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YUCATÁN: IVONNE; 360 MILLONES AL AIRE

*Ejidatarios de Kanasín aseguran que la ex gobernadora Ivonne Ortega es la principal agresora del ejido, del cual el grupo Tabasco-patrimonio Kanasín aún continúa lavando dinero del despojo de tierras ejidales, donde ella obtuvo sumas millonarias

Redacción/ Sol Yucatán

Kanasín, Yucatán.-La gente de Ivonne Ortega Pacheco piensa que los ciudadanos kanasinenses ya olvidaron el robo millonario al erario público cometido por la ex gobernadora y sus colaboradores. Una que resalta entre todos es Zazil Moguel Manzur, quien ocupó varios cargos en la condenable administración ivonista, además de haber sido su suplente cuando abandonó su cargo de diputada federal en el Congreso de la Unión.

Estas son algunas razones por las que los yucatecos no la quieren:

1.- La deuda que le dejó a Yucatán la ex gobernadora por la construcción y operación del Gran Museo del Mundo Maya resulto de 6,832 millones de pesos a una empresa de Carlos Hank Rhon, la que según el gobierno de Mauricio Vila Dosal redujo en mil 500 millones de pesos.

2.- El ex gobernador Víctor Cervera Pacheco y tío de la ahora dirigente del partido Movimiento Ciudadano, entregó el terreno en usufructo al Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur) que dirigía Jorge Esma Bazán, en la administración de Ortega Pacheco, por un plazo de 20 años.

Las irregularidades empezaron en el 2009, cuando Ivonne Ortega Pacheco tramitó un millonario crédito, de los que 110 millones entregó a Cultur para que esa dependencia adquiriera el terreno al Gran Museo de la Cultura Maya.

Como un justificante para la compra, el titular de Cultur, Ezma Bazán, declaró que el préstamo y la venta se realizaron debido a que el inversionista no quería que el terreno estuviera a nombre del gobierno del Estado.

3.- El hospital de Ticul que la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco dejó a medias. La obra quedó en litigio porque el exgobernador Rolando Zapata Bello decidió suspender los pagos a la constructora, dado que la edificación no cumplía con los lineamientos, y la empresa demandó al Ejecutivo estatal. La empresa reclamaba 500 millones de pesos, pese a que el costo es de máximo 190 millones. El gobierno federal ha permitido que la obra pueda continuar para beneficio de los yucatecos del sur del Estado.

4.- La compra de tierras ejidales en Ucú por parte del gobierno de Ivonne y del Instituto de la Vivienda de Yucatán (IVEY), cuando la Arq. Angélica Araujo Lara era la titular, no es más que un millonario negocio para enriquecer a algunos cuantos políticos y constructores y para financiar campañas políticas.

El tráfico de tierras ejidales —para financiar campañas del PRI— es una práctica que se ha utilizado desde la campaña de Enrique Peña Nieto —en el 2005— para el gobierno del Estado de México.

Este modelo para hacerse de recursos —»modelo Peña Nieto»— es desarrollado y ejecutado por el delegado del PRI en Yucatán, el diputado neolonés Felipe Enríquez Hernández. Él fue secretario particular de la licenciada María Teresa Herrara Tello, titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (2001-2003) y directora de FOMERREY (2003-2005), oficina del Gobierno de Nuevo León encargada de asignar terrenos a personas de escasos recursos y de regularizar tierras. En ambos puestos logró adquirir una gran experiencia en el manejo y legalización de tierras ejidales, cosa que le ha servido para su actual desempeño como artífice del «modelo Peña Nieto».

Durante la campaña de Ivonne Ortega para la gubernatura del Estado, el diputado neolonés fue instruido por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari y por Enrique Peña Nieto para que recaude —a como diera lugar— grandes cantidades de dinero para ganar el gobierno de estado de Yucatán.

Ello fue logrado con la ayuda del gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, quien instó a empresarios inmobiliarios de su estado para que aportaran fuertes cantidades de dinero. La recompensa para ellos vendría después.

