SIN AVANCE, PROCESO CONTRA CÉSAR MELGAREJO

*César Celso González Hermosillo y Melgarejo, a cuatro años y dos meses de su detención, el abogado de las familias Borge Martín y Borge Angulo, respectivamente, continúa asistiendo a firmar al Centro de Justicia Penal Federal

*Desde 2020 sólo se presenta periódicamente al Centro de Justicia Penal Federal de Cancún, para firmar el libro de quienes siguen un proceso en libertad

Redacción/Sol Quintana Roo    

Chetumal.– Las investigaciones en contra de César Celso González Hermosillo y Melgarejo, continúan sin avance. La pandemia ocasionada por el Covid-19 y la falta de presentación de nuevas pruebas hacen qué, al menos en los próximos meses, no se tenga sentencia alguna ni a su favor ni en su contra.  

Desde que en 2020 un tribunal federal otorgó una suspensión provisional a César Celso González Hermosillo y Melgarejo, el abogado de las familias Borge Martín y Borge Angulo, respectivamente, sólo se presenta periódicamente al Centro de Justicia Penal Federal de Cancún, para firmar el libro de quienes siguen un proceso en libertad. 

Como se recordará, Celso González enfrenta un proceso por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Meses atrás promovió un amparo porque el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Nezahualcóyotl, Estado de México, modificó la medida cautelar que le fue otorgada y ordenó que se presentará a dicho centro judicial.  

Aunque, el Octavo Tribunal Unitario del Segundo Circuito con sede en Nezahualcóyotl, determinó otorgar una suspensión provisional para que Celso González pueda acudir a firmar cada 15 días al Centro de Justicia en Cancún.    

Se cumplen cuatro años y dos meses desde su detención, como Sol Quintana Roo ha dado a conocer en relación con la captura del socio orquestador de “Barcos Caribe”, y quien está vinculado a proceso por lavado de dinero e imputado por complicidad.  

En la carpeta de investigación que figura contra el exgobernador Roberto Borge, como parte de una red de corrupción que habría rematado 22 predios propiedad del Estado, cuyos montos ascienden a más de 5 mil millones de pesos.      

César Celso González Hermosillo y Melgarejo está “detenido” desde el 14 de julio de 2017 y continúa bajo investigación. Se le vincula a proceso por lavado de dinero y se le imputa por complicidad con el exgobernador Roberto Borge Angulo.      

ABOGADO DE LAS FAMILIAS BORGE  

César Celso González Hermosillo y Melgarejo ha sido el abogado de las familias Borge Martín y Borge Angulo. Además fue de los principales operadores para que la señora María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del exgobernador Roberto Borge Angulo, comprara a precios ridículos diversos inmuebles al gobierno del Estado, propiedades que después “donaría” al grupo empresarial de la familia –denominado Caracol S.A. de C.V.– cuyo principal accionista era César Celso González Hermosillo y Melgarejo. 

Primero fueron dos predios de la reserva territorial del Estado, de 20 mil metros cuadrados, que fueron cedidos al abogado Hermosillo a un mes de que Borge llegara a la gubernatura. Después vinieron otros más, hasta sumar 25 grandes extensiones de terreno.  

LOS 25 PREDIOS  

Tras investigaciones de la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) y de la Fiscalía General del Estado, se procedió al aseguramiento de los 25 predios, cinco de los cuales rebasaban el precio de 5 mil millones de pesos que no se pagaron en la operación de compra al Estado, ni siquiera al 5 por ciento de su valor real.  

En los últimos dos años de la administración borgista, repentinamente, surgió la empresa Impulsora Marítima de Quintana Roo y el Caribe S.A. de C.V., mejor conocida como “Barcos Caribe”, que les hizo competencia a otras dos empresas establecidas: Barcos México y Ultramar, que llevaban más de 20 años operando.      

Melgarejo fue detenido el 14 de julio de 2017 en la clínica-hospital “Victoria”, en Cancún, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, coordinados con elementos de la Fiscalía Anticorrupción.      

Por su estado de salud, no fue hasta el 7 de septiembre cuando se le vinculó a proceso. Aunque le concedieron la medida cautelar de la libertad mediante el pago de una garantía de 15 millones de pesos, la entrega de su pasaporte y acudir cada 15 días al juzgado. Sin embargo, al no poder pagar la cantidad mencionada, el litigante siguió internado, en calidad de detenido, por un padecimiento que adolece y que lo llevó al hospital donde fue detenido.

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