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Veracruz: El narcoterrorismo

Ricardo Ravelo/Sol Quintana Roo

            –El crimen organizado no es generado por la pobreza, como piensa AMLO, sino por el vacío de Estado que impera en todo el territorio, dice Edgardo Buscaglia, investigador de la universidad de Columbia, EU.

La muerte de 27 personas en el bar “El Caballo Blanco” de Coatzacoalcos, Veracruz, pone en evidencia, una vez más, que las autoridades federales y locales están totalmente rebasadas por el crimen organizado.

            Tanto el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, han lamentado los hechos, pero así, de lamento el lamento, ya han transcurrido nueve meses de sus respectivas administraciones sin que hasta el momento exista una estrategia para frenar a la delincuencia.

            Apenas el 19 de agosto fueron asesinadas, colgadas y descuartizadas 19 personas en Uruapan, Michoacán. El artero multi-homicidio ocurrió tras la irrupción del Cártel de Jalisco Nueva Generación en esa entidad. En aquella ocasión, el presidente López Obrador, desde su conferencia mañanera, envió un mensaje al crimen: “Pórtense bien”. Y cuando se le preguntó qué haría su gobierno para frenar el crimen, respondió: “Estamos atacando las causas, no vamos a reprimir a nadie”. En otra ocasión, dijo: “Los criminales también son pueblo, no vamos a reprimir al pueblo”.

            Sin embargo, cuando ataca el crimen organizado no tiene consideraciones de nadie: Así lo demostró en abril último el CJNG cuando un grupo de sicarios irrumpió en una fiesta en Minatitlán, Veracruz –a 20 kilómetros de Coatzacoalcos –y asesinó a catorce personas, quienes fueron rafagueadas con metralletas ante los gritos desgarradores de  quienes presenciaron ese hecho sangriento.

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            Tan ruidoso fue el hecho que el presidente López Obrador puso en marcha las operaciones de la Guardia Nacional precisamente en el municipio petrolero de Minatitlán, a fin de contener la oleada de violencia que aqueja a esa región desde hace más de una década. Pero ni así se ha podido detener la oleada de crímenes y secuestros.

            A pesar de la presencia de la Guardia Nacional, la violencia no se ha contenido en Veracruz, por el contrario, siguen los ajustes de cuentas, los levantones y secuestros, los crímenes y las balaceras a toda hora. La policía del estado ya no puede actuar porque, por un lado, está implicada con los criminales, pero por el otro está totalmente rebasada por los cárteles que se disputan el control de esa entidad.

            En la zona sur de Veracruz, que comprende los municipios de Minatitlán, Coatzacoalcos, Moloacán, Nanchital, entre otros –todos con una boyante actividad petrolera –ocurren unos seis homicidios diarios en cada demarcación. De igual forma, son perpetrados unos entre tres y cuatro secuestros diarios sin que autoridad alguna intervenga porque, se asegura, las policías están implicadas.

Policías de Veracruz

            También hay tiroteos en colonias populares, una fuerte distribución de drogas de todo tipo, cobro de piso por parte de los cárteles Zetas y CJNG; estos cárteles también operan el tráfico de migrantes, manejan la piratería, regentean prostíbulos y tienen a su servicio a sus escuadrones de sicarios. También controlan a las policías municipales, las cuales se encargan de ejecutar levantones, asesinatos, secuestros o bien se dan a la tarea de aprehender a delincuentes rivales que, en lugar de ser entregados a las autoridades, son llevados a casas de seguridad donde son interrogados, torturados y decapitados.

            Lo ocurrido en el  “El Caballo Blanco” –un bar con venta de drogas, servicio table dance y prostitución –es el tercer caso en que la delincuencia organizada prende fuego a los sitios como venganza por negarse a pagar el piso correspondiente:

            El primero, ocurrido en la última década, se registró en la zona Rosa de la Ciudad de México cuando un grupo de criminales, enojados porque no les pagaban el derecho de piso correspondiente, prendió fuego a la discoteca News Diván. Aquella tragedia sucedió el 19 de junio de 2008. El saldo: doce personas muertas y decenas de quemados de gravedad.

            El segundo hecho, también de dimensiones mayores, fue el incendio  en el casino Royale de Monterrey, ocurrido el 25 de agosto de 2011, con un saldo de 52 personas muertas. Ese evento trágico fue atribuido a Los Zetas, el cártel  más poderoso de entonces, quienes cobraban piso a los dueños del casino. Aparentemente porque los accionistas del negocio se negaron a pagar, el crimen organizado echó mano de un acto de narcoterrorismo al incendiar el lugar cuando adentro había personas atenazadas por el juego.

            En la ciudad de Xalapa, Veracruz, ocurrieron otros hechos sangrientos en bares y cantinas, pero se trató de masacres: los sicarios arribaron a los sitios y sin decir nada abrieron fuego contra la multitud. Estos hechos, más allá de las disputas territoriales, son hechos que están considerados como actos del narcotráfico pero utilizando acciones terroristas.

            Ante estos hechos –que a todas luces rebasan a las autoridades –el investigador de la universidad de Columbia, Estados Unidos, Edgardo Buscaglia, sostiene que mientras el gobierno de López Obrador no emprenda una amplia tarea para debilitar las finanzas del crimen, no será posible pacificar el país.

            Se trata –dice Buscaglia –de quitarle el dinero a los mafiosos y crear un fondo nacional para reparar el daño de las víctimas. Mientras el presidente esté pensando que con abatir la pobreza se acabará el crimen, estará dando pasos en falso en el terreno equivocado.

            La pobreza no genera criminalidad, afirma, tajante, Buscaglia; lo que se tiene que hacer es enfrentar a la criminalidad ocupando sus espacios. El Estado tiene que generar presencia del propio Estado ahí donde hay vacíos de Estado. De esta forma, el crimen se repliega.

            Sin embargo, López Obrador cree que repartiendo dinero por todas partes se podrá enfrentar al crimen. El mandatario considera que las causas tienen que ver con la pobreza y, según Edgardo Buscaglia, no es así: la criminalidad crece porque hay vacíos de Estado en muchos territorios, porque el crimen toma el control de las fiscalías y de las policías. Por eso crece el crimen. Pero todo tiene que ver con un vacío de Estado que es ocupado por el crimen organizado.

            En los últimos veinte años, el estado de Veracruz ha estado sometido por varios cárteles del narcotráfico: en los años noventa inició el cártel de Juárez, después tomó el control una célula del cártel de Sinaloa. Más tarde llegaron Los Zetas, quienes se quedaron ocho años dominando el territorio hasta que un nuevo cártel –el de Jalisco Nueva Generación –irrumpió con violencia en el escenario de esa entidad y ahora disputa la plaza con Los Zetas, cuyas redes siguen operando en varios municipios.

            El problema de Veracruz es el mismo de Michoacán y de toda la República: el crimen organizado maniató a las policías, compró a los alcaldes, a quienes les financió sus campañas y ahora son ellos –los criminales –quienes tienen el control político, policiaco y en buena medida económico.

            Mientras el gobierno de López Obrador amplíe la presencia del Estado en zonas marginadas –justamente ahí donde el crimen se refugia –la criminalidad seguirá tan poderosa como para seguir ejecutando actos terroristas como el de Coatzacoalcos.

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