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YUCATÁN: DESPOJADORES

*Ivonne Ortega, Rolando Zapata, Mauricio Vila y Ramírez Marín, despojadores de tierras ejidales al servicio del cártel de las mafias agrario-inmobiliarias del Estado de Yucatán

*Entre esos ejidos están Chelem, Progreso, Ucú, Temozón Norte y Cinco Colonias, donde la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco tendría como pago 706 hectáreas de tierras procedentes del despojo a los ejidos

*El íntimo amigo del Gobernador, Pedro Solís Millet, junto con los hermanos Correa Bolio, proveen de recursos monetarios provenientes  de lavado de dinero, con la explotación de las tierras ejidales de Kanasín. Regalan 200 hectáreas de tierra a un empresario cercano a Vila

*Jorge Adrián Itzá Mex y Javier Martín Gómez Cauich han entregado las tierras del ejido de Kanasín a delincuentes como Rafael Acosta Solís, Esteban Correa Bolio, Pedro Solís Millet y el senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín, candidato a la Alcaldía de Mérida

Redacción/Sol Yucatán

Mérida. – Cuando se dio a conocer la compra de terrenos en Kanasín por parte de exfuncionarios de Tabasco aumento la aparición de casos de amplias extensiones de tierras de ejidos vendidas a particulares sin el debido pago a los supuestos dueños de esas tierras.

Entre esos ejidos están Chelem, Progreso, Ucú, Temozón Norte y Cinco Colonias, donde presuntamente la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco tendría 706 hectáreas de tierras procedentes del despojo a los ejidos.

En el último ejido señalado, los ejidatarios levantaron la voz, exigiendo el pago de sus tierras, que ahora son ocupadas por viviendas de los fraccionamientos La Alborada y El Roble Agrícola; los afectados aseguran que el despojo se fraguó desde la administración municipal de Angélica Araujo Lara y el Gobierno de lvonne Ortega Pacheco.

Como resultado, un total de 347 ejidatarios salieron afectados, estos continúan a través de juicios  reclamando un pago de 12 millones 400 mil pesos al Gobierno del Estado y al Ayuntamiento de Mérida, por la construcción de viviendas en un terreno de cuatro hectáreas.

Por otra parte, el Instituto de Vivienda de Yucatán (IVEY) otorgó casas a 130 trabajadores de la Comuna meridana, las cuales se edificaron en esa zona afectada.

Es bien sabido que la participación del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán es parte medular en el despojo y fraude de tierras ejidales. En la administración de Rolando Zapata Bello, el Secretario se su Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf, el Director del IVEY, César Armando Escobedo May, y Gabriela Cáceres Vergara operaban en complicidad con el Grupo Tabasco, Patrimonio Kanasín y Afianzadora Sofimex S.A., para concretar el círculo corrupto de fraudes de tierras ejidales en Yucatán.

Nada bueno le puede esperar al municipio de Kanasín siendo gobernado por alguien como Edwin Bojórquez, pues éste tiene en su planilla como candidatos a la quinta regiduría a Jorge Adrián Itzá Mex y Javier Martín Gómez Cauich, asesor jurídico del Comisariado Ejidal de Kanasín y excomisario ejidal, respectivamente.

Estos dos personajes son señalados como despojadores de tierras ejidales al servicio del cártel de las mafias agrario-inmobiliarias del Estado de Yucatán, que en su momento han entregado las tierras del ejido de Kanasín a presuntos criminales de cuello blanco, como Rafael Acosta Solís, Esteban Correa Bolio, Pedro Solís Millet y el senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín, quien actualmente es candidato a la Alcaldía de Mérida.

Así como a operadores del Grupo Tabasco (Patrimonio Kanasín), entre ellos Manuel Saiz Pineda, Andrés Granier Melo, exgobernador de Tabasco, e Ivonne Ortega Pacheco y Rolando Zapata Bello, ex gobernadores de Yucatán.