La ex gobernadora y la entonces candidata del PRI a la alcaldía de Mérida, Angélica Araújo Lara fueron las encargadas de elaborar y ejecutar el Plan Maestro Ucú.

5.- El Gobierno del Estado de Yucatán (Ivonne Ortega Pacheco) contrató un préstamo de $360 millones con la institución bancaria Banorte, previa autorización del Congreso del Estado de Yucatán, aprovechando la mayoría priísta.

Esos $360 millones fueron ejercidos en parte para pagar a los ejidatarios sin que haya un título de propiedad. Ello se traduce en que el dinero está «al aire»: no se sabe si algún día se emita el título de propiedad o no.

El Gobierno del Estado está (Ivonne Ortega Pacheco) tratando de adquirir tierras ejidales catalogadas como bosques y selvas, que por ley no pueden ser parceladas. De serlo se estaría violando la Ley Agraria. Es por eso que el Registro Agrario Nacional (RAN) no puede dar el «título de propiedad» y por ende son tierras que no están sujetas a su venta. El Artículo 59 de la Ley Agraria dice: «Será nula de pleno derecho la asignación de parcelas en bosques o selvas tropicales».

6.- El negocio multimillonario que representaría para los políticos e inmobiliarios involucrados en el Plan Maestro Ucú. Se compraron las tierras pagando a $120,000 la hectárea a los ejidatarios; el Gobierno del Estado, una vez que haya introducido infraestructura urbana, las podría vender al grupo de inmobiliarios «consentidos» en $1,200,000 por hectárea. Claro está que oficialmente serían pagadas a un precio muy inferior. Estaríamos hablando de un negocio de $3,600,000,000 (tres mil seiscientos millones de pesos). La mayor parte de este millonario negocio se movería por «debajo del agua» y gran parte sería para ser utilizado en campañas políticas del PRI, el llamado «Modelo Peña Nieto» de las campañas.

7.- La posibilidad de que el RAN no pueda dar los títulos de propiedad es una realidad. De dar los títulos se estaría violando el Artículo 59 de la Ley Agraria. Ello implicaría que los ejidatarios se quedarían con el dinero ya recibido y con las tierras. Los ejidatarios serían los grandes ganadores de la torpeza con que el Gobierno del Estado y el IVEY, comandado en esos años por Angélica Araujo, realizaron la operación.

Son tres los responsables del diseño, elaboración y ejecución del proyecto «Plan Maestro Ucú»: Felipe Enríquez Hernández, Ivonne Ortega Pacheco y Angélica Araujo Lara.

El diseño se le atribuye al diputado neolonés Felipe Enríquez Hernández. Con la experiencia adquirida a su paso por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y por FOMERREY y con los contactos políticos que aún mantiene con funcionarios del Registro Agrario Nacional (RAN) y de la SRA, ha logrado desarrollar un multimillonario negocio inmobiliario, comprando a precios muy bajos tierras ejidales y vendiendo a precios muy altos. Se ha asociado con políticos de diferentes estados para realizar operaciones similares a la que hoy se intenta ejecutar en Ucú.

La elaboración y ejecución del proyecto son responsabilidad de la ex gobernadora Ivonne Ortega y de la ex presidenta municipal de Mérida, Angélica Araujo Lara.

El 2 de abril de 2008, la gobernadora del Estado, mediante un oficio solicitó al Congreso del Estado se le autorice realizar un préstamo bancario por $360 millones para la compra de tierras de origen ejidal en Ucú. La mayoría priista del Congreso autorizó al Poder Ejecutivo contratar dicha deuda. Fue Banorte quien otorgó el crédito y el empréstito sería para pagar como máximo en 60 meses. A la fecha no se sabe cuánto de ese dinero recibieron los ejidatarios. Según ellos, les faltó un pago pendiente por realizarles.

El 30 de septiembre de 2009 ya se había dispuesto del empréstito la cantidad de $343, 375,000.00, según un documento que la Secretaría de Hacienda envió al Congreso del Estado y firmado por Juan Ricalde Ramírez.

