrantes de la citada comisión solicitaron al Presidente que en vez de tomar esa determinación elabore un plan nacional de desarrollo marítimo con el propósito de combatir las carencias en el sector.

Cabe recordar que la propuesta no es nueva, en octubre de 2019 diputados de Morena presentaron un paquete de reformas a las leyes orgánicas de la Administración Pública Federal, de Navegación y Comercio Marítimos y de Puertos, con el fin de que la Secretaría de Marina asumiera el control de esos recintos comerciales. Dicha propuesta fue negociada por las fuerzas políticas en San Lázaro, pero no se logró un consenso y a la fecha permanece congelada.

En la Comisión de Comunicaciones y Transportes de San Lázaro señalaron que lo que mantiene en alerta a la oposición es la tendencia creciente del presidente López Obrador de atribuirle tareas civiles a los cuerpos militares.

De materializarse la propuesta de AMLO, las Fuerzas Armadas tendrán a cargo las labores administrativas y de seguridad de estos puntos estratégicos para el comercio exterior, decisión que traerá consigo una serie de implicaciones negativas para el sector marítimo nacional e internacional.

Debido a su red de 117 puertos y terminales habilitadas, así como a sus 49 aduanas distribuidas sobre todo en la frontera norte, México posee una posición privilegiada para el comercio mundial.

Durante el primer semestre del presente año, el Sistema Portuario Nacional movilizó más de 135 millones de toneladas de carga, cifra 12.4 por ciento inferior en relación al mismo periodo de 2019.

En lo que respecta al movimiento de petróleo y derivados, esta actividad totalizó 53.5 millones de toneladas, que representan el 39.6 por ciento del total nacional.

Los graneles minerales alcanzaron 31.5 millones de toneladas, que corresponden al 23.3 por ciento del total y los agrícolas participaron con 9.1 millones de toneladas, equivalentes a 6.7 por ciento.

Igualmente, durante el referido período la recaudación bruta de la Administración General de Aduanas (AGA) fue de 420 mil 900 millones de pesos, cifra 15.86 por ciento menor a la reportada durante el primer semestre de 2019.

El valor de las operaciones se desplomó a 6 mil 395 millones de pesos a causa de la parálisis económica por la emergencia sanitaria, 14.18 por ciento menos.

Los puertos de Manzanillo, Veracruz, Tuxpan y Lázaro Cárdenas, se ubican dentro de las aduanas con mayor recaudación en el primer semestre del año. En conjunto, las cuatro aduanas aportaron 36.8 por ciento del total recaudado entre enero y junio de 2020.

Según la Organización Mundial de Comercio (OMC), nuestro país es el tercero mejor conectado en comercio marítimo en América Latina, y en sus 117 puertos se lleva a cabo el comercio exterior que durante 2019 representó ingresos por 464 mil 268 millones de dólares.

De acuerdo con cifras oficiales, casi 70 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional está indexado a las operaciones del comercio internacional.

Afectará relaciones comerciales

Con la intervención militar en los puertos, la relación comercial con países como Estados Unidos se verá fracturada, porque muchos de los operadores portuarios, que realizan tareas de dragado, serían desplazados por la Secretaría de Marina.

En opinión de la Comisión de Aduanas de la International Chamber of Commerce México (ICC México), otro elemento de especial importancia en este escenario es la logística, porque si el personal que se incorpora, sea de origen militar o civil, carece de la suficiente capacitación en temas como el de merceología, los procesos se retrasarán, sobre todo el de Just in Time (JIT) con el que una línea de producción depende de ciertas mercancías para fabricar otros productos.

La ICC México señaló que reconoce la labor de las Fuerzas Armadas en el país y el hecho de que se implementen estrategias gubernamentales para acabar con la corrupción, pero estos puntos son las puertas comerciales de México, por ello el paso de mercancías debe ser ágil, expedito y si se interrumpe el flujo por el que los inversionistas vinieron a México gastarán más para mover sus productos y mercancías.

Una cosa es que ayuden en temas de seguridad, pero que operen las aduanas puede ser preocupante, hay que dejarles el tema a los expertos, en aduanas hay mucha gente experimentada. Tomar el control puede ser peligroso, se requiere de muchos conocimientos, no es una labor tan sencilla, dijo el organismo.

Por su parte, el Consejo Marítimo Portuario de México (COMPORT), sostuvo que una vez que entró en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, la propuesta para que el Ejército administre y vigile los puertos y aduanas es una pésima señal, ya que, en el caso de nuestros socios comerciales, sus puertos son administrados por autoridades civiles, siempre con la visión de negocio y beneficio económico, tanto para el puerto como para el país.

Igualmente, el Consejo Consultivo Marítimo Mercante dijo que la intención de los marinos de apoderarse de los puertos tiene por lo menos tres décadas, pero hasta ahora ningún presidente había escuchado sus peticiones.

El Consejo señaló que militarizar los puertos y poner en primer lugar la disciplina castrense, tendría un manejo opaco de los recursos que ingresan por el comercio marítimo, así como los gastos para la construcción de embarcaciones o puertos federales, pues no estarían obligados a rendir cuentas.

En su opinión, el control militar de los puertos ocasionará que las empresas operadoras de las diferentes acciones en las terminales marítimas, tengan que retirarse o ceñirse a las nuevas reglas militares.

Además, las pequeñas y medianas empresas operadoras de servicios portuarios nacionales se verán afectadas, dadas las rígidas condiciones que impondría la Secretaría de Marina, quien se encargaría totalmente del comercio marítimo.

Con esta decisión, el gobierno federal asume una posición de riesgo, porque una mala intervención del Ejército y la Marina en la administración de las aduanas y puertos, incrementará la desconfianza hacia nuestro país como destino de inversiones, provocando la pérdida de competitividad de las empresas mexicanas, el cierre de negocios, y la consecuente pérdida de empleos, señaló el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce).

El organismo empresarial consideró que la decisión anunciada por el Presidente genera intranquilidad, debido a que podría obstaculizar el flujo de operaciones de comercio exterior.

El Comce opinó que la permanencia de las Fuerzas Armadas en la administración de las aduanas y puertos debe ser temporal, porque no hay certeza de que tengan la experiencia y conocimiento especializados para atender las distintas transacciones que se realizan en esos recintos.

La militarización de los puertos de México significa un retroceso para la marina mercante y en general para la economía del país, sostuvo por su parte la Federación Internacional de Trabajadores de Transporte.

Dicha federación citó los casos de Colombia y Chile y los calificó de desastrosos.

Está comprobado que países como Chile y Colombia al entrar la milicia -el equivalente a la Secretaría de Marina-, desaparecieron a la marina mercante, lo cual afectó a la economía del país porque no es lo mismo el comercio exterior en manos de civiles que de militares, expresó el organismo.

Para AMLO las Fuerzas Armadas pueden construir un aeropuerto a la vez que atender a pacientes de Covid-19 en hospitales militares, proteger oleoductos de Pemex, edificar sucursales del Banco del Bienestar o desplazar a la policía en tareas de seguridad pública.

El presidente López Obrador tiene mucha confianza en la cadena de mando del Ejército y la Marina debido a su disciplina, al contrario de las autoridades civiles, a las considera podridas por la corrupción.

Los múltiples y variados encargos a las Fuerzas Armadas suponen el riesgo de sobre utilizarlas en tareas que no son de su competencia, aunque habría que preguntarse si los altos mandos de las secretarias de la Defensa y de la Marina no pedirán en el futuro cercano más juego político a cambio de tales labores.

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