Y no nos olvidemos del actual Gobernador del Estado Mauricio Vila Dosal, según afirmaciones de ejidatarios kanasinenses.

En la memoria de los ejidatarios de Kanasín están presentes los hechos represivos cometidos por Martín Gómez y Adrián Itzá Mex el día 25 de enero del año 2018, cuando se llevó al cabo la primera convocatoria de una asamblea ejidal, la cual, aseguran, es la culminación de un fraude en el que se entregó casi 200 hectáreas de tierra a un empresario cercano a Mauricio Vila Dosal; entre esa porción de tierra se encuentra la parcela 82, actualmente recuperada por los ejidatarios del grupo tres.

En aquella ocasión la asamblea no se llevó al cabo por falta de cuórum, por voz del Comisario Ejidal se supo que sólo asistieron 113 ejidatarios, de un total de 900 que hay en el padrón.

Curiosamente la casa ejidal se encontraba atiborrada de personas con un promedio de cerca de 700 asistentes, entre los que se encontraban grupos de choque contratados por el Comisario, su asesor externo Marcos Santos y Francisco Vera Ávila, alias «Barrabás».

Lo anterior, aunado a la presencia intimidatoria de la represiva Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyos elementos portaban armas largas en señal hostil e intimidatoria para con los ejidatarios.

Todo parece indicar que la faceta de «benefactor de los necesitados» que viene llevando al cabo Edwin Bojórquez por más de un año repartiendo comida y despensas es pagada con la venta fraudulenta de las tierras ejidales de Kanasín.

Así, los candidatos a regidores Jorge Adrián Itzá Mex, asesor jurídico del Comisario Ejidal, Gaspar Cauich Paredes, y Martín Javier Gómez Cauich, excomisario Ejidal, que conforman la planilla del panista Edwin Bojórquez, son dos operadores y ladrones de tierras del cártel de las mafias agrario-inmobiliarias, de las que provienen Esteban José Correa Bolio y Rafael José Correa Bolio, del Grupo Tabasco Patrimonio Kanasín.

De igual forma está el íntimo amigo del Gobernador Mauricio Vila Dosal, Pedro Solís Millet, que junto con los hermanos Corre Bolio proveen de recursos monetarios derivados de lavado de dinero, de la explotación de las tierras ejidales de Kanasín, originado por diversos fraudes.

Es más con ello patrocinan la campaña política de Edwin Bojórquez al amparo de la impune protección institucional, desde las oficinas del gobierno panista de Yucatán.

Desacato

No obstante de que complejos habitacionales fraudulentos provenientes del despojo de tierras ejidales fueron suspendidos por orden judicial en el año 2016, debido a que el Tribunal Unitario Agrario Número 34 mandó oficios a todas las dependencias gubernamentales del Estado de Yucatán, informado que por encontrarse en proceso el juicio agrario número de expediente TUA34-1919/2014 quedaban suspendidas todas las acciones que tuvieran relación con compra, venta, donación, enajenación, construcción, expropiación, etc., la constructora Crear Hogares, de Pedro Solís Millet, continuó la construcción de Cielo-Alto.

Según relatan los ejidatarios, víctimas de la «delincuencia institucional de cuello blanco», identifican Crear Hogares S.A., de Pedro Solís Millet, y a la Constructora San Marino S.A.P.I. de C.V., administrada por Esteban José Correa Bolio, integrante también de Patrimonio Kanasín, como los dos entes encargados de ocupar las tierras en conflicto, perjudicando con otro fraude a compradores de vivienda de buena fe.

En marzo del año 2018 el entonces titular de la Canadevi Yucatán, Armando Valencia Castillo, informo que la empresa Sucovisa S.A. de C.V. pidió autorización para construir 108 viviendas en Kanasín, en la franja donde está la colonia San Camilo.

Según información de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, el 2 de marzo del mismo año la empresa Sucovisa solicitó a la dependencia la Autorización de Impacto Ambiental para llevar a cabo el proyecto denominado «Construcción de desarrollo habitacional multifamiliar en régimen de condominio».

