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SAQUEO POLICÍACO

*La presidenta municipal de Solidaridad, Laura Esther Beristain Navarrete, pagó uniformes policiacos a precio de “alta costura” pero son corrientes e inservibles

*“Compañía Mexicana de Protección S. de R.L. de C.V.” no es una empresa productora sino la intermediaria que vende a sobreprecio las prendas policiacas

*Con dinero del pueblo, el jefe de la policía municipal Jorge Robles Aguilar autorizó pagar 9.3 millones de pesos por la vestimenta

STAFF SOL QUINTANA ROO

Playa del Carmen.- Plagado de irregularidades que generan un fuerte olor a corrupción, se encuentra el contrato que otorgó la presidente de Solidaridad, Laura Esther Beristain Navarrete, a la empresa “Compañía Mexicana de Protección S. de R.L. de C.V.” para la compra de los uniformes del personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Entre las principales anomalías destacan que la empresa yucateca no es productora sino intermediaria de equipos de seguridad, se encuentra entre las peores calificadas para participar en la contratación de licitaciones abiertas, es señalada entre las menos transparentes, además de que es evidente que incurrió en el sobre precio de las prendas policiacas vendidos al municipio de Solidaridad.

Bajo el número de contrato DPM/LP/ADQ/005/2020, la alcaldesa compró los 800 uniformes en $9,372,800.80 (Nueve millones trescientos setenta y dos mil ochocientos pesos 80/100 MN) a la empresa “Compañía Mexicana de Protección S. de R.L. de C.V.” representada por Rubén Zeus Cordero Núñez, pero que es propiedad de Arturo Fernando Canto Rebora y Efrain de Jesús Ponce Lordméndez, según consta en el Registro Público del Comercio.

El administrador del contrato fue el cuñado de la alcaldesa, Jorge Robles Aguilar, encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Solidaridad, quien autorizó que la comuna pagara por cada uniforme en cerca de 12 mil pesos.

En la historia del municipio de Solidaridad creado hace 27 años, nunca se había pagado tanto dinero por la indumentaria de trabajo de los elementos de la policía municipal, pues en un presupuesto razonable con empresas especializadas cada uniforme costaría menos de la mitad, es decir, menos de seis mil pesos.

Según el documento, el fallo de la licitación pública se realizó el pasado 14 de abril de 2020, procedimiento que se realizó de manera poco transparente y viciada, pero con el cual se autorizó la Adquisición de Uniformes y Accesorios para el Personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

El monto que se desembolsó por los uniformes fue de $9,372,800.80 (Nueve millones trescientos setenta y dos mil ochocientos pesos 80/100 MN) con la supuesta entrega de 800 nuevos uniformes policiacos pese a la inseguridad que impera en el municipio.

Resulta insultante que por una playera táctica haya pagado el municipio $2,659.00 (Dos mil seiscientos cincuenta y nueve pesos), cuando en el mercado especializado los precios oscilan entre los 800 pesos y los mil 200 por cada pieza, es decir que los sobreprecios están a la vista según se puede apreciar en el pedido anexado en el contrato.

Lo mismo sucede con los pantalones tácticos que según la empresa tienen un valor de $1,580.00 (Mil quinientos ochenta pesos 0/100 MN), cuando en el mercado especializado de uniformes en materia de seguridad, los precios oscilan entre los 800 pesos y los $1,100.00 (Mil cien pesos 0/100 MN) por pieza.

Otro ejemplo del cínico abuso es la compra de la camisa policiaca magna corta color azul oscuro cuya compra por pieza hizo el gobierno municipal fue de $1,680.00 (Mil seiscientos ochenta pesos 0/100 MN), cuando en empresas especializadas las venden entre los 300 y 600 pesos.

En fin, los sobreprecios con los que vendió la empresa “Compañía Mexicana de Protección S. de R.L. de C.V.” están a la vista y desprenden un fuerte hedor a corrupción por parte de la presidente municipal de Solidaridad, Laura Esther Beristain Navarrete.

Lo lamentable es que también la página especializada en el análisis de licitaciones y contratos www.quienesquien.wiki asegura que “Compañía Mexicana de Protección S. de R.L. de C.V.” representada por Rubén Zeus Cordero Núñez, propiedad de Arturo Fernando Canto Rebora y Efraín de Jesús Ponce Lordméndez, se encuentra en estándares de medición muy opacos y mediocres.

En sus mediciones, la “Compañía Mexicana de Protección S. de R.L. de C.V.” se ubica en el 43 por ciento en transparencia y en apenas 65 por ciento de confiabilidad, lo que se comprueba con la complicidad en el manejo de los recursos públicos de la administración del gobierno de Solidaridad, caracterizada por los señalamientos de los malos manejos de dinero públicos, abuso de poder, excesos en el desempeño de la función pública entre otros.

Otra de las inconsistencias de la empresa es que en su acta constitutiva asegura que su objeto social es ofrecer el servicio de vigilancia, y la distribución de equipo táctico de empresas especializadas, es decir que es una intermediaria que factura a su antojo para dejar ganancias a los funcionarios públicos mismas que se calculan en alrededor del 50 por ciento.

Según el objeto social de la empresa, está dedicada a ofrecer servicios de vigilancia y protección de bienes muebles o inmuebles; la protección de personas físicas determinadas, previa la autorización correspondiente; el depósito, protección, custodia y traslado de fondos, títulos valores y demás objetos que, por su valor económico y expectativas que generen, o por su peligrosidad, puedan requerir protección especial.

Además, ofrece la prestación de servicios de vigilancia de fraccionamientos, zonas residenciales, conjuntos habitacionales, condominios, construcciones, edificios, bancos, comercios, empresas, casas de bolsa, centros comerciales, turísticos u hoteles, museos, central de autobuses, restaurantes, bares, discotecas, centros nocturnos, eventos públicos y privados, entre otros la operación, estudio, administración y la ejecución de instalaciones industriales, comerciales o residenciales, y en especial, las dedicadas a la protección y seguridad.

En fin, por ningún lado del acta constitutiva de la empresa “Compañía Mexicana de Protección S. de R.L. de C.V.” se especifica que se dedica a la producción de uniformes por lo que es una muestra más de las irregularidades.

El colmo del caso fueron las declaraciones de la alcaldesa al momento de la entre de los uniformes a los policías el pasado 5 de julio de 2020. Ella dijo que gracias a los nuevos uniformes “los ciudadanos confían en sus policías y no temen interactuar con ellos”.

Y le hizo segunda su cuñado el encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito, Jorge Robles Aguilar quien agradeció a la edil por dignificar el trabajo de los policías al dotarlos de prendas de seguridad, por lo que hizo un exhorto a honrar estos uniformes y portarlos con entrega, dignidad, respeto y honestidad ya que esto genera confianza entre la población y la corporación.

Ambas declaraciones resultas irrisibles porque en entrevistas con elementos policiacos, revelaron que los uniformes venían incompletos y que son de mala calidad, además de que los usan bajo la amenaza de que en caso de ruptura o daño los tendrán que pagar de su bolsa.

Como es de costumbre de ambos funcionarios, utilizan en doble discurso. Hacia afuera las promesas y hacia dentro la advertencia de represión.

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