Portada Yucatán

YUCATÁN: MAESTRA DE LA CORRUPCIÓN

*La titular de la Secretaría de Administración y FinanzasOlga Rosas Moya, desde la segunda semana de gestión firmó 30 contratos para beneficiar a militantes del PAN, gastando hasta el momento poco más de 10 millones de pesos

*Todos los convenios fueron por adjudicación directa, con un selecto grupo de asesores y consultores. Entre los más descarados actos de corrupción está el registrado con el exalcalde panista, Xavier Abreu Sierra

Redacción/Sol Yucatán

Mérida. – La titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), Olga Rosas Moya, se convierte en la maestra de la corrupción de la actual administración estatal, pues a partir de la segunda semana de gestión firmó 30 contratos para beneficiar a militantes del Partido Acción Nacional (PAN), gastando hasta el momento poco más de 10 millones de pesos.

Apenas habían transcurrido los primeros 10 días al frente de la dependencia cuando abrió la cartera de la SAF para que decenas de asesores particulares, entre ellos servidores públicos e integrantes de otros partidos políticos, ofrecieran sus servicios a costa del dinero obtenido de los impuestos.

Incluso, los caprichos de la funcionaria le han costado caro a los yucatecos, pues al pretender ampliar las oficinas derribó las paredes de la expenitenciaría Juárez, por lo que la obra fue clausurada y obligada a pagar la reparación de lo dañado, así como una multa, por un monto superior a los 700 mil pesos, dinero que salió de los impuestos de los yucatecos.

Rosas Moya firmó 30 contratos, todos por adjudicación directa, con un selecto grupo de asesores y consultores, quienes se embolsaron 10 millones 54 mil 740.7 pesos en los poco más de dos años de gestión de la actual administración.

Entre los más descarados actos de corrupción está el registrado con el exalcalde panista Xavier Antonio Abreu Sierra.

El 27 de noviembre de 2018, poco antes de cumplir dos meses en el cargo, Rosas Moya firmó un contrato con Abreu Sierra por 106 mil pesos, en recompensa por participar en actividades proselitistas en favor del PAN.

Cabe recordar que el 9 de marzo de 2020, Abreu Sierra fue separado de su cargo como delegado de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y, como parte de la estrategia del PAN, se incorporó al equipo de trabajo del «superdelegado» Joaquín Díaz Mena, pero fue expulsado por los propios empleados de la dependencia federal.

Ante un evidente conflicto de intereses, Abreu Sierra cobró dicho salario para generar propuestas y recomendaciones en los procesos de planeación, asesoría en la implementación de políticas públicas.

Servicios de consultoría

Antes de concluir 2018, la SAF consideró que era necesario sumar otros servicios privados de consultoría. Aunque el contrato 001260-55-2018-OS se firmó hasta el 6 de diciembre, la razón social cobró por la consultoría administrativa en general, que comprendió las áreas de financiera, organizacional y recursos humanos.

Específicamente, la labor fue la revisión de cuentas por pagar de la dirección de egresos durante octubre y noviembre de 2018.

Ese mismo día, bajo la justificación de que aún estaban en las primeras semanas de la nueva administración, al Corporativo Administrativo y Operativo del Sur (CAOS), Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, se le asignó 211 mil 125 pesos del presupuesto, que se ocuparon para la asesoría durante el proceso de entrega recepción a la SAF.

CAOS es una empresa que ha crecido y desarrollado en el mercando prestando servicios a personas físicas o morales sobre toda clase de consultorías y asesorías, así como realizar estudios en materia económica, administrativa, financiera, técnica, industrial, contable y legal. Servicios profesionales en las áreas de derecho fiscal, mercantil, laboral, civil, penal, corporativo, migratorio, seguridad social, mediante defensas directas ante todo tipo de autoridades. Servicios de capacitación de personal, realización de actos jurídicos y contratos que se requieran para dicho fin.

De acuerdo con efirma.com, CAOS «no se encuentra afiliada, asociada, ni actúa en representación de la organización listada en este directorio. La información contenida en este directorio proviene de fuentes de acceso público y de datos que comparten de manera voluntaria las organizaciones listadas».

Posteriormente, el 1 de enero de 2019, la dependencia contrató a la empresa Estratégica Corporativa en Finanzas, Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI) de CV, para brindar los servicios de asesoría y consultoría.

De manera revuelta, se detalló que los servicios eran respecto a la «transformación y percepción de la administración pública, específicamente desde la perspectiva local-estatal, aunado a la formulación de estudios de investigación social aplicado en general, espacialmente en lo que respecta a esquemas de reforma y reorganización de los procesos administrativos del sector público».