La afectación territorial está ubicada en la calle 4-1, en los terrenos 329 y 330 por 35 y 39 de la colonia San Camilo II, en el municipio de Kanasín. Se trata de la construcción de 108 viviendas en una superficie total de 16 mil 264 metros cuadrados. En esa misma zona la constructora San Marino S.A P.I. de C.V., de Esteban José Correa Bolio, desarrolló el fraccionamiento Paraíso Oriente, con un área total de 13,081.10 metros cuadrados, que se encuentra en la colonia Flor de Mayo del citado municipio.

De igual forma, a principios del mes de julio del año 2020, mientras la gran mayoría de los ciudadanos de Yucatán se encontraban atemorizados por el Covid-19 y el terrorismo psicológico aplicado por represión de las instituciones gubernamentales de Yucatán, el titular del Ejecutivo Estatal, Mauricio Vila Dosal, pregonaba en boletín oficial la construcción del fraccionamiento Arboledas Gran San José, con el pretexto de la reactivación económica, dando continuidad al saqueo de las tierras ejidales de Kanasín y daño al patrimonio histórico de la nación, al destruir estructuras arqueológicas en la zona conocida como X’tolok.

En esta ocasión la afectación territorial fue de 33,700 metros cuadrados. Todos los desarrollos señalados ocupaban tierras involucradas en el mega-fraude de Patrimonio Kanasín Grupo Tabasco; como se puede notar, Esteban José Correa Bolio fue parte de los desarrolladores inmobiliarios y del grupo fraudulento, mismo que es patrocinador del candidato panista a la Alcaldía de Kanasín, Edwin Bojórquez.

Recapitulando

En resumidas cuentas, para los que desconocen el tema y la magnitud del mismo, por medio de asambleas ilegales, los falsos ejidatarios José Manuel Saiz Pineda, exsecretario de Administración y Finanzas del exgobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, y sus socios yucatecos Lorenzo de Jesús Medina González, Esteban José Correa Bolio y Rafael Correa Bolio, se adjudicaron poco más de 2 mil hectáreas en Kanasín, las cuales adquirieron con dinero robado al Erario Público tabasqueño.

Este grupo de criminales de cuello blanco lavó varios cientos de millones de pesos en ese municipio, derivado de un mega-fraude institucionalizado, con la presunta participación de autoridades yucatecas, como la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco y su predecesor, Rolando Zapata Bello, así como empresas «fantasma» del actual ejecutivo.

De las 2 mil hectáreas de Kanasín involucradas en esta casaca de corrupción, alrededor de mil fueron enajenadas en transacciones de compra-venta entre diversos compradores, en tanto que de las mil restantes la mayor parte pasaron a poder de Patrimonio Kanasín, empresa creada exclusivamente para lavar dinero.

Como hemos documentado por varios años, con ayuda de los ejidatarios de Kanasín, en forma irrefutable Saiz Pineda simuló una venta de 136 hectáreas a Patrimonio Kanasín, por 250 millones de pesos, pagaderos a 10 años.

Entre las empresas que se asociaron para conformar Patrimonio Kanasín figuran Bienes Raíces Supreme, S.A. de C.V., propiedad de Esteban Correa Bolio y Lorenzo de Jesús Medina González, accionistas de la Unión de Crédito Integral del Golfo, S. A. de C. V.; Desarrollo RDG, cuyos socios son Rodrigo Díaz Gutiérrez y Rommel Daniel Sánchez Angulo; y Grupo Hogare, S.A. de C.V., de Juan Manuel Ponce Díaz y nuevamente Rommel Daniel Sánchez Angulo.

Las asambleas

Las tres asambleas claves se llevaron a cabo en 2009, 2010 y 2011. En la asamblea del 1 de marzo del 2009, este grupo delictivo se hizo de 1,063.40 hectáreas, con las parcelas de la 195 a la 286.