La ex alcaldesa de Mérida fue la encargada de realizar los trámites y de poner en marcha el proyecto. En ella recayó realizar los estudios de Manifestación de Impacto Ambiental, el Estudio Técnico justificativo para el cambio de uso de suelo forestal y la prospección de vestigios arqueológicos. Ninguno de ellos se encuentra concluido según un informe del IVEY.

Otra de las funciones encomendadas a la Arq. Angélica Araujo fue la venta a futuro de los terrenos a los empresarios de la construcción. Con ello se recaudaría dinero como anticipo a ventas futuras que serviría para las campañas pasadas a diputaciones federales y para las de Ivonne Ortega y Angélica Araujo. Esos anticipos no oficiales les garantizarían a los empresarios inmobiliarios participar a futuro en el «gran negocio de Ucú».

Con el retraso en la conclusión de la parcelación y la titulación de los terrenos de Ucú, esto creó un ambiente de desesperación y desconfianza entre los empresarios inmobiliarios que realizaron «anticipos». Ello llevó a que el dinero —por ese lado— no fluya según lo planeado para la campaña.

De allá surge la teoría de que, de manera emergente, se obtuvieran recursos por otra vía. Esa vía —fast track (vía rápida) — fue la compra de los terrenos de la zona arqueológica de Chichén Itzá, para lo cual se contrató un crédito por $230 millones de pesos, del cual una parte fue para pagar a Hans Juergen Thies Barbachano, propietario de los terrenos y la otra, se especula, sirvió para la campaña de Angélica Araujo a la alcaldía de Mérida.

La posibilidad de que los ejidatarios volvieran a poseer sus tierras hubiera sido posible si la ley se aplicara correctamente. Esto es debido a que muy probablemente el RAN no debió realizar la parcelación y por lo tanto no se puedan realizar los títulos de propiedad de las tierras.

Según el Artículo 59 de la Ley Agraria las tierras con vocación de bosques y selvas no serán sujetas a parcelación y, por lo tanto, esas tierras serán inalienables.

En ese entonces eran 11 los ejidatarios a los que se les pretendió parcelar 3,012 hectáreas de los terrenos de Ucú. Después de varios años de trámites no se pudo: las tierras siguen siendo de uso común y en posesión de los ejidatarios.

El multimillonario negocio del Plan Maestro Ucú, diseñado por el diputado Felipe Enríquez Hernández —compadre de Ivonne Ortega— para financiar la campaña de la Arq. Angélica Araujo a la alcaldía de Mérida y para otras campañas, representa un negocio de varios miles de millones de pesos.

Para empezar, las tierras se pretendían comprar con un crédito de $350 millones adquirido de una institución bancaria, pero cuyos pagos de intereses y capital saldrán del erario público. El dinero según se repartió entre 171 ejidatarios y 180 posesionarios, dándoles a los primeros 100% y a los segundos únicamente 80%, esto es, recibió cada quien entre $800,000 y $1, 200,000.

Una vez que el Gobierno del Estado tuviera la posesión legal de los terrenos, se invertiría en infraestructura urbana con recursos del Estado de aproximadamente $1,000 millones. Ello daría plusvalía y se elevaría el precio por hectárea aproximadamente 10 veces, es decir, tendrían un valor «extraoficial» para vender a los constructores de $1,200,000.00 por hectárea, haciendo un total de $3,600,000,000 (tres mil seiscientos millones de pesos). Pero, claro está, de manera oficial se vendería a un precio mucho menor para poder sacar millonarias ganancias para políticos involucrados en el asunto y para las campañas del PRI.

Al final, estimando que el proyecto contemplaba la construcción de 56,000 viviendas, se estaría hablando de $11,200,000,000 (once mil doscientos millones de pesos), más lo que dejen los otros rubros como la venta de locales comerciales y para industrias de bajo impacto.

Según ejidatarios de Kanasín aseguran que la ex gobernadora Ivonne Ortega es la principal agresora del ejido, del cual el grupo Tabasco-patrimonio Kanasín aún continúa lavando dinero del despojo de tierras ejidales, donde ella obtuvo sumas millonarias.

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