Para dicho servicio, la empresa, con dirección en Bosques Ciruelos número 278, de la exclusiva colonia Bosques de las Lomas, Ciudad de México, cobró 690 mil pesos.

Tal empresa está enfocada a realizar inversiones y proyectos financieros, incluyendo el financiamiento de varios parques de energía solar en el Estado.

Larga lista

El mismo día, Cervera Soto y Asoc. SCP, afianzó un contrato de 974 mil 400 pesos para la asesoría asociada al análisis de los controles internos para detectar las deficiencias y elaborar nuevos mecanismos de control o perfeccionar los que actualmente se tienen, asesoramientos en temas contables legales, administrativos para lograr la eficiencia en el manejo de los recursos y de las operaciones internas de la secretaría.

El 2 de marzo 2019, Asesoría Integral HC del Sureste SCP vendió los servicios referentes a la supervisión y manejo adecuado de fondos fijos de la Subsecretaria de Administración y Recursos Humanos de la SAF del Gobierno de Yucatán, en 542 mil 880 pesos.

Ambos contratos no fueron asignados con número de contrato, pero todos salieron firmados por Rubén de Jesús Arjona Ortiz, Director General de administración de la SAF.

Cabe destacar que efirma.com desconoce toda acción de tal iniciativa privada, pues no tiene vínculos con los asociados.

Las recompensas

El 15 de febrero de 2019, Erick Noé Zapata Ceballos fue beneficiado con un contrato por aconsejar a los funcionarios de la SAF, por lo que durante 11 meses cobró 15 mil pesos mensuales por la asesoría legal para la resolución de asuntos que tienen que ver con la aplicación de las leyes, normativas y reglamentos en cualquier materia de derecho, elaboración de informes, contratos, convenios u otros documentos legales.

Zapata Ceballos, en 2015, impugnó la elección en Progreso, pues acusó a su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), de sacarlo de manera tramposa de la jornada electoral.

El 31 de marzo de 2020, cuando la contingencia de Covid-19 estaba en su punto máximo, se alertó a los gobiernos que no excedieran gastos, con el objetivo de ahorrar recursos para enfrentar la pandemia, sin embargo, Rosas Moya derrochó casi medio millón más.

Sin asignar un número al contrato, la SAF enunció que Aregional SA de CV daría asesoría para desarrollar información integral para el fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas, en materia fiscal bajo seis perspectivas generales: regulatoria, costos operativos, programático, presupuestal, ejercicio del gasto, evaluación de resultado, estadísticas fiscales, por un costo de 406 mil pesos.

En los otros 22 documentos, la dependencia firmó los contratos bajo el mismo objetivo, asesorías y consultorías, con costos duplicados y cifras que rondan los 22 mil hasta el millón de pesos.

Agresor del patrimonio

A partir de 2019, Yucatán se convirtió en el principal agresor del patrimonio del Centro Histórico de Mérida así como violador del «decreto por el que se declara una Zona de Monumentos Históricos en la Ciudad de Mérida», así como de la Ley Federal sobre Monumentos Históricos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos.

Primeramente, el 11 de septiembre de 2019, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Yucatán suspendió las obras de demolición de los muros correspondientes a las celdas de la expenitenciaría Juárez, con las cuales se pretendían ampliar las oficinas de la SAF del Gobierno del Estado.

Debido al daño que el Gobierno del Estado causó con la ilegal obra, el Ejecutivo Local pagó poco más de 500 mil pesos para la reconstrucción de los muros derribados de este histórico inmueble.

El Gobierno Estatal pretendió ampliar, sin licencia alguna, las oficinas de la SAF, por lo que el INAH le impuso una multa de dos mil salarios mínimos, es decir, el monto es de 205 mil 360 pesos. Al mismo tiempo, sufragó cerca de 300 mil pesos para restaurar los dos muros derribados en la ilícita obra.

La demolición de los muros originales de la expenitenciaría Juárez causó una afectación al patrimonio cultural, que es sancionable como delito, tipificado penalmente en el artículo 52 de la Ley Federal sobre Monumentos Históricos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos.

El Gobierno del Estado pretendió derribar totalmente los muros con tal de poner puertas, labor que en ningún momento fue puesto a consulta de las autoridades federales.

Artículos Relacionados

YUCATÁN: ENCUESTA PAGADA

Morocha

YUCATÁN: DESPOJADOS CON FALSIFICACIÓN DE FIRMAS

Morocha

YUCATÁN: CON NARCOMANTA EN QUINTANA ROO AMENAZAN DE MUERTE A CANDIDATA DE KANASÍN

Erik Luna Arguelles

Deja un Comentario