En la asamblea del 26 de diciembre del 2010 se hicieron de 737.86 hectáreas, y en diciembre del 2011 de 350 hectáreas más. Por todas estas superficies pagaron 41 millones de pesos, es decir, a menos de 2 pesos por metro cuadrado.

En la asamblea ejidal del 1 de marzo del 2009 se propuso el cambio de destino de una superficie de 1,200 hectáreas, con la presencia de 496 ejidatarios de un total de 944, es decir, el 67.48 por ciento. Al final se hizo el cambio de destino de 1,063.40 hectáreas en 92 parcelas, de la 195 a la 286, que fueron entregadas a dos grupos.

Además de Rafael José Correa Bolio, aparecen en el primer grupo Jeny Alejandra Chan Rosado, Mercedes de los Ángeles Pérez Albornoz, Gustavo Fidel Niquete Güémez, Augusto Gallegos Julián, Abel Ramón Ordaz Rosado, Carlos Correa Negrete y Eduardo Ancona Cámara.

En esta asamblea los que más tierras recibieron fueron Rafael Correa Bolio, quien se hizo de las parcelas 198, 199, 200, 208, 209, 222, 223 y 225, con una extensión total de poco más de 116 hectáreas.

Jeny Alejandra Chan Rosado recibió las parcelas de la 195 a la 197, de la 202 a la 207, de la 210 a la 219, la 221, 224, 226, 227, 230, de la 234 a la 237 y de la 239 a la 241, con una extensión de poco más de 213 hectáreas.

Chan Rosado, una de las prestanombres usadas por Lorenzo Medina González y Esteban Correa Bolio, acudió después a solicitar ante el Registro Agrario Nacional que se hiciera la inscripción de los acuerdos, pero fue rechazada porque ese trámite es obligación de las autoridades del comisariado.

Entonces al Presidente del Comisariado Ejidal, al Secretario y al Tesorero, Primitivo Chan y Pech, Fernando Chan Cahuich y Felipe Baas y Ek, respectivamente, no les quedó más remedio que solicitar el registro tras haber recibido grandes sumas de dinero por parte de Patrimonio Kanasín

Por su parte, el primer grupo se comprometió a entregar una contraprestación de 18 millones 800 mil pesos, aunque se mencionó que 3 millones de pesos ya se habían pagado en una asamblea anterior del 27 de julio de 2008, y 6 millones 608 mil pesos más, supuestamente se habían pagado en asamblea del 21 de diciembre del 2008; al final sólo se entregaron en la asamblea 9 millones 192 pesos.

El segundo grupo ofreció una contraprestación de un millón 353 mil pesos, por lo que en dicha asamblea se entregó al Comisario Ejidal y su consejo de vigilancia un total de 10 millones 545 mil pesos, de los cuales, de haberse repartido, le hubiera tocado a cada uno de los 944 ejidatarios 11 mil 170 pesos, no obstante, los ejidatarios aseguran haber recibido sólo despensas a cambio de sus firmas.

Este segundo grupo está conformado por Mauricio Martínez Zapata, Giovanni Rafael Castaldi Fitzmaurice, Rubén Castellanos Ríos, Sergio Mauricio Menéndez Martínez, Hernán Felipe Hevia Novelo, Jorge Alberto Heredia Trujillo, Francisco Antonio Rivero Laviada, Hortensia Margarita Salazar Domínguez, Guillermo José Ortiz Abraham, José Antonio Abraham Canto, Alberto Delgado Bechara, Abraham Elías Salomón Nechar, Hernán Alberto Conde Barahona, Raúl Alfredo Sánchez Cámara, Miguel Enrique Cámara Cámara, Manuel Jesús Gil Santos (Director del Jurídico Municipal del Ayuntamiento de Kanasín en varias gestiones), Alberto García Cárdenas (exasesor jurídico de los comisarios de Kanasín Primitivo Chan, y Benito Canul) y Alejandro Hadad Pinelo.

Además, Jorge Armín Escalante y Zapata, Adán Enrique Avilés Sierra, Cristina Andrea Ocampo Espinosa, María Virginia Salas Salazar.

Luego, el 26 de diciembre del 2010 se llevó a cabo otra asamblea con la que se hizo el cambio de destino, asignación y reconocimiento de dominio pleno a los posesionarios, de un total de 737.86 hectáreas, la mayoría de las cuales se entregaron a un grupo encabezado por José Manuel Saiz Pineda, quien ya aparecía como «ejidatario».

Se crearon entonces 57 parcelas nuevas, de la 393 a la 449. En esta acta aparece la relación directa de las transacciones con la empresa Patrimonio Kanasín, de la cual es socio fundador Lorenzo de Jesús Medina González, ya que en el octavo punto del orden del día se propone a la asamblea el cambio de destino de una superficie de uso común a parcelas, de 628.25 hectáreas, las que cubren más de 7 mil lotes que se menciona «son irregulares y están ocupando tierras del ejido sin contribución alguna al mismo; sin embargo, el ejido carece de recursos económicos e infraestructura para actuar legalmente, ya sea para regularizar las detentaciones ilegales o para exigir la devolución de la misma».

También se menciona lo siguiente: «por lo que los ejidatarios espurios José Manuel Saiz Pineda, Juan José Saiz Zarza, Lorenzo de Jesús Medina González, Marvi Javier Carrillo Góngora, Antoni Israel de Guadalupe Osorio Loría y Francisco Humberto Cob Baeza, han propuesto pagar una contraprestación de 17 millones de pesos, más los gastos de mediación, asesoría y comercialización».

Se crearon pues nuevas parcelas y se asignan a los falsos ejidatarios antes mencionados, para que se encarguen «de regularizar mediante contratos de compra-venta la detentación irregular que hoy existe en tierra de uso común y en casos de negativa recuperar las tierras».

A este grupo se le asignan 37 parcelas, de la 393 a la 401, de la 410 a la 412, de la 416 a la 424, de la 427 a la 441. A otro grupo, que se dice son ya posesionarios, se les asigna las restantes 20 parcelas para un total de 105.5 hectáreas, que van de la 403 a la 409, de la 413 a la 415, la 425, 426 y de la 442 a la 449.

Este segundo grupo está conformado por Mario Eduardo Fajardo López, Manuel Jesús Sánchez Fuente, Eduardo Ancona Cámara, José Magdaleno Capetillo Caballero, Jorge Alberto Flores Flores, José Enrique Fernández Martín y Jorge Orlando de Jesús Castillo Trelles.

Patrimonio Kanasín

La mayor parte de las parcelas mencionadas y las que se crearán en una asamblea posterior, forman parte de las que se mencionan en el acta constitutiva de la empresa Patrimonio Kanasín, creada para comercializar las tierras y lavar el dinero robado por el Grupo Tabasco. Cabe destacar que Lorenzo de Jesús Medina González es socio fundador de esta empresa.

En el quinto punto del orden el día se señala que «la asamblea de socios otorga en este acto a los señores Francisco Humberto Cob Baeza y Carlos Roberto Gutiérrez Peraza, un poder para que de manera mancomunada celebren contratos de promesa de venta (y no contratos de venta) con terceras personas, ya sean físicas o morales, respecto a las siguientes parcelas: de la 393 a la 402, la 410, 411, 412, de la 416 a la 424, de la 427 a la 441, de la 450 a la 453 y de la 460 a la 465».

La mayoría de estas parcelas, que regularizaría la empresa Patrimonio Kanasín, corresponden a las que se crearon en la asamblea del 26 de diciembre del 2010 y a la asamblea del 11 de diciembre del 2011.

Hay pruebas contundentes documentadas por este medio, con ayuda de ejidatarios de Kanasín, que demuestran que el abogado Rafael Acosta Solís, quien aparece como «avecindado» de Tixpéual, es quien se encarga de la regularización de terrenos del ejido de Kanasín, que, entre otros, compró la empresa Patrimonio Kanasín a José Manuel Saiz Pineda.

El acta del 26 de diciembre del 2010 se registró ante el RAN por una sentencia del Tribunal Agrario (TUA 34-290/2012), promovido por el comisario Marcelino Uicab Uicab, quien por mera «coincidencia» señala como domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos el predio 246 de la calle 49 entre 30 y 32 de la colonia San Antonio Cucul.

Esta dirección corresponde a la oficina para Asuntos Jurídicos de la Península, donde despacha Rafael Acosta Solís todo lo relacionado con Patrimonio Kanasín, quien habría promovido el recurso para obligar a que se inscribiera el acta y los acuerdos tuvieran validez, y así cerrar otro círculo de corrupción.

En la asamblea ejidal del 11 de diciembre del 2011, el Grupo Tabasco se apropió de otras 350.46 hectáreas, de las cuales 136 quedan en manos de Lorenzo de Jesús Medina González, quien paga una contraprestación de 6 millones de pesos, y las restantes 214 quedan en manos del grupo encabezado por el «ejidatario» José Manuel Saiz Pineda, su padre Juan José Saiz Zarza, Lorenzo de Jesús Medina González, Marvi Javier Carrillo Góngora, Antonio Israel de Guadalupe Osorio Loría y Francisco Humberto Cob Baeza, quienes se menciona ya han pagado la contraprestación requerida en las asambleas de 26 de diciembre del 2010 y del 8 de enero de 2011. En total se crearon 51 parcelas, 9 de las cuales pertenecen a las 136 hectáreas y 42 más que pertenecen a las 214 hectáreas.

Estas parcelas van del número 450 al 500. En esta acta se hace mención a las asambleas del 1 de marzo de 2009 y del 26 de diciembre del 2010.

En el primer caso se menciona como antecedente la regularización de tierras y que 200 familias ya habían empezado sus trámites para obtener sus títulos de propiedad. Sólo el extesorero de Tabasco lavó 246 millones de pesos mediante la venta de 131 hectáreas, en connivencia con la empresa Patrimonio Kanasín, con la cual pactó una sociedad a diez años, pues ese es el lapso en el que se liquidaría el pago de las superficies afectas.

Un verdadero grupo criminal

Como olvidar el pasaje ocurrido en noviembre de 2007, publicado por múltiples medios nacionales, donde se da cuenta de la incautación de una avioneta que llevaba a bordo 8 millones de pesos en efectivo y que las autoridades confirmaron pertenecía al extitular de Finanzas en el sexenio de Andrés Granier Melo.

El 23 de noviembre de 2007, la aeronave Cessna 340 de seis plazas, con matrícula XBCSO (o XBC50), arribó al Aeropuerto de Mérida y elementos del Ejército se abocaron a su revisión, debido a que se había dado «el pitazo» que la avioneta estaba cargada de droga y dinero.

En la aeronave se hallaron 23 paquetes de billetes, que sumaban la cantidad de 8 millones de pesos.

Tanto el dinero, como la aeronave y los detenidos, identificados como Gerardo Beauregard y Héctor Partida, fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, iniciándose la averiguación previa AP/PGR- /YUC/MER-IV/319/2007.

Las investigaciones del caso arrojaron que el dinero sí pertenecía a Saiz Pineda y que fue enviado a su socio Martín Alberto Medina Sonda, autor intelectual actualidad del asesinato de su esposa Emma Gabriela, en Mérida, Yucatán. Éste realizaría la compra de las tierras.

Los dos detenidos eran empleados de Medina Sonda y fueron liberados posteriormente, pero de ahí se reveló que el mismo Saiz Pineda tuvo que pedir favores «arriba», en la cúpula del Gobierno Federal panista de Felipe Calderón Hinojosa.

Para esta calaña de gente operan Jorge Adrián Itzá Mex y Martín Javier Gómez Cauich, integrantes de la planilla de Edwin Bojórquez, quien hace campaña entregando despensas y comida a los kanasinenses sin decirles que la procedencia de tal son las tierras de los ejidatarios de ese mismo municipio.

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